Una jueza de Estados Unidos dictaminó este lunes 25 de marzo que el gobierno mexicano puede seguir adelante con una demanda que acusa a cinco empresas vendedoras de armas de Arizona de participar en el tráfico de armas y municiones a los cárteles de droga en territorio nacional.

La jueza federal de distrito Rosemary Márquez, en Tucson, rechazó los argumentos de que una ley estadounidense que proporciona a la industria de armas de fuego una amplia protección contra demandas por el mal uso de sus productos bloqueaba el recurso de México contra los traficantes.

¿Qué dicen los distribuidores de armas?

Los distribuidores –Diamondback Shooting Sports Inc, SnG Tactical LLC, Loan Prairie LLC, Ammo AZ LLC y Sprague’s Sports Inc– argumentaron que la Ley federal de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) los protegía de la demanda que México presentó en 2022.

Márquez explicó que México hace afirmaciones plausibles que están exentas de la protección PLCAA, incluyendo que las cinco empresas violaron varias leyes estadounidenses relacionadas con armas de fuego, causando daño.

México alegó que los comerciantes de armas facilitaron el tráfico de armas de asalto de estilo militar como el AR-15 y municiones a los cárteles mediante prácticas imprudentes e ilegales, incluida la venta de armas de fuego a compradores testaferros que adquirían ilegalmente estos productos para terceros.

Tras la decisión de la jueza, la cancillería mexicana dijo que en las siguientes etapas de la demanda se presentará evidencia para demostrar la «conducta negligente» de las empresas y se buscará obtener una reparación del daño.

«Si bien las demandadas tienen derecho a presentar un recurso de apelación, la decisión de este día es de gran relevancia para nuestro país», afirmó la cancillería en un comunicado.

«México está convencido de que le asiste la razón jurídica y moral en sus acciones legales contra el tráfico ilícito de armas y continuará defendiendo puntualmente sus intereses y el de la ciudadanía por todas las vías a su alcance», subrayó la dependencia federal.

Si bien la jueza permitió que gran parte de la demanda avanzara, desestimó varias de las reclamaciones legales individuales de México, incluida la acusación de que las empresas violaron la ley estadounidense contra el crimen organizado y causaron perjuicios públicos. Abogados de México, incluido Jonathan Lowy, presidente del grupo de defensa del control de armas con sede en Estados Unidos Acción Global por la Violencia Armada, dijeron que esperaban afianzar su caso en los tribunales.

«El fallo de hoy es un gran paso para responsabilizar a la industria de las armas por su contribución a la violencia armada y para detener la avalancha de armas que se trafican hacia los cárteles», afirmó Lowy en un comunicado.

Los abogados defensores no respondieron a las solicitudes de comentarios. México demandó a las firmas de Arizona días después de que un juez federal de Boston desestimó otro recurso de 10,000 millones de dólares que presentó en 2021 para responsabilizar a varios fabricantes de armas estadounidenses de facilitar el tráfico de armas a través de la frontera común.

En enero, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos reabrió esa demanda contra los fabricantes, que tienen previsto solicitar una apelación ante la Corte Suprema.

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