No son los “zopilotes carroñeros” de hoy sino la perversa ambición de perpetuidad de López Obrador lo que sembró el cáncer de la revocación de mandato en los gobiernos de Morena.

La revocación de mandato no fue una malévola consiga contra la oposición sino para quienes, desde el movimiento, quisieran desconocer al mesías. Lo que se vendió como el acto más puro de democracia –el pueblo pone y el pueblo quita-, hoy se ha convertido en el secuestro virtual de la presidenta Sheinbaum en la principal discordia al interior de Morena, como sucede en Veracruz.

Por tanto, el carroñero, el líder de la parvada de zopilotes, es precisamente el tabasqueño. El resto sólo sigue su ejemplo.

Cuando López Obrador lanzó la iniciativa y se consumó la reforma constitucional, toda la feligresía cuatroteísta aplaudió a rabiar, pensando que cuando otro partido asumiera el poder, tendrían el instrumento idóneo para arrebatarlo nuevamente.

Sólo algunos entendieron que la trampa era para ellos mismos, entre ellos, Claudia Sheinbaum. Esa es la razón que la tiene a mercede de su creador y prócer. Es por ello que los líderes de las Cámaras fueron impuestos por López Obrador.

En caso de alguna insana tentación de romper con el pasado, de inmediato se echaría a andar la maquinaria de la revocación de mandato y tendríamos a un nuevo lopezobradorista en palacio nacional. No es que Claudia Sheinbaum sea un títere del ex presidente, simplemente la guillotina de la revocación de mandato pende sobre su cuello… y lo sabe.

Pero en la aldea las cosas se cuecen aparte. Acá no hay interés de perpetuidad, menos de un ex gobernador anodino que se siente más que satisfecho por la impunidad y exculpación que acaba de otorgarle la presidenta.

Acá la revocación de mandato tampoco tiene que ver con la democracia, sino con la lucha interna en Morena por el poder.

El 15 de mayo de 2025, el senador Manuel Huerta, una de las pocas voces críticas dentro de Morena en Veracruz, planteó la posibilidad de que en 2027 se organice una consulta de revocación de mandato para que las y los veracruzanos valoren la continuidad de la primera gobernadora mujer del estado.

“Yo espero que en Veracruz se haga también ya la revocación del mandato, porque ya el Tribunal le dijo a los diputados locales, que acá se hicieron, como dicen en mi pueblo, ‘Tío Lolo’, y no hicieron la ley para la revocación de mandato en Veracruz”, señaló Huerta. ¿Va a insistir en el tema?

Pero acá el Congreso no es una amenaza para la gobernadora, por eso es que Esteban Bautista salió a decir que la legislación para aplicar la renovación de mandato no está en su agenda.

La primera vez que le preguntaron del tema a Rocío Nahle, dijo que no tenía problema con ello, que ella siempre ha ido a las urnas y que no era un tema que le preocupaba.

Pero entonces vino la crisis política por el terrible manejo de la emergencia por las inundaciones en el estado y la popularidad de la gobernadora se fue al suelo. Muchas encuestadoras la ubican en los últimos lugares de aceptación entre todos los gobernadores del país.

La revocación de mandato podría convertirse en un riesgo real. Y por eso obligaron a sus promotores a callar, al menos en lo que pasa la emergencia. Porque si en este momento se realizara la consulta popular, seguramente Rocío Nahle no llegaba a fin de año.

Y entonces, la gobernadora llamó “carroñeros” a quienes promueven su revocación de mandato en 2027, ya que afirmó, afloró lo peor en plena emergencia en Veracruz. “No estoy para darle contentillo a carroñeros”, cuando la figura la impuso el propio López Obrador y la petición surge de su propio partido.

El problema para sus adversarios, los de adentro y los de afuera, es que en Veracruz no hay ley reglamentaria para convocar a este ejercicio. Y no la habrá durante la presente legislatura que se encuentra totalmente al servicio de la gobernadora.

Si las cosas cambian y en 2027 Morena pierde la mayoría en la Cámara, tampoco habría tiempo para legislar y convocar a revocación de mandato cuando el gobierno se encuentre en su último tercio.

Por eso Rocío Nahle está tan segura de concluir su encargo como gobernadora, “les guste o no”, hasta el 2030. Y tiene razón. Legalmente no le podrán revocar el mandato, y la única manera de que deje el gobierno es que la presidenta la invite a una posición en el gabinete federal.

