Ayer, el diario Reforma destacó en su portada que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga por presunto lavado de dinero y comercialización ilegal de combustibles a la naviera Marinsa de México, una de las principales contratistas de Pemex el sexenio pasado

Marinsa es una naviera con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, que cuenta con una flota de ocho barcos de servicios petroleros y operaciones en nueve países. Su principal accionista es José Luis Zavala Solís, hijo del empresario José Luis Zavala Navarrete, fundador de Cemza, de la que Marinsa es subsidiaria.

El diario capitalino citó que un dictamen contable de peritos de la FGR detectó que del 2019 al 2022 la naviera recibió depósitos de más de 22 mil millones de pesos: 12 mil 685 millones de pesos y 512 millones de dólares –10 mil 705 millones de pesos–, que no tienen documentado un origen lícito.

Este caso seguramente va a reforzar las especulaciones acerca de un inminente rompimiento político entre la actual presidenta Claudia Sheinbaum y su antecesor Andrés Manuel López Obrador, ya que la naviera bajo investigación estuvo asociada en la administración anterior con una empresa propiedad de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del ex mandatario y candidata fallida de la coalición del Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Ciudad del Carmen, Campeche, en 2012.

Sin embargo, desde el 4 de diciembre 2020 –al año de iniciada su administración–, el entonces presidente López Obrador pidió al director general de Pemex, Octavio Romero, que se investigara a la empresa de su prima Felipa. Estas fueron las razones: la empresa Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Obrador Olán, había recibido de la petrolera del Estado mexicano contratos por adjudicación directa que sumaban más de 365 millones de pesos, según había revelado el reportero Mario Gutiérrez Vega, de Latinus, un día antes.

Al ser cuestionado al respecto en la conferencia de prensa mañanera, López Obrador aseguró que no tenía conocimiento de este asunto “con exactitud”, pero comentó que el director de Pemex, Romero Oropeza, informaría sobre este asunto.

“Si un familiar hace algo indebido pues se le debe de juzgar, aunque se trate de un hijo, ¡ya ven cuánto queremos los padres a los hijos! No se protege a nadie… ¿Y en donde salió esta información? ¿Reforma, El Universal…? ¿dónde?”, inquirió, y cuando le respondieron que “fue una investigación de Carlos Loret”, contestó: “¡Ah no, pues sí, muy objetivo, muy profesional!”, sonrió burlón.

Después leyó la carta que envió el 13 de junio de 2019 a todo el gobierno federal, en la que, entre otros puntos, señaló: “No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus ‘recomendados’. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante”.

El contrato que en 2019 había obtenido la empresa de la prima de López Obrador en propuesta conjunta con Marinsa de México SA de CV y Maren Marine Energy S.A.P.I de CV fue para inyectar productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la Península de Yucatán. Su monto era por 231 millones de pesos y estuvo vigente hasta diciembre de 2022.

Pero la empresa de Obrador Olán, creada en marzo de 2006, recibió también contratos de menor monto, sin concurso ni licitación, del Instituto Mexicano del Petróleo, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, del IMSS y el ISSSTE.

Además, en la administración priista del ex presidente Enrique Peña Nieto recibió alrededor de 25 contratos.

Casualmente, de acuerdo con una denuncia anónima que dio lugar a la investigación de la FGR durante el sexenio de Peña Nieto, la empresa de Zavala Solís fue señalada por autoridades locales por el presunto huachicol y nexos con Pemex para traspasar combustible a barcos desde sus instalaciones en Isla del Carmen.

“Se alertó por patrones de transferencias de fondos entre clientes y entidades externas por 8 operaciones con montos entre 3 millones 500 mil moneda nacional y 18 millones 664 mil 723 moneda nacional, operación incongruente reportada por el esquema de huachicol, lavado de dinero y corrupción, riesgo de probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal”, dice el documento obtenido por el diario Reforma.

Según el diario capitalino, dicho reporte entregado a la FGR refería que el empresario campechano asociado con la prima de AMLO es una persona “de alta prioridad por la inusualidad de sus operaciones”, porque sus cuentas se fondean entre sí y recibe recursos de otras empresas de Cemza, como Ocean Marine y Servicios Marinos del Sureste.

Con base en esta denuncia anónima, la FGR abrió una investigación en la que en febrero de este año dictaminó el origen y la legalidad de los ingresos de los imputados.

Según información gubernamental a la que tuvo acceso Reforma, desde el 2020 a la fecha la FGR ha iniciado las carpetas de investigación FED/SEIDO/UEIARVCAMP/0000464/2020 y FED/FEMDO/UEIARVCAMP/0000891/2022.

Ambas fueron abiertas por la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos, que es parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Dos eventos detonaron las indagatorias: el primero fue la captura en el Golfo de México del buque Go Canopus, operado por Marinsa, filial de Grupo Cemza, con 450 mil litros de combustible supuestamente ilegal, el 23 de mayo de 2020.

El otro fue la revelación de que la prima del ex presidente López Obrador, había ganado contratos por 231 millones de pesos en Pemex, en sociedad precisamente con Marinsa.

Según informes ministeriales, la Fiscalía al final archivó por falta de elementos la investigación por el caso del buque; sin embargo, el 25 de noviembre de 2022 alguien que dijo ser de un “despacho público” hizo una denuncia anónima en la FGR, que dio lugar a que tres días después se reabriera otra indagatoria.

Lo inusual del texto es que contaba con información detallada de las pesquisas que ya había llevado a cabo la Fiscalía. Dicha denuncia cita como antecedente la carpeta de investigación iniciada en 2020 en contra Zavala Solís y Rodrigo Cortínez Zavala, así como Grupo Cemza, Marinsa, Naveste y Pescasur, todas sociedades anónimas de capital variable.

Eva Barrientos Zepeda se posiciona en 7 estados

La abogada xalapeña Eva Barrientos Zepeda, quien actualmente se desempeña como magistrada presidenta interina de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, decidió someterse a la prueba de las urnas para reelegirse en la misma magistratura federal en las elecciones judiciales del 1 de junio próximo.

En su caso, la contienda está resultando extenuante, pues debe autopromoverse en los siete estados que integran la tercera circunscripción electoral: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, en los que hasta ahora ha ido posicionándose por su impecable desempeño como magistrada.

Su experiencia la avala, pues en 2015 fue designada por el Instituto Nacional Electoral (INE) como Consejera Electoral del Organismo Público Local Electoral (OPLE) del Estado de Veracruz, y cuatro años después, el 28 de marzo de 2019, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nombró Magistrada de la Sala Regional Xalapa correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Es Licenciada en Derecho con Mención Honorifica, Doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana (UV) en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Especialista en Valoración Racional de la Prueba y Óptica de la Perspectiva en Género por la Universidad de Girona, España.

Laboró en el Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la Sala Superior y en la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde colaboró en dos sentencias galardonadas por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en 2015.

Es Catedrática por oposición de la materia de Derecho Electoral a nivel licenciatura de la UV, de la materia de Derecho Electoral a nivel posgrado en la Universidad de Xalapa, titular del Seminario de Investigación II e integrante del comité doctoral en Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, modalidad mixta, primera generación. Ha colaborado en distintos libros y realizado diversas publicaciones de artículos.

Pero además de su preparación académica, como magistrada doña Eva Barrientos ha logrado un plus invaluable entre los juzgadores que buscan repetir en sus cargos: ha ganado fama de ser incorruptible y de resistir todo tipo de presiones y tentaciones de los grupos de poder y de sus operadores políticos.

Aparecerá con el número 02 en la boleta color melón de la elección judicial federal.