El espectáculo fue lamentable. Una horda de sicarios legislativos apoderados de la tribuna del Congreso para impedir un debate que expondría la realidad y las consecuencias de la situación que se vive en Veracruz a causa del derrame de hidrocarburos que no se ha podido controlar. Vaya, ni siquiera han logrado determinar su origen.

Miserable la actitud de los diputados del Partido Verde, empezando por un Marcelo Ruiz más urgido en salir en la fotografía que en demandar acciones concretas para el rescate del ecosistema costero. Ellos debieron ser los primeros críticos del desastre, pero eso poco les importa.

Lamentable también el discurso del coordinador morenista, Esteban Bautista, acusando disputas políticas cuando cientos de pescadores hace semanas que no trabajan y el combustible sigue llegando a las playas veracruzanas. Cuando miles de prestadores de servicios perdieron tal vez la semana de mayor actividad turística a causa de la incertidumbre provocada por la mentira y la simulación.

Pero más lamentable aun fue la censura al reventar el quórum de la sesión al término de su mensaje. Su salida del Congreso no sólo es un acto de soberbia, de temor a la crítica y al debate, sino también de sumisión y obediencia a un gobierno autoritario.

Así como Esteban Bautista tiene el derecho a expresar libremente la posición de su partido en defensa del gobierno, así lo tienen el resto de los diputados de oposición que cumplen con su trabajo de debatir en tribuna los problemas de Veracruz. Esa es exactamente la función de un Congreso.

El derrame de hidrocarburos encueró a muchos: a un gobierno estatal mentiroso y omiso en la atención de un problema que conocían hace dos meses; a un Congreso de mayoría morenista mezquino y arrodillado ante la Gobernadora; y a un Partido Verde que no existe, que sólo lucha por prebendas y que el cuidado del medio ambiente no es más que una máscara.

Según el parte oficial, Esteban Bautista “reafirmó su compromiso con la transparencia absoluta y la celeridad en la entrega de apoyos, al tiempo en que rechazó el uso faccioso del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.”

Si ofrecen transparencia, ¿porqué censurar a la oposición? ¿desde cuando el debate en tribuna de trata del uso facciosode los problemas del estado? ¿acaso no ese fue el legítimo papel que ellos jugaron como opositores durante los gobiernos de Fidel, Duarte o Miguel Ángel Yunes? ¿Y dónde está la entrega de los apoyos? ¿A cuáles se refiere, a los del gobierno federal?, porque en Veracruz sólo hemos visto paseos de la gobernadora por playas que se limpiaron sólo para la foto.

Dijo también que exigirán que las investigaciones solicitadas a la fiscalía general de la República (FGR) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lleguen hasta las últimas consecuencias. ¡Vaya delirio! Los morenistas en el Congreso no tienen la más peregrina de cómo presentar una denuncia de esta naturaleza.

Destacó “la celeridad en la atención por parte de la gobernadora Rocío Nahle García después de que se presentaron los primeros indicios de hidrocarburos y coordinación estratégica”. Pero ¿de qué habla?

Resulta que la mandataria primero negó el derrame, luego aseguró que sólo se trataba de unas gotas -las cuales ya alcanzaron más de 900 kilómetros de litoral-, y luego que el origen era un barco fantasma del que nunca se supo su origen ni su responsabilidad, exculpando a toda costa a Pemex del desastre. Días después, la propia presidentaSheinbaum reconoció que el derrame podría tener su origen en Cantarell.

Al referir la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto a que el origen y las causas del derrame se encuentran bajo investigación, el diputado afirmó que ningún veracruzano y ninguna autoridad estatal es culpable o tiene responsabilidad en este derrame.

Y entonces. Si el derrame se encuentra bajo investigación, ¿cómo puede afirmar que “ningún veracruzano y ninguna autoridad estatal es culpable o tiene responsabilidad”?

Señaló finalmente la actuación negligente de quienes “mienten a sabiendas de que la realidad no los respalda” y no les preocupa el medio ambiente, la fauna marina, el sustento de los pescadores, ni mucho menos la industria petrolera.

¿A quien se refiere? ¿Al gobierno del estado? ¿A sus aliados del Partido Verde? ¿Es una confesión involuntaria?, porque todos encajan perfecto en la descripción…

Que investiguen a los desaparecidos del pasado, no a los míos: Sheinbaum.

En una decisión sin precedentes, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) decidió solicitar a la Asamblea General de la ONU que examine la situación en México, al concluir que —por la información que ha recibido— tiene “indicios fundados de que en el paísse han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”.

Es la primera vez en mucho tiempo que la ONU ejerce esta acción, ante una crisis que suma ya más de 130 mil víctimas.

En respuesta, el gobierno de Sheinbaum rechazó el informe por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025.

El gobierno morenista debería estar agradecido que la ONU no entró al detalle de lo que ha ocurrido en los últimos ocho años y sólo ofreció su apoyo.

El total histórico del país ya supera las 130 mil personas desaparecidas; de todas ellas, entre 65 y 75 mil -con base a registros oficiales y análisis independientes- corresponden solo a los gobiernos de Morena, en buena medida resultado de la criminal estrategia de abrazos y no balazos impuesta por López Obrador como una concesión al crimen organizado.

En el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, el promedio ya alcanzó 40 desapariciones diarias, la mayor cifra en la historia. Eso sin contar que todos los días, los colectivos de búsqueda -casi nunca las autoridades- encuentran fosas clandestinas con restos humanos que ya suman más de 72 mil sin ser identificados.

