Este sábado, al cumplirse el plazo para la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos contra México y Canadá, la Casa Blanca emitió un comunicado histórico y demoledor:

“Los cárteles mexicanos son los principales traficantes de fentanilo, metanfetaminas y otras drogas del mundo. Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de los Estados Unidos”.

Y la acusación de esa “alianza” entre cárteles y gobierno, es una clara señal de que el presidente estadounidense quiere que se le entreguen cabezas de capos y funcionarios federales, locales y municipales, o cualquier servidor público mexicano que presuma ligados al narcotráfico.

En un comunicado posterior, la Casa Blanca aseguró que “El gobierno mexicano ha proporcionado refugios seguros para que los cárteles se involucren en la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos”.

A pesar de la evidencia contundente, no hay nada que ofenda más a la Cuarta Transformación que lo tachen de narcogobierno. Hoy esa acusación hecha desde el gobierno más poderoso del mundo podría significar el principio del fin de su movimiento.

Estados Unidos está aplicando al gobierno y al país, la misma dosis que nos impuso la 4T como propaganda política. Así como López Obrador desmanteló a las instituciones del Estado -incluido al Poder Judicial- bajo la farsa de la corrupción, Trump ha iniciado una guerra comercial y una racista persecución migratoria utilizando la excusa del narcotráfico.

Aunque absurdas, fuera de lógica y rompiendo la frontera de la legalidad, las acciones aquí y allá han resultado irrefutables para una opinión pública harta de la corrupción y el narcotráfico, entregada además a la propaganda de los supuestos libertadores de estas plagas. El problema es que en ambos lados se trata de una trampa.

La presidenta Sheinbaum, su gobierno y Morena no encuentran respuestas. No tienen la más peregrina idea cómo responder a los aranceles impuestos, a la eventual deportación de cientos de miles de paisanos y peor aún, las acciones militares y de inteligencia que puedan tomar los Estados Unidos.

Señalados de corruptos, autoritarios, ignorantes, arribistas y de encabezar los peores gobiernos, López Obrador y su herencia han utilizado la misma respuesta: es la resistencia –“están muy enojados”, dicen una y otra vez- de los grupos ‘conservadores’ que ven afectados sus intereses. Pero el “pueblo bueno” es mucha pieza y saben que no somos así.

Esa narrativa le sirvió a López Obrador para alcanzar la presidencia de la república, la mayoría de las gubernaturas del país, cientos de gobiernos municipales y, lo peor, para desmantelar a prácticamente todas las instituciones del Estado, empezando por la ruptura del equilibrio de poderes.

En ese camino, el acuerdo que tuvo López Obrador con los cárteles de la droga fue fundamental. Difícilmente hubiera podido financiar su movimiento sin los millones de dólares que recibió de las organizaciones criminales, como se presume en las investigaciones que han realizado los norteamericanos y que Joe Biden habría detenido por no confrontar al entonces presidente. Y así se la llevaban… hasta hora.

Pero llegó Trump y todo cambió. Han empezado a llamar las cosas por su nombre e iniciado una feroz envestida comercial, diplomática y de seguridad que podría derivar en acciones de tipo judicial y hasta militar. Y en la red podrían quedar atrapados personajes claves del morenismo.

Así como los gringos sabían exactamente dónde estaba el Mayo Zambada y cómo llevárselo a Estados Unidos sin que el gobierno de México se enterara, así tienen toneladas de información privilegiada que Trump no piensa administrar, sino que la utilizará para justificar todos los actos que legitimen su gobierno.

Nadie, tal vez ni los propios gringos, tienen idea de la cloaca que se está destapando y la reacción que habrá de la delincuencia organizada que, dicho sea de paso, está más organizada que el propio gobierno morenista. Si hay una respuesta violenta y contundente, vendrá del narco, no del gobierno.

Un caso clave fue el culiacanazo. Al gobierno le llevó largos meses para organizar la operación y dar con el paradero del hijo del Chapo Guzmán. Una vez detenido, a los chapitos les bastó unos minutos para organizar una ofensiva que terminó en la inmediata liberación del capo.

Ahora será distinto. Ya no está Biden para aceptar la entrega del General Cienfuegos u otros personajes de alto nivel. Los gringos ya tienen al Chapo y al Mayo. Los siguientes en la lista podrían ser morenistas de altos vuelos como los gobernadores de Sinaloa y de Tamaulipas, sin olvidar a personajes como Cuauhtémoc Blanco y Salgado Macedonio.

¿Quién de los morenistas está a salvo? ¿Por quién metería las manos al fuego la Presidenta Sheinbaum? ¿Hasta dónde está dispuesta a conceder la presencia de agentes norteamericanos en territorio nacional? ¿Cuál es la cooperación que exige Estados Unidos y cuál la que el gobierno mexicano está dispuesto a ofrecer?

Por lo pronto, con la imposición del 25% en aranceles, vendrá una escalada de precios, el crecimiento de la inflación, la depreciación del peso frente al dólar y, como lo anticipan algunos analistas, un periodo de recesión.

La pregunta es: Y después de los abrazos… ¿qué sigue?

 López Obrador romperá con Sheinbaum y no al revés

En repetidas ocasiones, los más diversos actores políticos, incluso dentro de Morena, han sugerido a la presidenta Sheinbaum que, con la crisis ante Estados Unidos, ha llegado el momento de que tome distancia respecto de López Obrador e inicie su propio gobierno.

Por supuesto, nadie habla de ruptura… salvo el propio López Obrador.

En un artículo publicado este domingo por Ricardo Pascoe, uno de los fundadores del PRD y ex embajador de México en Cuba, sugiere que ese rompimiento está por venir a partir de una nueva estrategia de seguridad, en la que no habrá más acuerdos con la delincuencia organizada.

