Un trabajador del Congreso del Estado de Veracruz fue detenido por la Fiscalía General del Estado como presunto responsable del delito de acoso sexual en agravio de dos mujeres. La detención se realizó mediante una orden de aprehensión girada por un juez de control.

De acuerdo con la autoridad, la orden fue cumplimentada por la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas en contra de José Manuel “N”, señalado por su presunta participación en hechos ocurridos dentro de las instalaciones del Congreso del Estado, en la ciudad de Xalapa.

El acusado será presentado ante un juez durante la audiencia inicial para que se defina su situación jurídica dentro del proceso penal 121/2026. Las identidades de las víctimas se mantienen bajo resguardo conforme a la ley.

Cabe recordar que el 15 de diciembre de 2025, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Esteban Bautista Hernández, confirmó que un trabajador del Poder Legislativo había sido denunciado por presunto acoso sexual contra trabajadoras.

En ese momento, el legislador señaló que se activaron los protocolos correspondientes y que, mientras se investigaban los hechos, el trabajador fue reubicado dentro del Congreso y puesto a disposición del área de Recursos Humanos.

Sin embargo, de acuerdo con datos difundidos por la Fiscalía, la carpeta de investigación fue iniciada en 2026 y no en 2025, como había declarado previamente el legislador.

Bautista Hernández reiteró que en el Congreso del Estado existe “cero tolerancia” al acoso sexual y a cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de las mujeres.

“El Congreso de Veracruz no tolerará ningún acto que vulnere la integridad de las mujeres. Hemos expresado nuestra solidaridad con las compañeras y cuentan con todo el respaldo legal e institucional”, señaló en un comunicado difundido la noche del lunes.

El presidente de la Jucopo explicó que el primer contacto institucional fue el Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso, instancia que dio vista a la Contraloría Interna y posteriormente a la Fiscalía para el inicio de las investigaciones.

Finalmente, sostuvo que la actual Legislatura no protegerá a ningún servidor público que incurra en este tipo de conductas y confió en que las autoridades llevarán el caso hasta sus últimas consecuencias.

La silla rota

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