El viernes pasado corrió como verdadera pólvora el anuncio de que la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos pidió a las aerolíneas comerciales que extremen la precaución al sobrevolar partes de Méxicopor «actividad militar». Los avisos permanecerán vigentes hasta el 17 de marzo.

Esto provocó que se desatara un mar de especulaciones sobre lo que implicaría esta “actividad militar”, dando por hecho que no sólo los capos, sino también algunos integrantes de la famosa lista de narco políticos morenistas podrían ser detenidos en cuestión de horas.

Según fuentes con acceso de primer nivel, la administración estadounidense aumentó la demanda para que México investigue y procese a políticos vinculados al crimen organizado. La información, dicen, se discutió directamente en reuniones de alto nivel en Palacio Nacional. Adán Augusto López y el gobernador Rubén Roca Moya serían los primeros de la lista.

Por supuesto, el oficialismo dio por descontadas estas teorías. El gobierno federal aclaró que los avisos emitidos por la FAA para aerolíneas que utilizan el espacio aéreo mexicano no representan ninguna afectación para la aviación civil en el país y que “no existen implicaciones operativas ni restricciones para México, ni para aerolíneas u operadores mexicanos”.

Según el comunicado oficial, el aviso fue emitido exclusivamente para aerolíneas y pilotos de Estados Unidos, pues dicha autoridad únicamente tiene competencia para emitir disposiciones aplicables a operadores de su país.

Pero en el imaginario colectivo se fortalece la percepción de que el estrecho vínculo entre el gobierno y destacados dirigentes morenistas con el crimen organizado provocará, más temprano que tarde, una intervención militar del gobierno de Estados Unidos.

Hacia finales del año pasado, aun antes de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente Trump declaró en que “conoce todos los domicilios de cada capo del narcotráfico” y añadió que estaría dispuesto a lanzar ataques contra ellos con tal de “proteger a su país”.

Considerando la existencia de canales de comunicación y cooperación entre las agencias de ambos países, es razonable suponer que las autoridades mexicanas cuentan, al menos en parte, con información similar.

Esto plantea una pregunta inevitable: si dicha información existe, ¿por qué no hemos visto detenciones de capos de alto perfil más allá de aquellas realizadas bajo presión directa de Estados Unidos? ¿Acaso la desconfianza en el gobierno mexicano ha provocado que esa información se reserva al gobierno de EU? ¿Qué saben los gringos que no saben -o fingen no saber- en el gobierno de Claudia Sheinbaum?

En anuncio coincidió con la publicación en el sentido de que la finca presidencial en Palenque se habría convertido en un búnker militar. Diversas fuentes confirman que se ha instalado un sistema antidrones y radares en Palenque, para proteger el espectro aéreo de la finca y las casas contiguas que ocupa el staff militar que se llevó de Palacio Nacional.

La semana pasada Trump volvió a amenazar con mayor dureza de atacar a los cárteles en territorios extranjeros, particularmente en México y Colombia. Sheinbaum respondió que iba a pedir al canciller Juan Ramón de la Fuente comunicarse con el secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, Rubio criticó el combate al narcotráfico, al subrayar que querían “resultados tangibles” y reforzar la cooperación para enfrentar a los cárteles.

En efecto, según confirmó el columnista Raymundo Riva Palacio, la DEA está investigando a una serie de políticos mexicanos en gobiernos estatales mayoritariamente gobernados por Morena, por sus vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, a los que de acuerdo con lo que le dijeron, están facilitándoles el tráfico de fentanilo y cocaína a Estados Unidos.

Esta investigación se desconocía, y aunque tenga coincidencia con las listas que han elaborado en Washington sobre qué políticos están metidos con el narcotráfico, es paralela a lo que ya tienen procesado.

De hecho, al menos 300 personas mexicanas, entre ellas políticos, empresarios y artistas, han sido señaladas por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado. De acuerdo con la información, la presidenta Claudia Sheinbaum ya conoce la lista, aunque las autoridades mexicanas y estadounidenses no han confirmado oficialmente su existencia.

