El Consejo Nacional de Litigio Estratégico informó este martes que un juez federal concedió una suspensión provisional para que las autoridades de la capital entreguen toda la información relacionada con el tema de la contaminación del agua en la alcaldía Benito Juárez luego de que se revelara que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) reservó por tres años los resultados de los análisis realizados en la demarcación
“El juez hace especial énfasis en que, por tratarse de un servicio básico esencial, no se advierte ningún motivo por el cual la información obtenida debería reservarse y no darse a conocer”, informaron los abogados en un comunicado.
Aseguraron que con ello no existe alguna posibilidad para que el gobierno de la Ciudad de México reserve a la ciudadanía su acceso a la información sobre los análisis al agua contaminada que afectó a algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez desde finales del marzo.
El Consejo Nacional de Litigio detalló que los amparos presentados contra la omisión de transparentar la información pública sobre los resultados que las autoridades obtuvieron tras analizar el agua que los vecinos de la Benito Juárez denunciaron con olor a combustible, es para resarcir las violaciones a los derechos humanos.
Además, buscan que se reconozca la “obligación de las autoridades de realizar debidamente inspecciones que indaguen sobre las causas de la contaminación del agua” y den a conocer las consecuencias a la salud que se podrían derivar de esta situación.
Desde el 31 de marzo, el gobierno de la Ciudad de México recibió las primeras denuncias de vecinos de la alcaldía Benito Juárez que reportaban sedimentos con consistencia aceitosa en el agua.
Ante la falta de respuesta, el 9 de abril, durante cuatro días, algunos habitantes de las colonias afectadas realizaron un bloqueo el cruce entre Insurgentes y Xola.
Las autoridades capitalinas determinaron que el pozo Alfonso XIII, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, era el punto del origen del problema, por lo que este quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional.
La fiscalía de la Ciudad de México informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de sabotaje en la modalidad de quien entorpezca ilícitamente servicios públicos contra quien o quienes resulten imputables.
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