Por Omar Zúñiga
El viernes pasado, 27 de febrero, la Universidad Veracruzana, a través de un comunicado publicado en su portal electrónico, informó que “con la resolución del 26 de febrero del año en curso, que hizo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, al recurso de queja de un amparo contra el procedimiento que tuvo la Junta de Gobierno para prorrogar el periodo rectoral 2025-2029 de Martín Aguilar Sánchez, se confirma la aprobación de la prórroga y con ello concluye la etapa jurisdiccional”.
(…)
“Los puntos centrales de las decisiones de los tribunales se basaron en el reconocimiento de la autonomía universitaria y la facultad de autogobernarse, como lo establecen el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y el artículo 2º de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana”.
“Con esta resolución, la Universidad Veracruzana cierra ese capítulo y continúa enfocando todos sus esfuerzos en la excelencia académica, la investigación y la formación integral de nuestra comunidad universitaria, asimismo, reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y el diálogo, como quedó establecido en el programa de trabajo “Por una transformación integral hacia la excelencia”.”
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Este numerito, no por justo y bien trovado, deja de ser puro cuento, sin embargo, el documento en sí mismo reviste una singula importancia per sé.
Resulta que la titular de Comunicación Universitaria, NormaTrujillo, como responsable de la difusión de la información institucional, se dio un balazo en el pie (como coloquialmente se dice) en la redacción del documento, pues en ninguna de sus sesudas partes, menciona que la prórroga sea legal, sólo dicen que se “confirma la aprobación de la prórroga”.
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Para documentar el optimismo… tampoco dicen en el comunciado que los magistrados nunca entraron al fondo del asunto, que es la ilegalidad de la determinación que hizo la Junta de Gobierno al avalar la prórroga de Martincillo el espurio.
Lo único que dicen es que a los magistrados les temblaron (o los maicearon o los presionaron) precisamente para no entrarle a determinar o no la ilegaldidad de la decisión, sino que solamente se escudaron en la autonomía universitaria.
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El equipo jurídico que logró que la Corte volteara a ver a la UV y la ilegalidad, se encargaron de cabildear intensamente, con lo que ya tenían los cinco votos suficientes para que la SCJN atrajera el tema y fuera llevado al pleno, para que los ministros le entraran a debatir la ilegalidad de la determinación de la Junta de Gobierno.
Sin embargo, sabemos que el ministro presidente, Hugo Aguilar, el mismo que puso a la responsable de Comunicación Social de la Corte a limpiarle los zapatos, por que el hombre no se podía agachar, traicionó los intereses legítimos de los verdaderos universitarios para operar internamente en contra (aunque públicamente su voto fue favor de la atracción), pues no le convenía que Martincillo el espurio saliera de Rectoría, dado que habría realizado una buena aportación en la votación en que Hugo resultó electo -la votación del acordeón-.
Al final se salieron con la suya y lograron detentar el poder, no la legitimidad ni la legalidad, que también pregonan en su comunicado de petatiux.
¡Qué barbaridad!
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Este domingo 1 de marzo, fue un amargo despertar, de esos que nunca esperas no quieres que lleguen.
La noticia del fallecimiento de Walter Ramírez me agarró con la quijada fría, por decir lo menos.
Apenas el viernes hablamos y acordamos vernos hoy.
La reunión ya no llegó.
Nos faltó tiempo.
Un abrazo a su esposa Marissa, a su hermano y sus seres queridos.
Se te echa de menos desde ya carnal.

Carta Pública LXXI
Del blindaje al colapso: dos expedientes que la UV debe abrir hoy
Autonomía no es fuero: es rendición de cuentas
“A la comunidad universitaria, a la prensa y a la ciudadanía de Veracruz y de México…”
Hoy la Universidad Veracruzana enfrenta un doble espejo. Por un lado, se intenta instalar la narrativa de que el tema rectoral ya quedó “cerrado” o “definitivo” porque concluyó una etapa jurisdiccional. Por otro, esta misma mañana ocurrió un accidente en la Facultad de Derecho: colapsó una estructura durante la toma de fotografía de graduación y se reportaron estudiantes lesionados. Dos hechos, una misma exigencia: documentos.