El anuncio del viernes pasado sembró el terror en la nomenklatura morenistas, muchos de los cuáles ya están urgidos de poner tierra de por medio, sabedores que la presidenta Sheinbaum no podrá protegerlos eternamente. La presión de EU crece y la estabilidad de su gobierno está en riesgo.

Sin embargo, una y otra vez, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que autoridades de Estados Unidos hayan pedido a México la detención de políticos de nuestro país, presuntamente por tener vínculos con el crimen organizado.

Eso está por verse.

Tabasqueña, la nueva secretaria de salud ¿Veracruz sin perfiles para gobernar?

¿En verdad en Veracruz no hay un perfil idóneo para encabezar la Secretaría de Salud? ¿A poco Carmen Medel y Ramos Alor son los mejores perfiles que tenemos y, en consecuencia, debemos importar funcionarios para cubrir la vacante?

¿Dónde están personajes como el doctor Rafael Velasco Fernández, ex secretario de salud, rector de la Universidad Veracruzana, director general de Salud Mental y Coordinador del Consejo Nacional Contra las Adicciones, un hombre íntegro que dejó un legado de valiosas aportaciones a la medicina en el área de la psiquiatría?

Incluso, el doctor Mauro Loyo, ex secretario de salud y el director más joven del Centro Médico Nacional. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, de la Academia Mexicana de Cirugía, siendo su único presidente proveniente de provincia y de una universidad diferente a la UNAM; así como de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, y presidente honorario de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía.

Ambos fueron excelentes administradores y figuras muy reconocidas de la medicina en México. Fueron médicos con una grandísima capacidad y experiencia, científicos que mucho aportaron al desarrollo de la salud pública.

En esta administración fue nombrado el doctor Valentín Herrera Alarcón, originario de Misantla y considerado una eminencia en cardiología, quien, a pesar de su prestigio, no fue capaz de limpiar la podredumbre heredada de la administración anterior y presentó su renuncia desde el mes de noviembre.

Reconoció que muchas de las decisiones que se toman en la dependencia no están bajo su competencia directa, e incluso admitió que los Servicios de Salud de Veracruz se encuentran desarticulados.

Una de esas decisiones fue precisamente el pago de fin de año al personal de salud, mismo que hasta la fecha no ha sido liquidado en su totalidad. De manera por demás extraña, la gobernadora Nahle adjudicó la responsabilidad directa al Secretario, por lo que anunció su remoción.

La falta de medicamento oncológico, la intoxicación de personal hospitalario por alimentos, hospitales sin aire acondicionado en plena temporada de calor, trabajadores de limpieza se manifiestan por falta de pago en hospitalesfueron parte del desastre heredado.

Sin embargo, el mismo secretario contribuyó a su propia caída con declaraciones poco afortunadas como asegurar que el aborto no es un tema de salud, responsabilizar, de manera implícita, a los pacientes con VIH/Sida por no tomar medidas preventivas para evitar el contagio, y solapar con su silencio sobre daño patrimonial y denuncias contra exfuncionarios de la dependencia.

Pero resulta que, ante la renuncia de Herrera Alarcón, ahora la gobernadora Nahle no tiene opciones de veracruzanos destacados, por lo que ha surgido el nombre de una tabasqueña, la doctora Silvia Roldán Fernández, quien sería nombrada nueva secretaria de Salud de Veracruz, cargo que ya ocupó en Tabasco durante el sexenio anterior.

Según versiones de fuentes del sector salud y del gabinete estatal, Roldán Fernández se perfila como la próxima titular de la dependencia, en un contexto marcado por una crisis administrativa y operativa en el sistema de salud en el estado.

La eventual llegada de la exfuncionaria tabasqueña no sería casual, ya que cuenta con experiencia directa en la implementación del modelo IMSS Bienestar, factor considerado clave para la actual etapa del sistema de salud en Veracruz, sin embargo, poco conoce del estado.

El problema no radica en su trayectoria sino en el conocimiento del cargo que habrá de desempeñar. Es probable que la nueva funcionaria conozca acaso los municipios de Coatzacoalcos y las Choapas, pero Veracruz es mucho más que eso.

