Por José Luis Enríquez Ambell

Los pleitos internos —entre ediles y servidores públicos— en los ayuntamientos de Veracruz tienen un fondo, siempre por intereses que históricamente han existido en más de una territorialidad municipal.

Desde la integración de planillas, la selección de las comisiones edilicias, la estructura de gobierno en puestos llamados de primer nivel, la intromisión de algunos en áreas ajenas, entre otros factores, tarde o temprano se convierten en las facturas que llevan a disputas y que, ante el reciente inicio de funciones de los 212 ayuntamientos, habrá que sumarle la entrada a la antesala de próximos procesos electorales, lo que podría intensificar esas líneas delgadas de conflictos y enfrentamientos.

Y es que, sean grandes, medianos o pequeños, todos los ayuntamientos en algún momento tienen algún desajuste en la conducta humana de sus integrantes, casi siempre por enfoques diferentes en lo institucional y que no tendría por qué confundirse con pleitos personales.

Aquí lo más delicado es cuando se presentan o presumen agravios que cruzan la frontera de los enfoques personales o políticos y llegan a la inseguridad, y quizá a rondar líneas de la violencia, y eso direcciona a subir el tono de la alarma, no solo a la población que representan, sino también al estado de derecho y, por ende, a la gobernabilidad e incluso a la gobernanza.

Habría que suponer que, en los cursos, talleres y esquemas orientadores que las instituciones públicas como el Poder Legislativo y Ejecutivo, a través de sus áreas competentes, aportan a los ayuntamientos desde que reciben sus constancias de mayoría, e incluso con foros que instrumentan organismos autónomos como el ORFIS, deberían actualizarse e incluir temas relativos a mejorar la conducta humana y la convivencia, e invitar también a especialistas en sociología y psicología para que sumen líneas de observación y aprendizaje, ya que estas ramas también son parte vital de la administración pública en términos reales y serios, y no tener que dejar todo en la pura lengua discursiva.

Y es que a nadie parece interesarle que la época actual demanda otras herramientas para medir al recurso humano en la parte emocional, en busca de una mejora en la actuación como servidores públicos, incluyendo a ediles y, por supuesto, al resto del cuerpo de gobierno que participa en una estructura municipal.

Todo ayuntamiento, desde que nació en la Villa Rica de la Vera Cruz, se le conoce y reconoce como la organización de este primer cuerpo político y jurídico municipal que representa a una demarcación, y que cuenta con una población y territorio, siendo así el primer piso de las instituciones que gobiernan.

El ayuntamiento, desde nuestra Carta Magna, es el órgano máximo de gobierno a través del Municipio Libre, mediante el cual el pueblo realiza su voluntad política y la autogestión de los intereses de la comunidad, y que se integra por el presidente o presidenta municipal, el síndico o la síndica y regidores o regidoras, funcionando de manera colegiada; pero en la práctica, los roces por intereses —casi siempre personales— llevan a conflictos que suelen elevarse en el inicio de procesos transitorios de gobierno estatal y municipal.

Ojalá que en los ayuntamientos, sus ediles y servidores públicos se aparten de la arena de los conflictos para no dejar de atender, y bien, a la población que representan.

DE SOBREMESA

Es un acto inédito, ilegal y profundamente irresponsable, y sumamente lamentable, que el y/o los ediles —sea presidenta o presidente, síndica o síndico, regidora o regidor, de cualquier manera— verbal, física o armada, directa o indirectamente, en lo personal o con la ayuda de terceros, inciten o ejerzan acción alguna contra personal del cuerpo de gobierno edilicio en algún ayuntamiento.

Lo anterior, de no tener corrección a partir del diálogo y los acuerdos, puede escalar a niveles mucho más tristes, y ahora que recién inician funciones los 212 ayuntamientos, es la hora del orden