Públicamente, Rocío Nahle ofreció cumplir con el pago de los 14,900 pesos correspondientes al bono navideño del personal de salud el último día del año; dio la razón a quienes se manifestaron y bloquearon calles. Sin embargo, se fue de vacaciones, soltó el tema y a su regreso se enteró que el dinero no se ha entregado.

Los trabajadores no querían una disculpa. Tampoco querían tener la razón. Sólo querían tener su dinero, una prestación que nunca faltó durante años, incluso ni los oscuros tiempos del duartismo.

Ahora amenaza con correr al Secretario de Salud Valentín Herrera como si en ello estuviera la solución. Si así fuera, tendría que poner de patitas en la calle a más de la mitad del gabinete que hasta ahora le han dado más dolores de cabeza que resultados.

La gobernadora inició el año repartiendo culpas respecto de los fallos de su administración. Fallos de todos conocidos, que ella misma ofreció resolver, pero que les llegó el año nuevo en el caos absoluto.

Este lunes miles de trabajadores del sector salud mantuvieron bloqueos y protestas, lo mismo en el centro de Xalapa que en la autopista Orizaba-Mendoza, porque el pago nunca llegó. Porque pasaron la navidad sin una de sus prestaciones más importantes.

Con el adeudo al personal de salud y de limpieza -a pesar de que se trata de una empresa privada que presta sus servicios en hospitales-, dijo lo mismo que con las crisis mediáticas del subejercicio en la SIOP y la detención del periodista “Lafita”, acusado inicialmente de terrorismo: “yo se los juro que yo no fui”, amenazando con correr a los responsables.

En el caso del sector salud, son dos los problemas que tienen a hospitales y centros de salud en el caos absoluto.

En el caso del personal oficial, no se pagó el bono en la fecha acordada principalmente por problemas administrativos internos de la Secretaría de Salud, no por falta de fondos, según la versión oficial.

Pero, si esto fue así, ¿por qué no pagaron en cheque o efectivo a los trabajadores? ¿Por qué ofrecieron que Chedraui les pagaría, pero obligaron a, los trabajadores a hacer una serie de trámites, sólo para ganar tiempo deliberadamente?

Tras la presión de los trabajadores, el gobierno ajustó el esquema para permitir retiro en efectivo, pero el proceso de dispersión sigue siendo tardado y confuso para muchos empleados. El dinero simplemente no existe.

Desde el 19 de diciembre la gobernadora ofreció una disculpa pública a los más de 21 mil trabajadores de ese sector e IMSS-Bienestar por la falta del pago, pero prometió hacerlo el 31 de ese mes, en vales despensa o en efectivo. No lo hizo.

Este lunes advirtió que podría haber cambios en la Secretaría de Salud, pero no confirmó cuando pagarán el bono navideño. Con el silencio, liberó de cualquier responsabilidad al secretario de Finanzas. Se trata de otra cortina de humo.

El segundo problema es la falta de pago a trabajadores de la empresa Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria (LEIH), que fue vetada por la gobernadora Rocío Nahle; este lunes se manifestaron nuevamente en Xalapa para denunciar que no han recibido el pago de su aguinaldo ni la quincena correspondiente al 31 de diciembre.

Los empleados señalaron que la empresa, encargada del servicio de limpieza en hospitales del estado, les ha informado que el retraso en los pagos se debe a que IMSS-Bienestar no ha liquidado las facturas por los servicios prestados. Sin embargo, también se informó del despido de muchos de los trabajadores que participaron en las protestas.

En efecto, se trata del incumplimiento laboral por parte de una empresa privada, la misma que acusa al gobierno de no haber pagado por sus servicios. La respuesta oficial ha sido el veto por parte del gobierno estatal y, en consecuencia, la insolvencia para pagar a los trabajadores por servicios ya prestados.

