El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 349 votos favor y 132 en contra la nueva Ley de la Guardia Nacional para trasladar dicha corporación de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa y concederle atribuciones para realizar tareas de investigación e inteligencia, operaciones encubiertas e intervención de comunicaciones privadas.

Legisladores de los diversos grupos parlamentarios presentaron 170 reservas para su discusión en lo particular.

​Oposición acusa militarización

Las bancadas de la oposición denunciaron la militarización de la seguridad pública y alertaron sobre las nuevas facultades de la Guardia Nacional en materia de espionaje, mientras Morena y sus aliados sostuvieron que la corporación mantiene su carácter y mando civil.

“Las funciones que establece la nueva Ley de la Guardia Nacional son de carácter eminentemente civil, ya que tienen por objeto ejecutar la estrategia nacional de seguridad pública, elaborada por la Secretaría de Seguridad y aprobada por el Senado de la República, es decir, obedece a una estrategia y mando de carácter civil encabezado por nuestra Presidenta de la República”, puntualizó el morenista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, al fundamentar el dictamen.

No obstante, en representación del PAN, el diputado Guillermo Anaya calificó el nuevo ordenamiento como ‘ley espía’ y señaló que la seguridad pública no se construye desde los cuarteles militares, sino con policías de proximidad y con rostro humano.

“Reiteramos desde hoy que la seguridad y la inteligencia no va a pasar la ley espía, porque vamos a defender la integridad de los ciudadanos para que no sean vigilados desde sus teléfonos celulares y con un GPS para la normalización de la militarización de nuestro país”, arengó.

El legislador petista, Ricardo Mejía, advirtió que, para el PRI y el PAN, el modelo ideal de seguridad se llama García Luna, basado en la corrupción, los montajes y los acuerdos en lo oscurito con el crimen organizado.

“Se rasgan las vestiduras por la Guardia Nacional, pero en privado piden soldados para cuidar sus oficinas. Desprecian al Ejército en el Congreso, pero imploran su presencia en los estados. Cuando no gobiernan, gritan ¡militarización!, pero, cuando gobiernan suplican intervención. Hipocresía pura. Critican a la Guardia Nacional de día y le suplican de noche que les cuiden sus municipios y en sus estados”, puntualizó.

Al comienzo de la discusión, la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, presentó una moción suspensiva para frenar el debate y devolver a comisiones el dictamen, a fin de discutirlo en parlamento abierto, pero la mayoría de Morena y aliados desecharon el recurso.

“Militarizar la seguridad pública es una decisión de enorme trascendencia, pero militarizar la vida pública del país es ya es otro horizonte que ni el PRI se hubiera atrevido en sus mejores momentos. Además, esta iniciativa otorga a la Guardia Nacional nuevas y peligrosas facultades como operaciones encubiertas, vigilancia masiva en internet, usuarios simulados, labores de inteligencia previa”, remarcó.

¿Qué implica la nueva Ley de Guardia Nacional?

La nueva ley propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum define a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa.

Establece asimismo entre las atribuciones de la corporación realizar tareas de investigación e inteligencia para la prevención de los delitos; llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados, así como intervenir comunicaciones privadas.

“La Guardia Nacional podrá solicitar ante la autoridad jurisdiccional la intervención de comunicaciones. La autorización judicial correspondiente podrá otorgarse a solicitud de la persona titular de la comandancia o de la jefatura general de coordinación policial, cuando se constatare la existencia de indicios suficientes que acrediten que se está organizando la comisión de los delitos”, señala.

La corporación se encargará también de salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, además de prevenir la comisión de delitos en zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, centros de supervisión y control migratorio, carreteras federales, vías férreas, aeropuertos y espacio aéreo.

Por lo que hace al mando de la institución, el ordenamiento prevé que “la persona titular de la comandancia debe ostentar la jerarquía de general de división de Guardia Nacional y será nombrada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

La corporación participará con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas o de los municipios en operaciones coordinadas para preservar la paz social y la seguridad de la población y, por conducto del secretario de la Defensa, podrá celebrar convenios de colaboración con las autoridades locales para la realización de acciones continuas en materia de seguridad pública, por un tiempo determinado.

Milenio

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