¿Cuántas páginas merece uno de los capítulos más oscuros del Japón de la posguerra? El Parlamento nipón decidió que 1.400 páginas es lo que da de sí una extensa investigación que detalla cómo 16.500 personas, incluidos niños de nueve años, fueron víctimas de esterilizaciones forzosas, mientras que otras 8.500 dieron su consentimiento para pasar por el mismo trámite. Aunque los abogados siempre han cuestionado la libertad que realmente tuvieron estos últimos para tomar voluntariamente la decisión.

En total fueron 25.000 personas con discapacidad, las víctimas de una terrible ley eugenésica que estuvo vigente en Japón entre 1948 y 1996. El propósito, escondido bajo un retorcido plan de planificación familiar, era evitar que las personas con discapacidades físicas e intelectuales, problemas de salud mental o pacientes con ciertas enfermedades como la lepra, tuvieran lo que las autoridades llamaron «descendencia de mala calidad». Todas estas personas eran consideradas «inferiores».

Una Ley inconstitucional

Quedaban muchas heridas por curar de esa extinta ley posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero después de muchos años de lucha de las víctimas, el Tribunal Supremo de Japón declaró inconstitucional el pasado mes la obsoleta ley de eugenesia, obligando al Gobierno a pagar a 11 de las víctimas reconocidas. Estas llevaban años reclamando indemnizaciones. Hasta 35 personas han llevado al Ejecutivo a los tribunales.

Muchos celebran este fallo histórico en el país asiático. La corte también dictaminó que, a pesar de lo que alegaba el Gobierno, el plazo de prescripción de 20 años no podía aplicarse a las reclamaciones de indemnización en casos de esterilización forzada.

El año pasado, el Parlamento japonés publicó el mencionado informe de 1.400 páginas que reconocía por primera vez que hubo niños que pasaron por esas esterilizaciones. Concretamente, mencionaba los casos de un niño y una niña de 9 años, las víctimas más jóvenes de la ley.

También se cifró finalmente en 25.000 personas en total las que fueron sido sometidas a las operaciones, de las cuales la mayoría se realizaron sin consentimiento. Además, la investigación constató que la ley incluso había establecido la esterilización como condición para el matrimonio.

«A algunas personas se les dijo que se estaban sometiendo a procedimientos de rutina, como operaciones de apéndice. Los gobiernos locales en ese momento tenían el poder de asignar arbitrariamente la cirugía», subrayaba un informe que, sin embargo, no respondió a la cuestión de cómo es posible que los sucesivos gobiernos mantuvieran aquella legislación tantos años.

«Que se tome en serio nuestro sufrimiento»

«Me gustaría que el estado no oculte el tema en la oscuridad, sino que se tome en serio nuestro sufrimiento», dijo a los medios locales una mujer de 80 años, identificada como Saburo Kita, quien pasó por la cirugía con 14 años. Muchas de las víctimas que se vieron obligadas a someterse a cirugía eran adolescentes en ese momento.

En 1994, una mujer japonesa discapacitada planteó el tema de la esterilización forzada en Japón y la necesidad de abolir la ley en una Conferencia Internacional de la ONU sobre Población y Desarrollo que se celebró en Egipto. Su discurso fue el impulso necesario para la abolición formal de la ley dos años después.

En 2019, el difunto primer ministro Shinzo Abe, fue el primer líder en disculparse públicamente ante las personas que padecieron estas esterilizaciones. A esto siguió una legislación que otorgaba 3,2 millones de yenes (25.000 euros) a cada víctima, pero apenas un millar de personas recibieron unos pagos con una cuantía que para los grupos de derechos humanos no fue suficiente.

En 2022, tras las demandas de tres ancianos, un tribunal de Osaka ordenó al Gobierno pagar un total de 27,5 millones de yenes (220.000 euros) en concepto de daños.

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