Basta recordar el vergonzoso incidente en la sierra de Zongolica. La gobernadora Nahle García, visitaría en agosto un hospital del IMSS Bienestar del municipio de Tlaquilpa. Sin embargo, un error en su equipo de logística hizo que se confundiera de nosocomio y arribó al IMSS de Zongolica, donde médicos le expusieron con preocupación un desabasto del 80 por ciento de medicamentos.

Si el equipo de la gobernadora no sabe dónde están los municipios y cuál es la problemática que presentan, ¿qué garantía tendemos los veracruzanos de que la nueva funcionaria sepa dónde está parada? ¿Cómo saber que entiende de lo que le hablan cuando mencionan Ozuluama, Chalma o El Espinal? ¿qué comunicación puede tener con autoridades estatales y municipales a las que no conoce, con las que nunca ha tenido trato y que no conoce la problemática en cada lugar?

Otra vez se repite la misma historia: el problema no es su origen, sino su capacidad, experiencia y conocimiento para resolver los problemas de Veracruz y de los veracruzanos.

Desaparecerán la UPAV para crear otra Universidad con el mismo nombre.

Hace una semana, el Congreso del estado aprobó que la Universidad Popular Autónoma Veracruzana (UPAV) se convierta en un organismo público descentralizado y, con ello, tomar el control financiero y administrativo de la misma. Dejará de ser una Universidad Autónoma para convertirse en una institución sectorizada a la Secretaría de Educación.

En los hechos, la Universidad va a desaparecer a se va a crear otra universidad con el mismo nombre.

Esa es la razón por la que las actuales autoridades decidieron correr a prácticamente a todo el personal administrativo y desconocer la antigüedad y derechos laborales de miles de profesores que han trabajado en la institución por más de 15 años.

Pero la desaparición de facto de la UPAV, al menos de la forma en que pretende hacerla el gobierno, quebranta la ley. Ni el gobierno ni los diputados entendieron el alcance de la reforma aprobada hace una semana.

Al convertirse en una universidad pública, el Gobierno Estatal deberá financiar con recursos públicos: la plantilla de docentes y administrativos, gastos de operación, mantenimiento de inmuebles, etc.

Estos recursos no han sido considerados en el presupuesto aprobado para el gobierno del Estado. Entonces, ¿cómo piensan cumplir con las obligaciones que están adquiriendo?

Cualquier cobro que se realice ya sea “cuota de recuperación”, “aportación voluntaria”, “cuota de mantenimiento”, etcétera, se estaría hablando de un cobro que realizaría el Gobierno del Estado a través de la OVH, por los servicios brindados por la UPAV, como se establece en el artículo quinto.

Con ello se estaría violando la Constitución federal y del estado que garantizan la gratuidad de todos los niveles educativos. La reforma infiere sutilmente que se mantendrán las cuotas de los estudiantes y evade garantizar la educación gratuita por parte del Estado.

Pero eso no es todo. El gobierno tendría que absorber la plantilla de docentes que actualmente imparten asesoría en la UPAV, por lo que como patrón sustituto tendría que hacerse cargo de la plantilla laboral de las oficinas centrales, que asciende a más de 200, así como de los más de 5 mil 700 mentores.

El gobierno del Estado tendría que darles seguridad social a los dos centenares del personal administrativo y a los casi seis millares de docentes, así como hacerse cargo de las multas que se le impusieran por los años que no se les brindó la Seguridad Social. Pero eso no va a suceder.

Esa es la razón por la que en la misma semana decidieron correrlos prácticamente a todos y advertir a los docentes que los pagos pendientes no serán liquidados. Será un absoluto borrón y cuenta nueva.

Apenas el viernes pasado, cuando alrededor de 500 trabajadores administrativos de la UPAV fueron despedidos sin explicación alguna. Todos estaban laborando por contrato, algunos de ellos desde el 2005.

Quienes deseen continuar en la nueva UPAV tendrán que laborar sin contrato y sin salario durante los próximos tres meses, en lo que concluye el proceso de transición. Nada garantiza su contratación y continuidad. De su antigüedad, que se olviden.

Eso fue lo que votaron Morena y sus aliados, la desaparición de la UPAV.

Por otra parte, en una verdadera redada, este sábado fueron detenidos los tres principales ex funcionarios de la UPAV, supuestos responsables del millonario desfalco de más de 105 millones de pesos a las racas de la institución.