La autonomía universitaria no es blindaje para administrar silencios. Autonomía no es fuero: es rendición de cuentas. Cuando se habla de “aprobación confirmada”, la comunidad tiene derecho a verificar el expediente completo; cuando hay estudiantes lesionados en un evento oficial, la sociedad tiene derecho a conocer la cadena de responsabilidades.
Por ello exigimos la apertura inmediata y pública de dos expedientes:
• Expediente rectoral: actas firmadas, votación nominal, dictamen jurídico, artículos invocados, criterios y bitácora de auscultación, y repositorio histórico en un micrositio.
• Expediente del accidente en Derecho: contratación y montaje de la estructura, dictamen o visto bueno de Protección Civil, responsable técnico, póliza/seguro, acta de verificación, reporte de lesiones, y plan de reparación del daño.
Basta de propaganda. La universidad no se defiende con comunicados, sino con hechos verificables. Si la UV presume excelencia, que la sostenga con expedientes completos; si presume autonomía, que la ejerza con responsabilidad pública. Cerraron una etapa; no cerraron la obligación de rendir cuentas.
A la prensa: el dato central no es el adjetivo (“definitivo”), sino la evidencia. A la comunidad: no se trata de resignación, sino de método. Dos expedientes, dos rutas de verificación.
Xalapa, Veracruz — 2 de marzo de 2026
Arturo Jiménez / Cuaderno Eléctrico – Archivo del Derrumbe / Xalapa, Veracruz / MÉXICO
Addendum a la Carta Pública LXXI (LXXI-bis)
La empresa culpó a los estudiantes: ahora publiquen el contrato, el dictamen y la póliza
Autonomía no es fuero: es rendición de cuentas
Tras el colapso de gradas durante la fotografía de graduación en Derecho UV, con al menos 18 estudiantes lesionados, circula una transcripción donde un encargado de la empresa minimiza el hecho y pretende responsabilizar a estudiantes (“esto está de moda”, “un chico… se trajo a sus compañeros”). Ese deslinde no se responde con adjetivos: se responde con expediente.
Exigimos publicación inmediata (transparencia activa) por parte de la UV (y, en lo correspondiente, de Protección Civil) de una lista mínima verificable:
• Contrato/orden de servicio: nombre del proveedor/empresa, monto, objeto/alcance, fecha, responsable de la contratación y área que autorizó.
• Responsable técnico del montaje: nombre, cédula/registro, y evidencia de supervisión (bitácora).
• Dictamen o visto bueno de Protección Civil (y/o verificación interna): acta, folio, fecha, firma (autoridad que suscribe) y criterios aplicados.
• Póliza de seguro aplicable y procedimiento de reparación del daño (médico, psicológico y material), sin excusas ni dilaciones.
• Informe público de lecciones aprendidas: protocolo obligatorio para estructuras temporales en actos masivos.
Mientras esos documentos no estén disponibles, cualquier narrativa (empresa/autoridad/medio) es incompleta. La comunidad no pide “culpables” por consigna: pide evidencia, trazabilidad y responsabilidad.
¿Cuál es el nombre del proveedor, el monto del contrato y el dictamen de Protección Civil que autorizó esa estructura?
Xalapa, Veracruz — 3 de marzo de 2026
Arturo Jiménez / Cuaderno Eléctrico – Archivo del Derrumbe / Xalapa, Veracruz / MÉXICO
¿Cuál es el proveedor y el monto del contrato de las gradas, y cuál es el dictamen/acta de verificación de Protección Civil que las autorizó?
Aún no publican contrato, dictamen de PC y póliza. Seguimos esperando.
La empresa culpa a estudiantes. Perfecto: publiquen esos tres documentos.
Sin contrato/dictamen/póliza no hay verdad pública: hay relato.
Si tienes el contrato, el dictamen o la póliza, compártelos (con folio) aquí.
Accidente en Derecho UV (18 lesionados): ya hay deslinde de la empresa y PC dice que no fue notificada.
Lo único serio ahora es abrir el expediente.
Exigimos publicación inmediata de 3 documentos:
Contrato/orden de servicio (número de contrato/folio): proveedor/empresa, monto, objeto y alcance, fecha y área que autorizó.
Dictamen/acta de verificación de Protección Civil: folio, fecha, firma (autoridad que suscribe) y criterios aplicados.
Póliza y plan de reparación del daño.
Sin contrato/dictamen/póliza no hay verdad pública: hay relato.
Si tienes el contrato, dictamen o póliza, compártelo con folio.