Así que el carroñero mayor sabía lo que hacía. Fue él quien sembró la inquina que hoy tiene secuestrada a Sheinbaum y tan de mal humor a Nahle… y que ha sido el instrumento de guerra entre las tribus morenistas.

Poder Judicial: vamos mal y viene lo peor.

Si creían que la venganza de López Obrador en contra de la Suprema Corte de Justicia y del Poder judicial en su conjunto estaba consumada, pues están muy equivocados. Parafraseando al tío Fide, en materia de justicia, “vamos mal y viene lo peor”.

López Obrador no sólo ordenó la decapitación de la Suprema Corte de Justicia y una elección judicial para imponer a imberbes e ignorantes del derecho, pero con una lealtad absoluta a su movimiento, sino que ahora va en busca de la mayor y la más absurdas de las venganzas: obligar a la nueva Corte a desconocer las sentencias emitidas por sus antecesores.

En contra de la Constitución y de todo principio jurídico, la nueva Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha abierto un proceso de consulta interna para discutir si el Pleno actual puede revisar o revocar sentencias emitidas por las Salas que desaparecieron tras la reforma judicial.

Esta consulta ha surgido tras la desaparición de las Salas integradas por cinco ministros, las cuales fueron sustituidas por un Pleno único. El ministro Hugo Aguilar Ortiz ha planteado la necesidad de discutir la validez de los fallos emitidos por órganos que ya no existen, ante la nueva estructura de la Corte.

El asunto que detonó la consulta está relacionado con el caso de Juana Hilda González, implicada en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. La Primera Sala de la Corte ordenó su liberación tras resolver un amparo directo contra su condena de 78 años de cárcel, decisión que habría correspondido a un Tribunal Colegiado, pero que fue atraída por la Suprema Corte.

La propuesta de “revisar” sentencias de la Corte para contentar a la Fiscalía o revertir liberaciones incómodas —como la de Juana Hilda González, víctima de tortura reconocida por la propia SCJN— viola la esencia del Estado de Derecho. Reabrir lo juzgado por presión política destruye la certeza jurídica, la independencia judicial y la confianza social en la justicia constitucional.

Como lo señala el abogado José Mario de la Garza, la Corte está a punto de cruzar una línea que nunca debió tocar: revisar sentencias dictadas por sus antecesores. Si se permite que el Pleno reabra fallos firmes de las antiguas Salas, la Corte dejará de ser garante de la cosa juzgada y se convertirá en su propio tribunal de apelación.

una Corte que reescribe sus propias sentencias –lo que no sucede en ninguna parte del mundo- deja de ser Corte. La justicia no puede ser revisable al gusto del poder: la justicia es el límite del poder.

Y mientras, quien por voluntad propia se fue a La Chingada, está más presente que nunca.

Perote, el corazón de huachicol jarocho.

Este fin de semana recibimos la misma noticia de hace algunas semanas: la región de Perote parece convertirse en el centro del huachicol jarocho.

Apenas el sábado, el gobierno federal informó sobre la detención de ocho personas y el aseguramiento de 250 mil litros de hidrocarburo ilícito en el municipio de Perote, en Veracruz.

En este nuevo operativo contra el huachicol, las fuerzas federales de seguridad –encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar)– catearon el predio de una empresa dedicada al manejo de residuos peligrosos, que era utilizada como fachada para almacenamiento y venta de huachicol, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Lo curioso del asunto es que nadie menciona al Gobierno del estado, la policía estatal o a la Fiscalía de Veracruz.

En su boletín, la Secretaría de Seguridad federal señaló que la Semar se coordinó con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), Pemex y la propia SSPC para llevar a cabo el operativo, en el que decomisó también 12 pipas, un inmueble, dispositivos electrónicos y documentos.

La SSPC no mencionó que agentes del gobierno veracruzano de Rocío Nahle García o policías municipales hayan participado en el operativo, que según la SSPC representó un golpe de cerca de 250 millones de pesos a la delincuencia organizada.

Y esto no es algo común. Algo del gobierno de Veracruz no le gusta al Secretario de Seguridad. No confía en el gobierno ni en sus instituciones de seguridad.