El asunto es, si se trata del incumplimiento laboral por parte de una empresa, hay muchas preguntas por responder:

¿Por qué la Secretaría del Trabajo no ha intervenido en favor de los trabajadores afectados? ¿Por qué no han iniciado acciones legales en contra de la empresa? ¿Temen que se hagan públicos los adeudos reales del gobierno? ¿Por qué el gobierno decidió no intervenir y obligar a los trabajadores a salir a las calles a exigir su pago? ¿Quiénes de esta o la administración anterior estaban involucrados en el negocio de la limpieza?

La cosa es que el gobierno y la Secretaría de Salud inician el año en medio del caos, con pendientes del año pasado y con serios problemas para la operación de los hospitales y centros de salud.

Pero la gobernadora insiste que el dinero no es un problema. Entonces, el problema es el gabinete, los funcionarios públicos incapaces de cumplir obligaciones y compromisos.

Ayuntamientos: el atraco de cada cuatro años ante la cómplice complacencia del Congreso y el ORFIS

El pasado jueves primero de enero, 211 de los 212 ayuntamientos del estado iniciaron una nueva administración. Aunque en la mayoría de los casos se hizo de una manera ordenada -aunque no libre de conflictos y rencillas políticas-, en otros se repitió la historia de cada cuatro años: alcaldes que se llevaron hasta los focos, sin que ninguna autoridad se los impidiera.

Se han ido los “mejores mujeres y hombres” que durante cuatro años saquearon las arcas municipales. Total, los negocios ya están hechos ante la cómplice complacencia del Congreso y el ORFIS.

En efecto, dirán que aún no se cumplen los tiempos procesales; que los nuevos ayuntamientos deberán entregar sus dictámenes técnicos sobre las anomalías detectadas a más tardar el próximo jueves; que tendrá que venir la revisión de la Cuenta Pública 2025, misma que debieron entregar la última semana del año.

Llegarán los ejércitos de despachos enviados desde los poderosos escritorios del Congreso y el ORFIS a limpiar las cuentas públicas, a hablar con los nuevos alcaldes, a echar la basura bajo la alfombra de la impunidad a cambio de moches millonarios. Una vez más, el vómito negro.

Y entonces sucederá la magia: nadie pagará por los delitos cometidos, el atraco quedará en el olvido, bajo toneladas de burocracia. Los alcaldes jibaritos huirán locos de contentoscon su cargamento para la ciudad, llevando en su pensamiento un mundo lleno de felicidad.

¿No lo creen? Hagamos memoria. En los últimos 12 años, Veracruz ha tenido más de 630 presidentes municipales. De ellos, al menos la mitad han sido denunciados por los más diversos delitos o faltas administrativas. Las carpetas de investigación forman montanas en la Fiscalía del estado y la Fiscalía Anticorrupción.

De todos ellos, ¿cuántos han sido enjuiciados y procesados? ¿Cuántos están en la cárcel por el atraco a sus municipios? ¿Cuántos han devuelto lo que se robaron, cuánto y a quién? ¿Por qué los ex alcaldes ratones no pisan la cárcel? Hoy vuelve a pasar lo mismo.

En Cazones, el exalcalde Miguel Ángel Uribe Toral fue acusado de llevarse mobiliario, incluyendo luces navideñas y sillas, del ayuntamiento al final de su gestión.

A lo largo de toda su administración, la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas fue señalada por, presuntamente, sacar bienes inventariados de las oficinas municipales, como televisiones y mobiliario, en medio de acusaciones de malos manejos de recursos.

El exalcalde de Fortín Gerardo Rosales, hasta el dos de enero, no quería entregar las oficinas del palacio municipal, violando totalmente la ley y usurpando funciones. No permitió la entrada a la oficina de la presidencia al nuevo alcalde y dijo que le entregara terminando de levantar el acta correspondiente, lo que debió suceder al menos un día antes.

La entrega-recepción en el municipio de Tlalixcoyan concluyó en las primeras horas del 2 de enero y no se encontraron computadoras en el área de tesorería y en la farmacia del DIF solo había una botella de alcohol, denunció su presidenta municipal Bertha Adriana Lagunes Sánchez.

