La Corte Internacional de Justicia (CIJ), la más alta instancia judicial de Naciones Unidas, desestimó el pedido presentado por México de medidas provisorias urgentes contra Ecuador por la invasión de su embajada en Quito, en abril.
«La Corte considera en forma unánime que las circunstancias, tal como se presentan ahora ante la Corte, no son tales que requieran el ejercicio de su facultad (…) de indicar medidas» provisorias, leyó el presidente del tribunal, el juez Nawaf Salam.
No obstante, destacó “la importancia fundamental del principio consagrado” en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en un fallo que se produce en una fase provisional del caso, cuando el tribunal no ha entrado aún en el fondo del procedimiento legal contra Ecuador.
El juez que preside la CIJ dijo que Ecuador ya había prometido proteger los locales diplomáticos y las residencias mexicanas y que, por tanto, no había urgencia para que el tribunal dictara más medidas.
México inició procedimientos ante la CIJ el 11 de abril argumentando la existencia de una disputa centrada en “cuestiones legales sobre la resolución de disputas internacionales por medios pacíficos y relaciones diplomáticas y la inviolabilidad de una misión diplomática”, pero, antes de entrar a deliberar en el caso, México consideró necesario que la CIJ emita medidas cautelares.
PRESS RELEASE: the #ICJ finds that the circumstances do not require the exercise of its power to indicate provisional measures in the case concerning concerning Embassy of Mexico in Quito (#Mexico v. #Ecuador) https://t.co/3kFwBf9fj6 pic.twitter.com/0UPy1RNYr0
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 23, 2024
Entre ellas, solicitó exigir a Quito “tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas”, y que “despeje” los edificios diplomáticos y la residencia privada de los agentes diplomáticos mexicanos en Ecuador.
En respuesta a esta solicitud, la CIJ celebró el 30 de abril y 1 de mayo audiencias públicas para escuchar los argumentos de ambos países. El gobierno de México acusó entonces a Ecuador de “cruzar líneas que no se deben cruzar en el derecho internacional” y de crear “un precedente desconcertante que reverbera en toda la comunidad internacional”.
Además, acusó a Quito de “negligencia deliberada” hacia las vidas de las personas que estaban en el recinto y señaló que esta incursión “muestra claramente la falta de respeto de Ecuador hacia las normas fundamentales, aceptadas universalmente y que existen desde hace tiempo”.
Reacción de la diplomacia mexicana:
En su turno de palabra, Ecuador defendió que el asalto a la embajada mexicana fue un acto “excepcional” y subrayó que el político ecuatoriano ha sido “debidamente condenado” por delitos relacionados con corrupción. Además, enfatizó que Quito ha dado “garantías” por escrito a México de que cumplirá con su deber de respetar y proteger a su personal y sedes diplomáticas.
“México utilizó erróneamente durante meses su sede diplomática en Quito para dar refugio a un criminal común que ha sido debidamente condenado en dos ocasiones por los más altos tribunales de Ecuador de graves delitos relacionados con la corrupción”, defendió el embajador de Ecuador ante Países Bajos, Andrés Terán.
Sobre el ex vicepresidente Glas pesaba una orden de detención por malversación de fondos públicos e ingreso en prisión preventiva por caso de obras de reconstrucción tras el fuerte terremoto ocurrido en 2016.
Milenio
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