La comunicación institucional entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Arturo Zaldívar como titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un misterio.
La presidencia de la República y el Poder Judicial de la Federación aseguraron que no tienen registro de lo que López Obrador y Zaldívar se han escrito, hablado, respondido e intercambiado de forma institucional en los últimos años, de acuerdo con cuatro solicitudes de información.
Después de que López Obrador confesara que intervino en asuntos judiciales cuando el titular de la Corte era Zaldívar, Latinus solicitó vía transparencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al Consejo de la Judicatura Federal, a la Oficina de la Presidencia y a la Consejería de la Presidencia las comunicaciones entre el mandatario y el ministro en retiro.
El pasado 21 de febrero, López Obrador afirmó que solicitó a Zaldívar, durante su presidencia en la Suprema Corte entre 2019 y 2022, su intervención en el Poder Judicial de la Federación en asuntos relevantes, “hablaba con el juez y le decía: ‘cuidado con esto’”.
“Todavía cuando Arturo Zaldívar era presidente de la Corte, había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de ese tipo de este tipo (la liberación de Emilio Lozoya) nosotros respetuosamente interveníamos”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.
Como respuesta a las declaraciones del presidente López Obrador, Zaldívar aseguró que defendió la autonomía e independencia judicial durante su mandato y lo único que realizó fue dar trámite a las quejas presentadas por el Ejecutivo y enviar una contestación “como cortesía”.
“Cuando el presidente o el gobierno se quejaba de la actuación de algún juez o algún magistrado, incluso en algunas ocasiones el presidente decía que me iba a mandar una carta (…) cuando llegaban esas quejas, en las áreas técnicas del Consejo las analizaban”, aseguró el exministro en una entrevista.
Sin embargo, en las respuestas a las solicitudes de transparencia hechas por Latinus no hay registro de respuestas o contestaciones hechas por Zaldívar.
El Consejo de la Judicatura Federal aseguró que no cuenta con un registro “del cual se pueda advertir la información requerida”; mientras que la Suprema Corte declaró la inexistencia de documentos entre el Ejecutivo federal y el poder judicial durante la presidencia de Zaldívar.
Por su parte, la Oficina del Presidencia también desconoció la existencia de tal colaboración luego de que diferentes oficinas, como la coordinación de asesores del presidente, la Coordinación General de Política y Gobierno, la Secretaría Técnica del Gabinete y la Secretaría Particular del presidente, afirmaron no contar con tal documentación.
La Consejería Jurídica de Presidencia contestó que no existe obligación de realizar documentos ad hoc para responder a solicitudes de información, a pesar de que se le solicitaron documentos puntuales que comprobaran los dichos del exministro, hoy consejero de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia de México.
Por los dichos del presidente López Obrador de febrero pasado se presentó una denuncia anónima y la ministra presidente de la SCJN, Norma Piña Hernández ordenó el 9 de abril que se realice una investigación en contra del exministro Zaldívar, varios de sus colaboradores y jueces.
Entre las personas que serán investigadas están Netzaí Sandoval, extitular del Instituto Federal de la Defensoría Pública; Carlos Alpízar Salazar, secretario de Zaldívar durante su presidencia en la Judicatura Federal; Jaime Santana, entonces titular de la unidad de investigación; y Arely Gómez, quien fuera contralora del poder judicial.
También serán investigados los jueces Jesús Delgadillo Padierna, familiar de la morenista Dolores Padierna, quien llevó casos como el de Rosario Robles; Iván Zeferín Hernández, juez que ordenó la captura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; y Artemio Zúñiga Mendoza, quien llevó los casos de Emilio Lozoya y Alonso Ancira.
Latinus
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