La consigna suena bien. El problema es que no resiste el contraste con los hechos. Derrame de hidrocarburos, violencia creciente -durante la Semana Santa se registró un total de 28 homicidios dolosos-, y escándalos políticos, en efecto, han puesto a Veracruz en boca de todos.

La distancia entre el discurso oficial y la realidad se ha vuelto insostenible. Mientras el gobierno estatal insiste en repetir la frase “Veracruz está de moda”, la actividad turística —una de las principales fuentes de empleo y desarrollo regional— atraviesa una etapa de abandono, improvisación y pérdida de competitividad.

Dos años después, no han entendido que el turismo no se construye con frases, sino con estrategia. Requiere planeación, promoción, inversión y continuidad institucional. Hoy, en Veracruz, nada de eso parece estar presente.

Durante el gobierno de Rocío Nahle, el sector turístico ha quedado relegado frente a otras prioridades políticas. No hay una visión clara de posicionamiento, ni una narrativa consistente que permita competir con otros destinos del país que sí han apostado por campañas agresivas de promoción.

“Veracruz está de moda” ha terminado siendo eso: un intento de sustituir la política pública con propaganda.

Uno de los síntomas más claros del abandono es la reducción presupuestal. En lugar de fortalecer la promoción turística, los recursos han disminuido, limitando la capacidad del estado para atraer visitantes nacionales e internacionales.

A esto se suma un problema de fondo: la inestabilidad en la propia Secretaría de Turismo. ¿Cómo planear si los titulares tienen siempre un pie en la puerta de salida? Cuando las instituciones cambian de titular con frecuencia, lo que se pierde no es solo continuidad, sino conocimiento, experiencia y capacidad de ejecución.

La salida de Ígor Rojí es cuestión de días, tras semanas de regaños, maltrato y un golpeteo mediático a causa de sus ausencias en plena temporada vacacional. Llegaría el tercer secretario en menos de año y medio.

El resultado es un gobierno que no entiende el mercado turístico ni sus dinámicas: no hay segmentación, no hay estrategias digitales robustas, no hay alianzas efectivas con operadores o aerolíneas. Sólo hay grilla interna.

Veracruz ha reducido su presencia en ferias, campañas publicitarias y plataformas internacionales. La falta de inversión en promoción ha provocado que destinos con igual o menor potencial natural y cultural logren mayor visibilidad.

Esto no solo afecta la llegada de turistas, sino toda la cadena económica: hoteles, restaurantes, transportistas, guías y pequeños negocios que dependen directamente de la derrama turística. El turismo no sólo es gente en las playas…

El costo del desinterés ha sido alto. El abandono del turismo no es un problema menor. Veracruz ya sufre las consecuencias: pérdida de empleos en zonas altamente dependientes del sector, caída en la derrama económica local, deterioro de infraestructura turística sin mantenimientoy el desplazamiento de Veracruz frente a otros destinos nacionales

“Veracruz está de moda”. La frase, lejos de fortalecer la imagen del estado, termina evidenciando la desconexión entre la narrativa oficial y la realidad que viven quienes dependen del turismo.

La moda no se decreta. Se construye. El turismo en Veracruz no necesita slogans, necesita gobierno. Pero no hay…

¿El gobierno se va a chingar las Afores o nos asustan con el petate del muerto?

Pueden suceder las dos cosas. El riesgo principal no es que se invierta en infraestructura —algo que ya ocurre—, sino que se haga sin garantías, sin consentimiento claro de los ahorradores y en proyectos cuya rentabilidad no está plenamente demostrada.

En ese escenario, el costo no lo pagará el gobierno ni los promotores de las obras, sino millones de trabajadores que podrían ver comprometido el patrimonio que construyeron durante toda su vida laboral.

En México, el debate sobre el uso de los recursos de las Afores ha cobrado una nueva intensidad tras la aprobación de la llamada Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, que permite que el gobierno le meta la mano al 30% del cajón de las Afores para financiar obras públicas.

Aunque el discurso oficial sostiene que se trata de un mecanismo para impulsar el desarrollo, la preocupación central radica en una pregunta de fondo: ¿qué sucede cuando el Estado utiliza el dinero del retiro de millones de trabajadores para financiar proyectos cuya viabilidad es altamente cuestionada?

La Suprema Corte no sólo ha dado un cheque en blanco al gobierno, sino que también podría haber abierto la puerta a la discrecionalidad y la corrupción que acompaña a las obras insignia del gobierno morenista.

Si bien en teoría estas inversiones deben cumplir criterios de rentabilidad y riesgo, en la práctica se abre un amplio margen para decisiones políticas. Por supuesto que estos mecanismos podrían permitir el uso discrecional de recursos privados sin que el Estado asuma plenamente las pérdidas en caso de fracaso.