Y no es casual. Apenas en julio pasado, en otra acción coordinada por autoridades federales, fue desmantelado un depósito clandestino, con las mismas características, en el municipio de Las Vigas. En ese lugar, de acuerdo con los informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, era producido diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes, así como aceites tratados y combustóleo ligero.

Este nuevo golpe a los huachicoleros en Perote, ocurre a sólo 22 kilómetros de cercanía con la planta clausurada en Las Vigas. La colonia Libertad ha sido un punto de operativos de bandas dedicadas al robo de tráileres que ahí mantenían su centro de operaciones por su cercanía con los límites de Veracruz con Puebla.

¿En verdad ninguna policía del estado o la Fiscalía lo sabía? ¿Quién está detrás del gran negocio del huachicol de Veracruz? Harfuch sí lo sabe.

El perdón presidencial a Cuitláhuac: la herencia autoritaria de AMLO.

 Al parecer, el ex presidente López Obrador dejó muy bien recomendado al ex gobernador Cuitláhuac García. No sólo le aseguró en empleo en el nuevo gobierno, sino que ha logrado que Claudia Sheinbaum le mantenga su traje de impunidad, a pesar de la evidencia del atraco en despoblado que realizó durante su gobierno.

La semana pasada, la mayoría morenista en el congreso local y sus aliados aprobaron la última Cuenta Pública de la administración de Cuitláhuac García, con lo que prácticamente le lavaron los miles de millones de pesos que se fueron al cagadero y se convirtieron en cuantiosas fortunas de sus familiares y más íntimos colaboradores.

Salieron más ratas que Duarte. La diferencia es que uno está en el bote y el otro disfrutando de lo robado.

Apenas un par de días antes de que el Congreso le dieron un salvoconducto de impunidad a Cuitláhuac, en la segunda entrega de la revisión a la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) colocó a Veracruz y al último año de la administración del ex gobernador, como el estado con el mayor monto observado por presuntas irregularidades en el uso de recursos federales con 1 mil 115 millones de pesos, ¡lo que representa casi una cuarta parte del total nacional!

También confirmó que, como gobernador de Veracruz, su administración generó un “probable daño a la Hacienda Pública Federal” por mil 78 millones de pesos en erogaciones de Salud, un monto equivalente al 11% de los recursos que recibió del gobierno federal para atender la salud de los veracruzanos.

Y luego se preguntaban por qué no había medicinas, vacunas y los hospitales se estaban cayendo, sin climas, sin servicios, sin insumos. ¡Todo se lo chingaron.

Bueno, pues sin ningún dato de prueba, Cheinbaum nos vuelve a salir con que el atarantado de Cuitláhuac García es un hombre honesto incapaz de robarse un peso.

«Que nosotros sepamos no hay responsabilidad de Cuitláhuac, ni siquiera lo plantea la auditoría. Hay algunas observaciones que todavía están para poder responder y en caso de que hubiera algunas irregularidades pues tienen que seguir su proceso» respondió Sheinbaum Pardo sobre el presunto daño patrimonial en Veracruz.

Por su parte, el informe de Cuenta Pública del 2024, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) reportó un presunto daño patrimonial de 880 millones correspondientes al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, en su último año de administración.

Lo que quiere decir que el 99.5% del presupuesto se ejerció correctamente. ¿En verdad piensan que los veracruzanos son tan pendejos?

Ahí estás los hospitales y escuelas cayéndose a pedazos, las carreteras destrozadas, el desabasto de medicamentos, pero, al mismo tiempo, el despilfarro en obras como la remodelación del estadio Pirata Fuente, el acuario de Veracruz o el nuevo Nido del Halcón, que en realidad resultó ser un nido de ratas, sin contar el dinero que se han gastado en elecciones.

Peor aún, en los seis gobiernos de Cuitláhuac García, el gobierno ejerció más de ¡840 mil millones de pesos! ¿Qué le hicieron a todo eso dinero? No tenemos nuevos hospitales, ni nuevas autopistas ni carreteras. Hay menos niños en las escuelas y la inseguridad creció a cifras alarmantes.

¿Pues cuánto aportó Cuitláhuac a la campaña presidencial de Sheinbaum? Es la única explicación posible a la impunidad concedida por la presidenta.

 La ratonera

¡Abrón! Si no tiene empacho en exhibir y humillarlos en público, ya se imaginarán cómo los trata en lo privado. Pero hay quien prefiere perder su dignidad y prestigio antes que el puesto…