En un operativo fueron detenidos Sergio «N» y Víctor de Jesús «N», ex rector y exdirector administrativo de la UPAV,igual que a Frida Narayana «N», ex jefa del Departamento de Servicios Financieros. A ellos se les acusa de presuntas irregularidades financieras y ejercicio indebido del servicio público durante su gestión al frente de la institución.

El exrector de la UPAV, Sergio «N» y Frida “N” fuerondetenidos en Xalapa, mientras que Víctor de Jesús «N» en el municipio de Medellín de Bravo. Los tres fueron puestos a disposición de un juez de control en los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec, donde esperan su primera audiencia.

Sin embargo, la detención de los exfuncionarios no cambiael estado de las cosas: personal administrativo ya fue despedido, maestros no recibirán sus pagos atrasados ni serán contratados por el momento y los alumnos seguirán sin clases a pesar de haber pagado puntualmente sus cuotas.

Al parecer lo que hoy pretende el gobierno con la UPAV es crear una universidad pública con cargo a los estudiantes, algo que va contra la propia constitución. ¿Nadie se los advirtió?

Morena revive corporativismo del PRI; afilia al SNTE.

Por años, Morena ha sido un movimiento político indescifrable para la oposición. Tiene membrete de partido, pero no cuenta con padrón -al menos hasta hace algunos meses-, ni con una estructura territorial y partidaria. No tiene sectores, organizaciones, ni comités estatales o municipales, simplemente dirigentes reconocidos ante las autoridades electorales.

Pero al parecer, eso ya no basta. Por eso, Morena decidió salir a las calles a afiliar simpatizantes con la idea de convertirse en un partido político con la mayor membresía en el mundo, según ha presumido el hijo del es presidente López Obrador, actual secretario de Organización de Morena.

Y en esta pretensión de ampliar su membresía, Morena se ha convertido en el nuevo PRI, en el modelo de corporativismo que tanto luchó por desaparecer.

A pesar de que la ley electoral vigente prohíbe explícitamente la afiliación corporativa a partidos políticos –cuando una organización (sindicato, gremio, asociación civil) afilia masivamente a sus miembros a un partido sin el consentimiento individual y expreso de cada persona-, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha afiliado a Morena al 50 por ciento de sus agremiados.

El otrora poderoso sindicato magisterial más grande de América, el soporte financiero, electoral y político del priismo en los tiempos de Elba Esther Gordillo, hoy se ha convertido al morenismo.

El magisterio tiene 2 millones 500 mil sindicalizados, y de acuerdo con su dirigente, Alfonso Cepeda, ya están en el partido guinda un millón 250 mil. “Y seguimos en esa ruta porque creemos que podemos aportar muchas más afiliaciones”, presumió el también senador a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

En febrero del año pasado, Cepeda informó que el Comité Ejecutivo Nacional le había entregado 6 mil tabletas para la afiliación. Pese a que Morena siempre criticó el corporativismo, los sindicatos que antes eran brazo derecho del PRI ahora lo son del morenista, los cuales le ayudan a llenar las plazas.

Morena confirma que se trata del viejo PRI, del viejo régimen corporativista; el SNTE busca asegurar más posiciones políticas para sus dirigentes y concesiones a sus agremiados.

Lo mismo pasó con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), históricamente el brazo obrero del PRI durante casi 89 años, quien ha sepultado su relación con eltricolor y se ha entregado oficialmente a la Morena y su 4T.

Son los mismos cerdos que sólo cambiaron de chiquero.

La ratonera

Por conveniencia o amenazas, presidentes municipales de distintos partidos políticos podrían dejar al partido que los llevó al poder y convertirse a Morena, esperanzados en tener un trato preferencial del gobierno. Lo que no saben es que los volverán a agarrar de pendejos como ya lo hicieron en el pasado Fidel, Javier, Miguel Ángel y Cuitláhuac a través de Bola Ocho.

Su conversión sólo los obligará a cubrir cuotas en mítines y operar en elecciones, porque dinero y apoyo a los ayuntamientos simplemente no hay. Muy pronto se darán cuenta.