El problema no es menor: se trata del ahorro de toda una vida laboral, cuya finalidad es garantizar una pensión digna, no financiar apuestas gubernamentales. Y esconde tras de sí uno peor: el gobierno ya no tiene dinero para seguir construyendo más carreteras, hospitales, escuelas, aeropuertos, ferrocarriles, etcétera.

El riesgo central son los proyectos no rentables. Y esto debería apanicar a cualquiera. La posibilidad de que estos recursos se canalicen hacia obras cuya rentabilidad ha sido ampliamente cuestionada, como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o la refinería de Dos Bocas es casi una certeza.

Especialistas advierten que, en estos casos, los rendimientos podrían ser bajos o incluso inexistentes, trasladando el costo directamente a los ahorradores. Esto implica un cambio estructural en la lógica del sistema de pensiones: el riesgo deja de ser del Estado o del inversionista institucional y recae en el trabajador.

El diseño de estos esquemas financieros plantea un problema crítico: el gobierno impulsa los proyectos, pero no necesariamente garantiza su éxito... ni se hace responsable de su fracaso.

Si una obra resulta inviable o genera pérdidas, el impacto no se absorbe en el presupuesto público, sino en los rendimientos de las Afores. En otras palabras, se socializan las pérdidas entre los trabajadores, sin responsabilidad para el gobierno.

Otro de los riesgos más delicados es la ausencia de consentimiento directo por parte de los ahorradores. A nadie le han pedido opinión si pueden usar su dinero para eso.

Aunque las Afores operan bajo regulación financiera, los trabajadores no eligen de manera individual en qué proyectos específicos se invierte su dinero. La experiencia reciente en megaproyectos ha estado marcada por cuestionamientos en materia de transparencia, sobrecostos y decisiones políticas por encima de criterios técnicos.

El dilema no es ideológico, sino técnico y ético: ¿debe el ahorro privado de los trabajadores convertirse en un instrumento para financiar proyectos públicos, especialmente cuando su viabilidad es incierta?

Parece que sí nos volverán a saquear…

Otra vez Dos Bocas: el fantasma que persigue a Rocío Nahle.

Durante la tarde del jueves pasado se registró un nuevo incendio en un almacén dentro de la refinería de Dos Bocas. Según la versión oficial, el siniestro quedó confinado “exclusivamente en un área de almacenamiento de coque”, el cual es un subproducto del petróleo, usado para la generación de energía y la producción de cemento.

Días antes de este incidente, una columna de humo en el complejo alertó a los habitantes de la comunidad de Dos Bocas, quienes mediante redes sociales reportaron olores fétidos y un ruido intenso.

Lo que sucede en Dos Bocas, supuestamente la instalación más moderna de Pemex, es el cáncer de toda su infraestructura: la empresa recibe cada vez más presupuesto pero el gasto en mantenimiento es cada vez menor.

Dice la 4T que sacó de la crisis a Pemex. Sin embargo, los datos duros señalan otra cosa. Está comprometida seriamente la viabilidad financiera y operativa de la petrolera, a tal grado que, si no se da un viraje de 180 grados a la estrategia de rescate, estaríamos ante el inminente colapso.

Según estimaciones de Hacienda de abril 2026, el apoyo directo a Pemex para 2026 se estima en 177.1 mil millones de pesos, lo que sumaría más de 573 mil millones de pesos en tan sólo dos años.

Detrás de ese aumento se esconde una contradicción preocupante: mientras se destinan miles de millones de pesos a grandes proyectos y operación, el gasto en mantenimiento ha sido reducido o relegado, generando un entorno cada vez más peligroso para trabajadores, comunidades y el medio ambiente.

En contraparte, hay un recorte de 47% en el presupuesto destinado al mantenimiento de las instalaciones industriales y, en paralelo, un incremento de 117% en las condiciones de riesgo.

La lógica invertida: invertir sin cuidar. Se privilegia la expansión, la construcción de nuevas obras y el cumplimiento de metas políticas, mientras se descuida la integridad de instalaciones ya existentes.

Y para la desgracia de la 4T, la presidenta y la gobernadora de Veracruz, el principal dolor de cabeza sigue siendo Dos Bocas.

La refinería Olmeca ha sido descrita por sectores críticos como un proyecto con fallas de planeación y una operación apresurada, lo que ha resultado en un «dolor de cabeza» logístico y de seguridad para la región, con accidentes frecuentes que han incluido la pérdida de vidas humanas.

Uno de los eventos más graves ocurrió en marzo pasado, cuando una explosión en el área de la coquizadora provocó la muerte de cinco trabajadores. Se reportó que el incidente fue causado por un cortocircuito en un vehículo que transportaba personal, lo cual detonó combustible previamente derramado en el área.

