Lamentablemente para mal, el puerto de Coatzacoalcos no deja de ser un punto veracruzano de referencia negativa para el país.

Hace seis años, al inicio de la administración del ex gobernador Cuitláhuac García, el antiguo Puerto México fue noticia nacional por la masacre del centro nocturno “Caballo Blanco”, incendiado por presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la noche del 27 de agosto de 2019, reportándose un total de 30 personas muertas: 20 hombres y 10 mujeres, más 11 heridos.

Anteayer, el terruño adoptivo de la gobernadora Rocío Nahle volvió a sorprender a la opinión pública debido a que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, reveló que en la zona rural del municipio sureño había sido localizada una mini refinería dedicada a la producción artesanal de diésel.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 500 mil litros de crudo, así como equipo para el procesamiento de petróleo y una caldera.

A través de sus redes sociales, García Harfuch detalló que mediante labores de inteligencia de un equipo especial enviado al sur de Veracruz habían detectado una instalación irregular ubicada sobre la carretera Nuevo Teapa-Coatzacoalcos, a unos metros del complejo petroquímico La Cangrejera, de Pemex.

Detalló que en el lugar se halló maquinaria para la elaboración de diésel artesanal o alternativo, nafta ligera, solventes y aceites tratados o combustóleo ligero, operación que se hacía sin los permisos correspondientes y representaba un riesgo para los ecosistemas locales.

En el operativo participaron elementos de la Defensa, de Marina, de la FGR, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Gerencia de Coordinación e Inteligencia Logística de Pemex. Las corporaciones del gabinete de seguridad ejecutaron una orden de cateo y procedieron al aseguramiento del sitio. Pero, extrañamente, hasta el momento nadie ha informado sobre personas detenidas ni se ha dicho desde cuándo venía operando: si fue en el sexenio anterior del exgobernador Cuitláhuac García o en la nueva administración estatal de Nahle.

Sin embargo, apenas una semana antes, habitantes de Mundo Nuevo y de la cabecera municipal de Nanchital habían denunciado un fuerte olor a combustible durante las tardes, proveniente de una zona cercana al sitio. Algunas personas sufrieron dolores de cabeza e irritación en la garganta, y dos menores requirieron atención médica por problemas respiratorios, según reportaron algunos medios, entre ellos Infobae.

Pero, ahora, ha sucedido algo inédito: en redes sociales comenzó a circular un video en el que sicarios de un supuesto grupo armado autodenominado “Cobra” anuncia su aparición en Coatzacoalcos y zonas aledañas.

En la grabación, los integrantes del grupo armado encubierto –que aparecen encañonando a dos presuntas víctimas masculinos, semidesnudos y vendados de la cara– aseguran estar organizados por empresarios de la región con el supuesto propósito de combatir a bandas del crimen organizado que operan en la zona y que, afirman, han generado violencia y afectado la vida cotidiana de la ciudadanía.

El grupo “Cobra” declara que sus objetivos han sido seleccionados mediante labores de inteligencia, y que sus acciones no están dirigidas contra ciudadanos que viven y trabajan de manera honrada.

Llamó la atención que en el mismo video agradecen a las autoridades por haberles facilitado el retiro de cámaras de videovigilancia, lo cual –según señalan– les permite mayor libertad de acción en sus operaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial al respecto. La circulación de este video ha generado preocupación entre los habitantes de la región, quienes han exigido una pronta respuesta de las instancias de seguridad.

¿Acaso dejarán las autoridades del estado que ahora este supuesto grupo clandestino les resuelva el problema de la inseguridad en la zona sur de Veracruz? ¿Actuarán antes de que García Harfuch desenmascare al llamado grupo “Cobra”?

Síndica cordobesa exige pruebas de persecución política contra Edil Preso

En Córdoba se ha reactivado el tema del ex regidor noveno de ese ayuntamiento, Eduardo Mondragón, quien fuera detenido el 18 de octubre del año pasado como probable responsable del delito de violación agravada.

A través de un comunicado, la Fiscalía veracruzana dio a conocer en esa fecha sobre la captura del regidor independiente cordobés: “La Fiscalía General del Estado informa que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Eduardo Edwar ‘N’, Regidor Noveno del Ayuntamiento de Córdoba, como probable responsable del delito de violación agravada, cometido en agravio de una víctima de identidad resguardada. Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, será presentado en próxima audiencia inicial ante el juez de proceso y procedimiento penal oral para que defina su situación jurídica, dentro del proceso penal 680/2024”.

El caso del edil fue turnado al juez de control, a efecto de desahogar el proceso penal 680/2024.

Se trata del regidor que formaba parte de las comisiones de Policía y Prevención del Delito; Ornato, Parques y Jardines; Alumbrado Público, y Desarrollo Social, Humano y Regional. Por tanto, su captura causó cierto revuelo en la Ciudad de los Treinta Caballeros, sobre todo por tratarse de un funcionario público señalado por un delito tan grave como la violación.