Noé Castillo, ex alcalde de Agua Dulce, se fue sin pagar a los empleados municipales que en los últimos días de diciembre de 2025 habían tomado el palacio municipal. Pero no sólo eso, dejó sin nada que respalde su gestión pues la documentación financiera y técnica la sustrajo y nadie sabe a dónde se la llevó.

En Actopan, la alcaldesa y ex diputada María Esther López Callejas también está dejando un gran problema a la siguiente administración, porque hasta la fecha no ha pagado los aguinaldos a los empleados ni a los agentes municipales de 56 localidades. De igual forma, tiene un gran adeudo con la Comisión Federal de Electricidad y se piensa ir muy tranquila, para que el cohete le explote en las manos al nuevo alcalde.

Y así se podrían citar decenas de casos en todo el estado.

Pero ¿dónde están los dirigentes partidistas que presumían los triunfos en esos municipios? ¿dónde están quienes los arroparon, hicieron negocios con ellos, les impusieron despachos, empresas, negocios? Hoy no han dicho una sola palabra y, en los casos más graves, bastará con deslindar al partido bajo la misma excusa: los delitos los cometió la persona, no el partido.

Tras el atraco, el negocio de las auditorías y los moches apenas empieza.

La detención de Maduro: ¿en verdad creen que Trump está blofeando?

¿En verdad López Obrador, Sheinbaum, Morena y el gobierno en su conjunto siguen pensando que para Trump era más fácil atrapar a Maduro que los líderes del narco, muchos de los cuáles ya están presos en Estados Unidos? ¿Creen que blofea cuando dice que “algo hay que hacer en México”?

¿Creen que es más fácil una incursión en una fortaleza custodiada por la inteligencia rusa y cubana que capturar a un líder en medio del desierto, las montañas o a un gobernador, funcionario o dirigente morenista? ¿Creen que no tiene la información suficiente para actuar en contra de objetivos en México?

De la detención, secuestro o como se le quiera llamar, de Nicolás Maduro se han dicho muchísimas cosas en las últimas horas. Tal vez la más insistente es que si esto se trata de una advertencia al gobierno de México y a los más ínclitos representantes de la 4T.

Nada puede darse por descartado. Trump está repitiendo la dosis de López Obrador: engañar con la verdad.

Hace algunos años, incluso al inicio de su gobierno, nadie creía capaz a López Obrador de decapitar a la Suprema Corte y apoderarse del Poder Judicial; lo hizo. Nadie creía que cumpliera su amenaza de desmantelar al INE y apropiarse de los órganos y tribunales electorales; lo hizo.

Tampoco nadie lo creía capaz de desaparecer a los organismos autónomos, de someter al INEGI, de desaparecer al INAI, de apropiarse de miles de millones de pesos de los fondos de contingencia… y siempre lo cumplió.

Con Trump y podría estar pasando lo mismo. Nadie creía que tomara por asalto el capitolio cuando perdió la elección; que iniciara una nueva escalada comercial y militar contra Rusia; que, en medio del conflicto, se proclamara como un pacifista.

Nadie lo creía capaz de sacar a Maduro de su madriguera –“vengan por mí, cobardes”, vociferaba hace apenas algunas semanas- y llevarlo a las cortes de su país.

En su relación con México pasa lo mismo: nadie lo pensó capaz de iniciar una cacería de migrantes, de negarse a cumplir el T MEC, de imponer aranceles, de amenazar a empresas para que sus plantar volvieran a Estados Unidos.

¿Por qué entonces no habría de cumplir sus amenazas explícitas de que “algo tendrá que hacer con México”, ante un país que es gobernado por los cárteles del narco y no por una presidenta? ¿En verdad siguen pensado que está blofeando?

Hay informes de que no. Que la operación en México -con información proporcionada por los capos detenidos y extraditados- está en marcha. Pronto lo sabremos.

La ratonera

Al igual que en la línea 12 del metro, el descarrilamiento del tren interoceánico -que dejó a 14 personas muertas- se trató de un “lamentable accidente” que no merece el castigo para nadie. Impunidad absoluta.