El descubrimiento de una refinería clandestina en Coatzacoalcos resultó ser un ejemplo nacional de complicidad, corrupción… ¡y eficiencia!

Ahí todos los días producían diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes, aceites tratados y combustóleo ligero. ¡Quien la hizo, no sólo es un criminal, sino también un chingón!

Más allá de la marginal actividad delictiva a la que se dedicaban –todos los días se comercian millones de litros de huachicol en todo el país-, la mini refinería resulta ser una afrenta para el gobierno federal y, en particular, para la gobernadora Rocío Nahle.

En el primer caso, porque exhibe la corrupción y complicidad al interior de Pemex. Si bien no hay pruebas aun de que personal especializado de la empresa esté involucrado en su construcción y operación, es difícil pensar en un proyecto así sin el trabajo de ingenieros y especialistas, sobre todo en una región petrolera como Coatzacoalcos.

El segundo asunto es el tema de la seguridad. Se supone que dadas las condiciones de violencia e inseguridad que hay en Coatzacoalcos, se han desplegado cientos de elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, la policía estatal y hasta municipal que todos los días realizan recorridos y sobrevuelos en la zona.

¿Cómo es que nadie se había dado cuenta hasta ahora? ¿Quién cuidaba las espaldas a los prósperos petroleros tabasqueños? Eso de tabasqueños, ahorita se los explico.

En el caso de la gobernadora Nahle el asunto se ha prestado a chunga. En principio, porque sucede en el estado que gobierna; dos, porque la mini refinería se encuentra en el municipio donde radicaba hasta antes de ser gobernadora; tres, porque a ella le llevó años y miles de millones de pesos construir la refinería de Dos Bocas, frente a un proyecto artesanal y eficiente que se convirtió en un rentable negocio.

El otro tema es que fue el gobierno federal y no el del estado, quien hizo público el hallazgo. ¿Acaso no confían en las autoridades del estado? ¿El operativo se realizó sin el conocimiento de las autoridades estatales?

Fue el secretario Omar García Harfuch, quien informó que tras acciones de inteligencia y sobrevuelos «se identificó una operación clandestina, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, que operaba sin los permisos adecuados y representaba un riesgo para los ecosistemas locales». Sin embargo, nadie fue detenido.

Harfuch agregó que tras hacerse el cateo de la instalación fueron recuperados además más de ¡¡500 mil litros de crudo!!, así como infraestructura para la producción destinada al mercado ilícito de combustibles.

¿Cómo le hicieron los tabasqueños para construir una planta en las narices de Pemex y del gobierno del estado sin que nadie se diera cuenta? ¿Quién proveía la materia prima? ¿A quién vendían lo que producían?

La verdadera historia de la mini refinería de Coatzacoalcos, versa más o menos así, según la crónica que se publicó este domingo en El Universal.

La minirrefinería de huachicol operaba con fachada de una planta de tratamiento de residuos industriales denominada Energía Ecorenovable, a cargo de Valentina Dionicio García, de origen tabasqueño.

De acuerdo con las investigaciones de autoridades federales, la empresa era manejada por personal especializado en petroquímica, el cual recibía petróleo crudo, lo procesaba y los distribuía transformado en diesel artesanal y nafta en el comercio ilegal en pipas.

Pero ni tan clandestina. Según el trabajo del periodista Ignacio Carvajal Esta empresa empezó a funcionar en 2018, coincidentemente al inicio del gobierno de López Obrador. La planta se dedicaría al reciclaje de residuos peligrosos, tales como aceitosos de hidrocarburos sucios y emulsiones y lodos aceitosos de origen.

«La empresa Energía Ecorenovable S.A de C.V, aparece dada de alta en Villahermosa, Tabasco, desde el 2012, por los empresarios Ramón Pérez Córdoba y Sandra Luz Villegas Abad, actualmente es administrada por Valentina Dionicio García».

Pero alguien les sugirió que el huachicol era mejor negocio y cambiaron de giro.

Al parecer, según información de autoridades federales, la planta dejó su vocación ecológica y se puso a recibir petróleo del huachicol para refinar hidrocarburos y producir «diesel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceite tratado o combustóleo ligero», publicó el Diario de Minatitlán.