Antes de esa denuncia, este personaje ya había sido denunciado por acoso. Los casos quedaron asentados en las carpetas de investigación 1251/2023 y 1252/2023.

Al final, el ex regidor de Córdoba fue detenido y puesto en prisión preventiva, en el penal de La Toma, del municipio vecino de Amatlán de los Reyes.

Este tema ha resurgido hoy debido a que un grupo de familiares y amigos del edil acusado acudió a las oficinas locales de la Fiscalía para exigir su liberación, recurriendo al trillado recurso de la politización, pues a los manifestantes se les ocurrió señalar a la síndica Vania López de orquestar una persecución política contra el regidor encarcelado, apuntando que se trata de un delito “fabricado”, en el que habrían metido las manos tanto la Fiscalía como el Poder Judicial.

Sin embargo, por mero sentido común cabe preguntar: ¿de verdad una síndica tiene tanto poder como para “fabricar” un delito y convencer a la Fiscalía y al juez de proceder contra otro edil? Vaya, ¡ni el presidente municipal se atrevería o lograría eso!

En estos tiempos resulta fácil recurrir a la “persecución política” para victimizar al detenido; sin embargo, el caso de Eduardo “N” no va más allá de un asunto penal; existen señalamientos de las verdaderas víctimas por acoso y violación, por los que el ex regidor tendrá que responder.

Por su parte, la síndica Vania López González anunció que tomará medidas legales contra quienes han emprendido una campaña de difamación en su contra, respecto a su presunta relación con este penoso caso del regidor Eduardo “N”.

La edil reiteró que nunca ha tenido interés o injerencia en este penoso asunto, por lo que son infundadas las acusaciones en su contra. “Es absolutamente falso que su servidora haya tenido participación, injerencia o influencia alguna ante los hechos que se le imputan, ni mucho menos he intervenido, directa o indirectamente, ante cualquier autoridad ministerial o judicial para promover acción alguna en su contra o a su favor”.

Ante los integrantes del Cabildo cordobés, la Síndica afirmó que lamentaba la situación que enfrenta la familia del regidor; sin embargo, reiteró que es totalmente infundada cualquier afirmación que la señale como parte de este delicado caso.

Y enfatizó: “recordemos que el que afirma está obligado a probar y, por el contrario, el hecho de atribuir conductas falsas a terceros solamente se incurre en difamaciones y calumnias, por lo que hago del conocimiento público que emprenderé las acciones legales correspondientes para evitar afectaciones a la imagen pública de mi persona y de esta autoridad”.

Ya veremos cuántos de los manifestantes terminan haciéndole compañía al regidor Eduardo “N”, si es que no prueban sus imputaciones contra la síndica y próxima regidora en la siguiente administración municipal 2026-2029.

Exdirectora administrativa exhibe a la presidenta del TSJE

Una vez finalizados 25 de 27 cómputos de la elección judicial en Veracruz –confirmándose que la magistrada huasteca Rosalba Hernández, por ser la que obtuvo la mayor votación (250 mil sufragios), será la próxima presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, superando por 152 mil votos a la actual titular Lisbeth Jiménez–, la que no perdió oportunidad de cobrarle sus afrentas a su ex jefa fue Joana Marlen Bautista Flores, ex directora de Administración del TSJE.

Ayer, en su cuenta de Facebook, la ex funcionaria que fue destituida y denunciada por la presidenta de Poder Judicial del Estado por presuntos desvíos millonarios, publicó el siguiente comentario en contra de la magistrada Jiménez:

“Una corrupta ella y sus secuaces.

“A mí me pedían 150 mil para viáticos y facturaban otras cosas, se lo gastaban en antros, borracheras y arreglo personal, siempre decía que diario necesitaba outfits nuevos. Como no acepté más, me hizo la vida imposible. Las cosas caen por su propio peso y la verdad siempre sale a la luz.”

¡Pácatelas!

Jueves rojo

Bastante trágico resultó este jueves en materia de seguridad.

En el puerto de Tuxpan, al norte del estado, fue asesinada Tanya Namorado, hija del ex alcalde tuxpeño y ex procurador general de Justicia del Estado, Pericles Namorado Urrutia. Fue ultimada junto con su esposo Jaime Sánchez Rosales y la señora Magaly Rosales, en su residencia ubicada en la calle Río Pánuco, del fraccionamiento Jardines de Tuxpan. Los tres cadáveres presentaban múltiples heridas con arma blanca y signos de tortura.

Y, en el municipio de Omealca, en la zona centro de Veracruz, fueron localizados tres cuerpos a orillas del Río Blanco, a la altura de la comunidad de Xúchiles.

Hasta la hora de escribir esta columna se desconocía la identidad de las tres víctimas, pero se presumía que podrían ser las tres personas reportadas como desaparecidas desde el lunes 11 en Comalapa, congregación del municipio serrano de Zongolica.

Presuntamente pertenecían al centro de rehabilitación Nimiztlazohotla, A.C.