Boletas ‘gigantes’ con decenas de nombres o un bonche de hasta nueve papeletas sólo para un mismo cargo, el doble de urnas, el diseño exprés de una nueva cartografía electoral y el aumento del 20% en el sueldo de capacitadores para retenerlos y no renuncien a medio proceso, son los principales rubros que elevan el costo de la elección judicial.
Diseñar una elección inédita y con bases tan complejas en tan sólo unos meses, es lo que dispara el costo del proceso judicial en comparación con una elección ‘tradicional’, pues casi triplica los cargos en disputa en la pasada elección federal de este 2024.
Con la parálisis en el Instituto Nacional Electoral (INE) ante casi 300 suspensiones judiciales que le impiden avanzar en la organización, las áreas técnicas siguen trabajando internamente diferentes escenarios para remediar la complejidad que la reforma judicial dejó en sus manos resolver, y que el Consejo General deberá definir una vez que puedan retomar el proceso.
El primer paso a resolver es el de la cartografía electoral, pues como este medio detalló desde el 10 de octubre, los distritos electorales no coinciden con los judiciales, por lo que los consejos que operarán para la elección de juzgadores, tendrán que ser reconfigurados o dividirse secciones o compartirlas con otras entidades. La última cartografía electoral le llevó al INE tres años y ahora, deberán diseñar una exprés en sólo unas semanas.
Una vez que esto se defina, viene la distribución de las casillas y, por lo tanto, de las boletas que se distribuirán en cada una. MILENIO confirmó que uno de los estudios más complejos en las áreas técnicas es el diseño de las boletas que van desde propuestas que hablan de papeletas mucho más grandes.
Pues algunas implicarían la información equivalente a 10 cargos de cualquier elección ahora en una sola, o de lo contrario, dividirlas, lo que implicaría un bonche de papeletas casi como un cuadernillo.
Cualquier propuesta tiene sus complicaciones no sólo económicas, sino también al momento de votar.
Por ejemplo, si se toma sólo el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata de nueve cargos que se tendrán que elegir por cada uno, a la boleta llegarán tres perfiles de cada Poder de la Unión, es decir, nueve candidaturas para cada silla de ministro, o sea, 81 candidaturas en total.
Cuando la pasada elección, cada boleta incluyó hasta siete recuadros, uno por cada partido con registro nacional.
Como ninguna ley secundaria hasta ahora, detalla cómo se deben dar el voto en las boletas, una de las propuestas es que los 81 nombres aparezcan en una sola y cada votante elija ahí mismo a cinco mujeres y a cuatro hombres, y quienes obtengan más votos asuman cada silla de la Suprema Corte.
Otros consideran que si el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial enviará tres finalistas por cada una de las vacantes, entonces es mejor dividirlas. Y así, cada votante recibiría nueve boletas con nueve nombres cada una, previamente divididas por género. Y de cada boleta habría una candidatura ganadora, pero esto implicaría que haya nueve urnas distintas sólo para la elección de la Corte.
El INE será el que tendrá que determinar la forma en que los Comités de Evaluación de cada poder deberá entregar sus 27 candidaturas finalistas para nueve ministras y ministros, de las cuales, algunas se podrían repetir.
Pero de ser éste el caso, esas personas tendrían que aparecer dos o tres veces en la boleta, pues la ley indica que la boleta debe especificar el nombre de la candidatura y el Poder de la Unión que la postula.
Si esto se compara con la elección federal pasada, se exhibe cómo un solo cargo la triplica. Pues en junio pasado, cada persona recibió tres boletas para emitir tres votos: una persona para la Presidencia de la República, una fórmula de senaduría según la entidad a la que pertenecía y una diputación federal correspondiente a su distrito.
En este caso, sólo para la Suprema Corte cada votante deberá elegir a nueve personas.
Si se toman sólo los cargos fijos a renovar, mientras en la elección federal de 2024 se eligieron en las urnas a una presidencia de la República, a 32 fórmulas para el Senado y a 300 diputaciones federales, es decir 333 cargos; en la judicial habrá 881: nueve para la Suprema Corte, dos para la Sala Superior y 15 para las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cinco para el Tribunal de Disciplina, 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados distritales. Cada uno con decenas de nombres que obligarán a un diseño diferente de boletas.
“Las boletas serán muy diferentes a las que estamos acostumbrados”, dijo en entrevista radiofónica el exministro y actual coordinador de Gobierno y Política de la Presidencia dela República, Arturo Zaldívar.
Pero además, esto implica a su vez, al menos, el doble de casillas para que se depositen cada una de las boletas si se dividen sólo por institución a renovar y no por cargo. Pues en la elección federal, se colocó una casilla para la Presidencia de la República, una para senadurías y una para las diputaciones federales.
Mientras que en la judicial habría seis: para la SCJN, para el TEPJF, para salas regionales, para Tribunal de Disciplina, para magistraturas de circuito y para juzgados federales.
Aunque el INE no ha podido explicar detalladamente su presupuesto ante las suspensiones judiciales que se lo impiden, un documento en poder de MILENIO distribuido entre el Consejo General y que se entregará a la Cámara de Diputados y a la Presidencia de la República, señala el desglose del presupuesto de 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos que solicitan para esta elección.
Ahí detalla que el segundo rubro más elevado, que implica la tercera parte del total, es precisamente el que se relaciona con la producción del material electoral, su almacenamiento y distribución por su gran volumen, y el programa para elegir los centros de votación que deberán ser más grandes que en el anterior proceso electoral, para lo que el INE pide cuatro mil 552 millones 699 mil 660 pesos.
Mientras que el rubro más costoso, la mitad del total, por seis mil 830 millones 149 mil 223 pesos, es para la Dirección de Capacitación Electoral, Educación Electoral y Difusión Institucional para contratar al menos 50 mil 500 Capacitadores Asistentes Electorales y Supervisores Electorales que recorrerán millones de casas en todo el país.
Para pedir a la ciudadanía que acepte integrar al menos 172 mil 696 casillas y contar los votos de sus vecinas y vecinos.
Considera un incremento del 20 por ciento en los sueldos de este personal, pues los bajos salarios generaron una crisis en la pasada elección 800 vacantes a tan sólo unas semanas de la jornada electoral, pues preferían renunciar y sumarse al Inegi o a encuestadoras privadas que ofrecían mejores condiciones. Por lo que se plantea aumentar de 10 mil a 12 mil pesos los sueldos.
Además, de equipo de telefonía con red celular y satelital, para que puedan tener comunicación en zonas de riesgo y alimentar el sistema de información, así como enviar los resultados el día de la jornada para los conteos rápidos.
Otros de los rubros relevantes y que el gobierno federal podría reconsiderar, son 31 millones de pesos para arrendar plantas de emergencia eléctrica, que históricamente la Comisión Federal de Electricidad aportaba al INE y que desde 2018 le cobra.
Además de una bolsa de mil 39 millones de pesos para remuneración al personal por altas cargas de trabajo y que se eleva porque la mitad, contempla un bono de dos meses de sueldo para altos funcionarios, que no se aplicaba desde 2012, pero que la consejera presidenta Guadalupe Taddei decidió revivir para la elección presidencial y ahora para la judicial.
Milenio
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