Ayer domingo, El Universal publicó la forma en que pudo ingresar a la mini refinería:

“EL UNIVERSAL ingresó al inmueble ubicado en un predio arbolado a lado de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, en el que se observaron cinco contenedores con capacidad para 80 mil litros y tres instalados en un cerro, en el que almacenaban el petróleo crudo, que hasta el momento se desconoce la forma como lo obtenían.

La minirrefinería está compuesta por una estructura metálica de tres pisos, con tubos casi semioxidados, reactores en la parte baja, media y alta, y un cuarto de control de máquinas para el proceso para la elaboración de aditivos de combustible.”

Hasta ahora, las autoridades siguen el rastro a los propietarios de la empresa fachada de origen tabasqueño y su red de complicidades que le permitió operar esta infraestructura tipo artesanal, algo sin precedente en el país.

¿Hasta dónde va a “topar” este asunto?, según la presidenta Sheinbaum.

Mientras, las fuerzas vivas del pueblo bueno piden a los constructores de la mini refinería que se encarguen de Dos Bocas, a ver si ya empieza a producir sin costarle tanto dinero a los mexicanos.

¿A quién se le ocurre inundarse en fin de semana? ¿y la gobernadora? ¿Y el alcalde?

En redes sociales, algunos de los vecinos afectados por la inundación en el fraccionamiento de Valle Real narraron su experiencia. En cosa de minutos, la zona se hizo intransitable; las calles se colapsaron y se formó una intensa corriente que impidió salir de la trampa mortal.

Los vecinos quedaron atrapados lo mismo en sus viviendas que en algunos vehículos, mientras que desde los edificios más altos eran testigos de cómo la corriente arrastraba un par de carros particulares. Estaban en la absoluta indefensión en medio de la impotencia.

Quienes habitaban en la planta baja de los edificios afectados jamás imaginaron tener que lidiar con montañas de lodo al interior de sus viviendas. Como sucede en estos casos, algunos lo perdieron todo. Ninguno recibió ningún tipo de apoyo, salvo la solidaridad y el arrojo de sus vecinos, muchos desconocidos, que les permitieron ponerse a salvo en los pisos más altos.

Por desgracia, la lluvia torrencial del sábado dejó varias malas lecciones: los fines de semana no hay autoridades estatales ni municipales que atiendan emergencias; no hay programas de prevención en materia de protección civil ni capacidad de respuesta ante un desastre; y lo peor, los grandes negocios inmobiliarios de los últimos años nos están pasando factura, mientras los responsables –autoridades y desarrolladores- gozan de total impunidad.

Hasta la tarde del domingo, nadie sabía dónde andaba la gobernadora y ni los presidentes municipales de Xalapa y Emiliano Zapata. Lo mismo pasó en decenas de municipios –Pánuco, Alamo, Actopan, entre ellos- afectados por las torrenciales lluvias del viernes y el sábado.

La gobernadora sólo compartió un video donde informó que se había instalado el Comité Estatal de Emergencia, pero sin señalar acciones específicas para atender la crisis en varios municipios.

Si bien el alcalde xalapeño subió a las redes sociales una fotografía en palacio municipal simulando que se trataba de una reunión de protección civil celebrada el mismo sábado, lo cierto es que ninguna autoridad hizo presencia en la zona de Chedraui El Juguete y Valle Real, golpeaba por una grave inundación provocada por las lluvias del fin de semana.

En el gobierno del estado, ni la gobernadora Nahle ni la Secretaria de Protección Civil dijeron esa boca es mía ante el desastre que fue motivo de nota nacional. No hubo albergues, no hubo ayuda, no hubo apoyo de ningún tipo, en un desastre que afortunadamente sólo quedó en pérdidas materiales.

El segundo problema es que las autoridades municipales resultaron una nulidad. Todos sabíamos la cantidad de lluvia que habría de caer –y caerá en los próximos días- sin que haya una respuesta institucional.

