La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, consideró que la impunidad prevalece en la gran mayoría de los casos de desaparición forzada en Veracruz, ya que son pocos los servidores públicos a los que se sancionó desde el 2016 por incurrir en ese delito.

Durante su participación en el conversatorio “Derechos Humanos, búsqueda y justicia para víctimas de desaparición forzada” que organizó la UV en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada que se celebra el 30 de agosto, Matzumoto Benítez dijo que solo se ha sancionado a un servidor público por el delito de desaparición forzada y a otros cuatro por la falta de debida diligencia para investigar una desaparición a pesar de que se iniciaron 162 procedimientos de responsabilidad como resaltado de 220 recomendaciones emitidas por la CEDH.

“La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, desde 2016 a la fecha, ha emitido 25 recomendaciones por desaparición forzada, se han abierto 23 procedimientos de responsabilidad motivo de esas 25 recomendaciones, de esos 23 que se han abierto solo han sido concluidos 16, pero eso no es lo grave, lo grave es que solo un servidor público ha sido sancionado”, eso es lo verdaderamente grave.

De las recomendaciones por la falta de debida diligencia para investigar una desaparición, hemos emitido 195 recomendaciones, se han abierto 139 procedimientos, se han concluido 68 procedimientos de responsabilidad y solo se ha sancionado a cuatro servidores públicos”, detalló.

En ese sentido, la Maestra en Sicología Jurídica y Criminología manifestó que existe un grave problema de impunidad en Veracruz por los casos de desaparición forzada, ya que los responsables de ese delito permanecen sin castigo.

La presidenta de la CEDH señaló que hay una falta de reparación a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, además manifestó que la autoridad les criminaliza en ocasiones con frases como “les ocurrió porque andaban en malos pasos”.

Namiko Matzumoto Benítez aclaró que los familiares de las víctimas de desaparición no deben de suplir a la autoridad en sus funciones, ya que a ésta le compete investigar y buscar a las personas.

Por último, Matzumoto Benítez indicó que el problema de la desaparición forzada de personas requiere la acción de las autoridades de los tres órdenes de gobierno relacionadas con ese tema.

AVC

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