Tras el accidente fatal de marzo, se registró un nuevo incendio el jueves pasado, lo que suma un historial preocupante de al menos tres incidentes graves en menos de un mes, sumándose a fugas de hidrocarburos que han afectado el Río Seco, provocando la pérdida de actividades económicas locales, como la pesca, para los habitantes de Paraíso.

Aumentar el presupuesto sin garantizar el mantenimiento adecuado no fortalece a la empresa, la debilita. Destinar más presupuesto mientras se descuida lo esencial revela una política energética más enfocada en la imagen que en la sostenibilidad operativa.

La pregunta ya no es si habrá más accidentes, sino cuándo y con qué consecuencias.

Para desgracia de la gobernadora de Veracruz, Dos Bocas sigue siendo el fantasma que la persigue.

Cuando Morena se indignaba por el precio  de la gasolina a $20 y ofrecía venderla a $12.

En México, el precio de la gasolina ha dejado de ser únicamente un indicador económico para convertirse en un termómetro político. Es la calificación de un gobierno.

Durante años, el discurso morenista prometió soberanía energética, autosuficiencia y reducción de precios. Sin embargo, la realidad que enfrentan millones de mexicanos al cargar combustible es otra: precios que rondan o superan los 30 pesos por litro en diversas regiones del país. La contradicción no podría ser más evidente.

La ironía del discurso. Hace algunos años, el entonces dirigente de Morena y actual secretario de Educación, Mario Delgado, cuestionaba el modelo energético anterior con una frase que se volvió emblemática: “¿de qué nos sirve la reforma energética? ¿de qué nos sirve tener gasolineras extranjeras si la gasolina está a 20 pesos?”

Hoy, la pregunta inevitable es otra —y más incómoda—: ¿de qué nos sirve haber construido una refinería y comprar otra en Estados Unidos si la gasolina está a 30 pesos?

La ironía no es menor. El argumento que antes criticaba la apertura del mercado ahora se estrella contra los resultados de una política que apostó por el control estatal y la expansión de la capacidad de refinación.

La famosa autosuficiencia resultó ser un espejismo. Uno de los pilares de la política energética reciente fue alcanzar la autosuficiencia en combustibles. Para ello se impulsaron proyectos como la refinería Olmeca en Dos Bocas y la compra de la refinería Deer Park en Texas, que ya acumula dos años con pérdidas por más de 200 millones de dólares.

Como cualquier fraude, la narrativa era harto seductora: producir más gasolina en casa significaría precios más bajos.

Pero el precio de la gasolina no depende únicamente de una decisión política o de dónde se refina, sino de factores como el costo internacional del petróleo, la logística, los impuestos y el tipo de cambio.

Lo que antes ocultaron deliberadamente, hoy es su argumento de defensa. México sigue atado al mercado global, por ello, cuando sube el crudo, sube la gasolina. Los beneficios de un petróleo sobrevaluado son para el gobierno y el costo de una gasolina cara es para los consumidores.

Además, México aún no produce toda la gasolina que consume. Un peso débil encarece las importaciones de combustibles y componentes; el IEPS –factor clave en el precio final– es imprescindible para mantener el fondeo de los programas sociales; y a pesar de las inversiones,

A esto se suma un problema estructural: la refinería de Dos Bocas ha enfrentado retrasos, sobrecostos y dudas sobre su capacidad real de producción. Mientras tanto, Deer Park opera bajo condiciones de mercado internacional, no bajo decretos políticos.

Lo que antes era un eslogan eficaz hoy se convierte en un espejo incómodo. Criticar precios altos en el pasado fue sencillo; enfrentarlos desde el poder ha resultado mucho más complejo.

La pregunta final no es solo retórica. Si el objetivo era bajar el precio de la gasolina, los resultados no respaldan la estrategia. Se invirtieron miles de millones de dólares en infraestructura energética bajo la premisa de que ello beneficiaría directamente al consumidor. Sin embargo, el bolsillo de los mexicanos cuenta una historia distinta.

La ironía planteada por las propias palabras del morenismoresume el momento actual: se pasó de cuestionar un modelo por caro, a construir otro que no ha logrado abaratar el producto.

Hoy, con precios que alcanzan los 30 pesos por litro, la pregunta ya no es ideológica, sino práctica: ¿qué política energética puede realmente garantizar precios accesibles?

¡¡ Ya me acordé…!! Compren Magna.

La ratonera

La Marina ya aclaró que las bolsas abandonadas en playas del municipio de Pajapan contienen sargazo y no chapopote, como se dijo en un principio. Incluso, fueron recolectadas por pobladores. Ya sólo falta que descubran el origen del derrame… ¿o de plano nunca lo sabremos?