El derrumbe del muro de contención de la lateral del puente de Lázaro Cárdenas fue una advertencia a tiempo que nadie escuchó. Incluso este domingo, seguíamos en la orfandad institucional e informativa sobre las tareas que tendría que realizar el Ayuntamiento para proteger a la población en zona de riesgo.

Y el tercer problema, es más importante, es que se debe realizar una investigación sobre los funcionarios municipales de Xalapa y de Emiliano Zapata que en el pasado otorgaron los permisos a los grandes desarrolladores que modificaron la orografía de la zona para la construcción de cientos de viviendas.

Si alguien pensó que un cauce era inofensivo porque en 20 años no había corrido una cubeta de agua, se equivocó. ¿Quién otorgó los permisos a los desarrolladores? ¿Dónde están los estudios y Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA)? ¿Cuál es la responsabilidad de las pasadas administraciones del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado? ¿Por qué nadie está investigando las causas del desastre del sábado por la tarde?

El mismo sábado, la fundación Salvemos el Agua se pronunció sobre el desastre, compartiendo en sus redes sociales una serie de fotografías donde se muestra el grave impacto ambiental que sufrió esta zona en los últimos 10 años.

En su mensaje, la fundación se cuestiona: a veces nos preguntamos ¿porque nos inundamos?

La respuesta es evidente, simple; hemos alterado los bosques y selvas originales, hemos destruido y contaminado las fuentes de abastecimiento de agua, alteramos los cauces naturales de los ríos, pensamos que tenemos la capacidad de hacer nuestra voluntad sin tomar en cuenta a la madre tierra, modificamos y destruimos los ecosistemas a nuestro favor sin darnos cuenta que el planeta tiene un ciclo natural y que tarde o temprano cobrará la factura de nuestra irresponsabilidad, como sucedió en el fraccionamiento Valle Real.

¿Quién se hará cargo del desastre? ¿Los mismos que hicieron el gran negocio?

Masacres en Tuxpan y Omealca: el recuento de la semana

Prácticamente, desde el inicio de la presente administración, no hay semana que no se cometa una masacre en el estado. El macabro recuento hoy alcanzó nuevamente a los municipios de Tuxpan y Omealca.

El jueves pasado, tres personas fueron asesinadas por arma de fuego en un domicilio del fraccionamiento Jardines. Lamentablemente una de ellas resultó ser Tania Namorado Ávila, nieta de Pericles Namorado Urrutia, exalcalde de Tuxpan y Procurador General de Justicia. Estos homicidios se sumaron al crimen del director del penal del municipio, ocurrido durante esta misma semana en la cabecera municipal.

De acuerdo con la información oficial, la movilización policiaca se originó en las inmediaciones de una vivienda de la calle Río Pánuco, ubicada en el fraccionamiento Jardines de Tuxpan. En el lugar se encontraron los cuerpos de Tania, su esposa y un familiar más.

El fin de semana, a orillas del rio en Río Blanco fueron localizados los cuerpos de cuatro personas originarias de Zongolica, y que laboraban en el anexo AA Nimiztlazohotla, y quienes estaban desaparecidas desde el pasado 16 de junio.

Una versión indica que, a petición de la familia de una persona, aparentemente adicta, el encargado del anexo Nimiztlazohotla, su auxiliar y dos jóvenes se dirigían a Comalapa para recoger a dicha persona y trasladarla al anexo, pero no llegaron por ésta ni volvieron a saber de ellos.

En ambos casos, a pesar de las líneas de investigación, no hay móvil, no hay detenidos, sólo impunidad.

¿Cuánto más se mantendrá la actual Fiscal del Estado en el cargo?

 La ratonera

¿Qué habría pasado si en los tiempos del PRI se hubiera hecho una elección judicial con acordeones? ¿Si un gobernador hubiera denunciado a un periodista y un juez le hubiera ordenado dejar de ejercer su profesión, incluso en sus redes sociales? ¿Si una diputada federal hubiera acusado a una ciudadana porque en sus redes sociales publicó que el cargo lo debía a la influencia política de su esposo y un juez hubiera ordenado sancionarla?

Y así dicen que son tiempos de transparencia y de libertad. Que nadie se diga engañado después…