Casi a la par de la salida de Ignacio Ovalle Fernández de la hoy desaparecida empresa estatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el 18 de abril de 2022 trascendió también que el gobierno de México había disuelto una unidad antinarcóticos de élite que durante 25 años había trabajado coordinadamente con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en el combate al crimen organizado, lo que se consideró un duro golpe a la cooperación bilateral en materia de seguridad nacional.

El cambio de Ovalle Fernández a la coordinación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación, generó más suspicacias porque fue sustituido en Segalmex por Leonel Cota Montaño, quien se desempeñaba como secretario técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La designación de Cota Montaño, más que por la indagatoria de la Secretaría de la Función Pública de una red de corrupción dentro de Segalmex –en cuyas empresas Diconsa y Liconsa la Auditoría Superior de la Federación había detectado tan sólo en la Cuenta Pública 2020 posibles irregularidades por 8 mil 600 millones de pesos–, parecía haberla propiciado otra investigación mucho más grave que se llevaba fuera de México.

A mediados de febrero de ese mismo año, en Miami, Florida, la DEA y el FBI desclasificaron documentos judiciales sobre el caso de Alex Saab, un empresario multimillonario de origen colombiano que el gobierno de Estados Unidos consideraba el principal testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo cuya protección hizo jugosos negocios que se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de ayuda humanitaria.

En esta trama se involucró casualmente a Segalmex que dirigía Ovalle Fernández, quien como director del Instituto Nacional Indigenista (INI), entre 1976 y 1982, fue el primer jefe del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Noticias Caracol, de Colombia, reveló el 25 de octubre de 2021 que el FBI realizaba una investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Saab importaba de México para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.

El reportaje señalaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), creados en abril de 2016 y administrados por algunos militares jubilados adeptos al régimen de Maduro que son señalados por sus nexos con el narcotráfico y tráfico de combustible, eran usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz –gobernado entonces por el morenista Cuitláhuac García, incondicional de López Obrador–, donde la carga de cocaína era descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados, y que luego estos mismos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en territorio venezolano.

Los investigadores encontraron también empresas en México que fueron suplantadas como supuestas proveedoras de toneladas de leche en polvo, que en realidad nunca se negociaron con Venezuela.

En noviembre de 2021, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad –una asociación civil ligada al empresario anti 4T Claudio X. González y financiada parcialmente con recursos del gobierno de Estados Unidos, lo que motivó fuertes reclamos del ex presidente López Obrador al embajador norteamericano Ken Salazar– descubrió que Saab había movido 64 millones de dólares en víveres a través de empresas fantasma, paraísos fiscales y compañías mexicanas.

Este caso lo conoció el entonces senador republicano de origen cubano Marco Rubio, hoy flamante secretario de Estado de EU que está por visitar México y que anteayer no sólo declaró que el gobierno de Donald Trump no reconoce al venezolano Nicolás Maduro como presidente, sino que además calificó de “enemigos de la humanidad” a Cuba, Venezuela y Nicaragua, los regímenes más antidemocráticos y autoritarios del continente americano aliados y auspiciados por la 4T mexicana.

El ‘Arqui’ Gabriel Guzmán se encomendó a la candelaria

El domingo pasado, 2 de febrero, el mero día de la celebración de la virgen de La Candelaria, la santa patrona de El Chico, una de las principales congregaciones del municipio de Emiliano Zapata, el arquitecto Gabriel Guzmán Reyes fue bien recibido en casa de la familia del agente municipal Pino Báez, un buen hombre muy respetado por su comunidad que lo ha reelegido.

Ahí, el “Arqui”, como es popularmente conocido en Carrizal, donde reside, y en otras congregaciones y rancherías, compartió el mole casero, los tamales, las carnitas y los chicharrones que la familia Báez ofreció a decenas de comensales invitados.

Guzmán Reyes es de los muy pocos aspirantes de Morena a la alcaldía de Emiliano Zapata que no ha parado de caminar por todo el territorio de este municipio conurbado a Xalapa, acercándose a la ciudadanía y a los militantes de su partido, los cuales habrán de definir mediante encuesta la candidatura.

Por cierto, salvo el “Arqui” Gabriel Guzmán, el abogado Víctor Peña –quien también trae una fuerte estructura y un equipo profesional de comunicación– y el doctor en Sociología, Edgar Eduardo Ruiz Cervantes, originario de la comunidad de Los Pinos, que colinda con El Roble, y actual director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, en Emiliano Zapata poco se sabe de los otros treinta y tantos aspirantes que se registraron por Morena para la candidatura a la presidencia municipal.

Vamos, ni las mujeres que aspiran a la alcaldía zapatense –que presuntamente llevarían ventaja por cuestión de género– se han hecho sentir. Francamente están pasando inadvertidas. Seguramente le apuestan a la avasalladora fuerza de la marca electoral “Morena”. Sin embargo, primero deben ganar la encuesta.

El otro aspirante bien posicionado es el ex delegado del ISSSTE, Renato Alarcón Guevara, quien en 2021 contendió por la alianza PRI-PAN PRD y que ahora busca ser postulado por las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en alianza con Morena. Pero, según el convenio de coalición, en Emiliano Zapata le toca postular al partido guinda.