En realidad, el informe de la ONU no acusa a México de tener una política sistemática de desaparición, pero sí plantea algo igual de grave: existe un patrón persistente de desapariciones con impunidad estructural y responsabilidad estatal por acción u omisión.

El punto más crítico no es cuántos desaparecidos hay, sino que siguen aumentando, los casos no se resuelven y el Estado no logra —o no quiere— romper ese ciclo. Esa es la razón por la que la ONU ha ofrecido su ayuda al gobierno y a las víctimas.

Pero Morena es un gobierno y un movimiento sin memoria.

Durante décadas, en al menos en 18 ocasiones, doña Rosario Ibarra fue recibida por organismos internacionales como la ONU, la CIDH y Amnistía Internacional, donde pidió ayuda para la liberación de los detenidos-desaparecidos de la “guerra sucia”.

Medio siglo después de iniciada su lucha, su hija Rosario Piedra, al frente de la CNDH, acusa de “intervencionismo” al comité de la ONU que revisa las más de 133,000 desapariciones de personas en México, convirtiendo a la CNDH en defensora oficiosa del Gobierno mexicano.

“Nos preocupa que se pretenda imponer la idea de que la respuesta a los problemas en México sea la intervención de organismos extranjeros”. Seguramente su madre hubiera muerto de vergüenza.

AMLO y Cuitláhuac reconocieron la competencia de la ONU que hoy rechazan.

Lo curioso de todo este embrollo es que lo que hoy indigna a la presidenta Sheinbaum y su gobierno, fue precisamente lo que solicitó el presidente López Obrador a la ONU, lo que han olvidado los aplaudidores de ocasión que hoy acusan intervencionismo.

En octubre de 2020, en lo que el propio gobierno calificó como una “acción histórica”, López Obrador firmó unaDeclaración para reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la finalidad de recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas.

Entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Misión Permanente de México ante la ONU, envió el escrito firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la organización mundial. Esto después de ser aprobado por el Senado de la República.

El reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones individuales había sido una demanda de familiares de personas desaparecidas en México.

Si bien, México formaba parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas desde 2010, el Estado mexicano no había reconocido la aceptación para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentran bajo su jurisdicción o en nombre de ellas.

El entonces canciller Marcelo Ebrard -hoy flamante secretario de Economía- consideró la acción como un hito en la política exterior y de respeto a los derechos humanos, ya que es la primera vez que se aceptarán recomendaciones, comentarios y observaciones internacionales para el esclarecimiento de posibles desapariciones forzadas.

¿Entonces? lo que hoy rechaza e indigna al gobierno mexicano fue precisamente lo que pidió López Obrador para investigar los casos de desaparición en el pasado. Hoy que la cifra se ha duplicado, Sheinbaum lo rechaza, acusando unsupuesto intervencionismo.

Por cierto, trepado en el tren del oportunismo, el ex gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García justificó la necesidad de aprobar la intervención de la Organización de las Naciones Unidas en las investigaciones de casos de personas desaparecidas, ante la crisis humanitaria que atraviesa el Estado de Veracruz.

«El pasado 25 de agosto del presente año, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estado Unidos Mexicanos, suscribió la Declaración que formulan los Estados Unidos Mexicanos para reconocer la competencia del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada».

«El día de hoy, fecha sensiblemente significativa para familiares de víctimas que sufrieron desaparición en Veracruz, envié al Senado la postura del Gobierno del Estado sumándome a la solicitud del presidente para su aprobación por ese órgano legislativo», escribió el mandatario. ¡Siempre hay un tuit!

¿Hoy pensará lo mismo el exgobernador que aumentó en 59 por ciento el número de desapariciones en Veracruz?

Las postales de la Semana Santa.

El periodo vacacional de la Semana Santa nos ha dejado varias postales, desde un AIFA semi vacío a pesar de que la presidenta Sheinbaum anunció una ocupación del 100%, un Tren Maya que pierde diez millones de pesos diarios y el entusiasmo de vacaciones que se divierten en medio de las manchas de chapopote en las playas veracruzanas.

En Veracruz, las playas siguen padeciendo los estragos del derrame petrolero. Así lo cuentas las crónicas de medios informativos y vacacionistas que se aventuraron a visitar el puerto.

“Con una bolita de petróleo solidificado en la mano, el señor Alejandro Pérez dice sentirse preocupado de haber llegado a Playa Villa del Mar. Aquí, la contaminación por el derrame de hidrocarburos que desde hace algunos días afecta la costa veracruzana fue evidente este fin de semana”. Este año muy pocos turistas no llegaron a Veracruz.

Sentado a la orilla del mar, mira a los elementos de la Marina recoger las “bolitas de chapopote” y dice estar decepcionado ante la falta de información de la gravedad del derrame. “Todos los bañistas deberíamos tener cuidado de las reacciones alérgicas en la piel que estos residuos puedan causar, es mejor no confiarse”, fue la reseña de ayer en El Universal.

Hasta ahora, las pérdidas de prestadores de servicios, de comerciantes y pescadores son incalculables. Ede eso, el gobierno tampoco tiene ni idea.

La ratonera

Por cierto, no se vio a ningún diputado morenista ni a ningún funcionario federal vacacionando en Veracruz. A ninguno de los que exigieron visitar las playas para conocer ‘la verdad’ y dejar atrás el “uso faccioso” de la crisis. Siguen queriendo resolver la crisis desde el boletín oficial y el florido léxico en redes sociales.