“Cualquier tipo de diálogo con las organizaciones criminales es un espejismo. Siempre sale mal” dijo Omar García Harfuch. Esto ocurrió ante una plenaria con diputados de Morena en la Cámara de Diputados, acompañado por Ricardo Monreal, el viernes pasado.

“Romper con la política de su sexenio de abrazos, no balazos, amenaza con romper “la alianza entre gobierno y pueblo” y abre la posibilidad de una insurrección ciudadana contra el gobierno, interpreta López Obrador en un documento entregado a los senadores en diciembre pasado, ya con Claudia Sheinbaum en funciones.

Según Pascoe, las dos políticas radicalmente diferentes sobre cómo enfrentar el narcotráfico prefiguran una ruptura entre un sexenio y otro. La política propuesta por García Harfuch de confrontación y contención del narcotráfico rompe con la filosofía de “abrazos, no balazos”.

Y, en su opinión, esto arrastraría a muchos personajes.

“No sólo hay una guerra de alta intensidad en esa zona del país, también hay una exposición pública de la verdadera complicidad de los altos mandos de Morena con el cártel de Sinaloa, aún en sus dos grandes vertientes (Chapitos y Mayo Zambada). El gobernador Rocha es, aparentemente, el punto focal de esa relación y, por tanto, si cae él, caerán muchos otros.

En uso pleno de lógica, y por obvias razones de seguridad interna, Morena no tiene cómo deshacerse de Rocha sin delatarse. La Presidenta ya dijo que no le toca destituir a gobernadores.”

Pascoe remata: ¿Y Andrés Manuel López Obrador? Agazapado, por lo pronto, en espera de noticias del Imperio. Y observa cómo el gobierno maneja la situación de la reversión de las políticas de su sexenio. El símbolo de esa corrección en la política de seguridad se encarna en la figura de Omar García Harfuch y la desaparición de la política de “abrazos, no balazos”.

Será López Obrador quien rompa con Sheinbaum y no al revés. El cisma está por venir.

 Destapan la cloaca en la SEV

Cuando toda la atención se había centrado en las acusaciones mutuas entre el ínclito Zenyazen Escobar y su ex Oficial Mayor Ariadna Aguilar respecto de las denuncias por más de 200 contratos de empresas «fantasma» que se hicieron cuando él precisamente era el titular de la SEV.

Zenyazen dijo estar de acuerdo con que se investigue a su ex colaboradora, lo que significó un reconocimiento implícito de que las transas sí existieron, pero se defendió diciendo que «él nunca vio nada» y que los contratos nunca pasaban por su oficina.

A pesar de que todo sucedió en la administración anterior, la declaración de Zenyazen no sólo fue cínica y autoincriminatoria, sino que desató la primera crisis en el gobierno de Rocío Nahle, sobre todo por la respuesta de que Aguilar, quien dijo que el actual diputado federal estaba al tanto de todo, lo que sonó a estar dispuesta a “soltar toda la sopa”.

Y en esas estábamos, cuando ¡zas!, el jueves pasado se informó de la renuncia de la actual Oficial Mayor, María Esther Reyes González, una funcionaria de amplia experiencia quien se había desempeñado como tesorera de Sefiplan, en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, y como directora de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa.

La ahora exfuncionaria estatal, fue nombrada por la propia gobernadora Rocío Nahle como parte de su gabinete ampliado el 15 de noviembre del 2024, cuando dio a conocer el grupo que trabajaría desde la SEV.

Es decir, las grillas y los conflictos no le asustaban. De hecho, ese mismo día recibió una catarata de reconocimientos de propios y extraños respecto de su perfil profesional, lo que dejó la impresión que, ante las transas e irregularidades que había encontrado, era más fácil relevarla que iniciar una serie de denuncias en contra de los ex funcionarios.

Por supuesto, la remoción no fue del agrado de Claudia Tello, pero se disciplinó. Ese mismo día anunció que se quedaba en su equipo de trabajo. Fue el primer golpe a la nueva secretaria en medio de un intrincado proceso de entrega-recepción.

La llegada de María Esther Reyes fue un calvario desde el inicio, ante la resistencia de Ariadna Aguilar, quien se asumía con los contactos necesarios para mantenerse en el cargo. A ello se fueron sumados los conflictos con los sindicatos, particularmente en el tema de la educación indígena.

Pero un personaje que no había sido mencionado en este culebrón es el Secretario de Finanzas Miguel Reyes Hernández, quien desde semanas atrás había solicitado a la gobernadora del estado que el nombramiento de Oficial Mayor de la SEV recayera en José Ramón Cardona, quien se desempeñaba como director General de Coordinación y Vinculación Hacendaria de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz.

Hasta ahora el nombramiento no se ha hecho oficial, lo que podría dar espacio a un tercero en discordia. La gobernadora quiere conceder la petición a su secretario de finanzas, pero no quiere que el relevo se interprete como un manto de impunidad a la corrupción del pasado inmediato, con el sacrificio de una funcionaria con excelentes cartas credenciales.

Por lo pronto, la SEV está bajo el escrutinio público, como una muestra de la tolerancia o determinación que podrá tener la gobernadora ante los casos de corrupción en el gobierno anterior y en el actual.

La ratonera

La noche del domingo 2 de febrero se venció el plazo para el registro de alianzas electorales. A la hora de cerrar esta crónica, no había noticias del acuerdo Morena-PT. Tampoco entre el PAN y el PRI. El Verde está más que amarrado, lo que lo colocaría como tercera fuerza política por el número de candidaturas que encabeza, atrás del PAN que mantiene su voto duro. Movimiento Ciudadano aspira a pelear la tercera posición. Si van solos, el PRI y el PT estarían ante la posibilidad de perder el registro.