La auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, entregó al Congreso de Veracruz el Informe de Seguimiento de las Cuentas Públicas de 2017 a 2022.

El documento presenta un reporte pormenorizado del probable daño patrimonial en las dependencias gubernamentales en el citado periodo, que corresponde a las administraciones de Miguel Ángel Yunes y Cuitláhuac García.

Destaca el hecho de que como consecuencia de las auditorías practicadas en 2017, se interpusieron ante las fiscalías Especializada en Combate a la Corrupción, y de Investigaciones Ministeriales 61 denuncias por un probable daño patrimonial superior a 852 millones de pesos.

Entre los entes fiscalizables denunciados por irregularidades en el manejo de los recursos públicos se encuentran algunos ayuntamientos; sólo el de San Andrés Tuxtla acumula 22 denuncias, un tercio del total estatal; pero también aparecen los de Xalapa, Emiliano Zapata, Alvarado, Papantla, Cosamaloapan y Tierra Blanca, entre otros.

Llama la atención la inclusión en esa lista de los Servicios de Salud de Veracruz, del Fideicomiso Fondo Ambiental Veracruzano; de los institutos tecnológicos de Pánuco, Perote, Huatusco y Las Choapas; del Instituto de Espacios Educativos y de la Sedesol veracruzana.

Uno de los montos más elevados es el que le reclaman a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, UPAV, que presenta un probable daño patrimonial por casi 242 millones de pesos.

Correspondientes a las auditorías de 2018, hay 7 denuncias que exponen un presunto daño patrimonial de mil 177 millones de pesos (números redondos), aunque el mayor porcentaje es el que se refiere al Sistema Estatal de Videovigilancia, de la Secretaría de Seguridad Pública.

El ORFIS reportó que de la revisión a la cuenta pública de 2019 se interpusieron ante la Fiscalía General del Estado 68 denuncias por un monto total de 150 millones 344 mil pesos; casi todos los denunciados son ayuntamientos, entre los que destacan Alvarado, con 5 denuncias; Tihuatlán, con 4; y Altotonga, con 19.

En 2020 se formularon 45 denuncias ante la fiscalía veracruzana, por un presunto daño patrimonial cercano a los 45.5 millones de pesos. El Ayuntamiento de Alvarado fue señalado en media docena de veces. Uno de cada 5 pesos del probable desvío en la entidad se originó en el gobierno municipal de Bogar Ruiz en dicho periodo. Y una vez más, la inmensa mayoría de los señalamientos del ORFIS se centró en los ayuntamientos.

Esas denuncias de 2017, 2018, 2019 y 2020 se suman a las 3 presentadas por el probable daño patrimonial de 2021 (2.5 mdp), en que habrían incurrido dos ayuntamiento, Alvarado y Zongolica.

Como resultado de la auditoría a la cuenta pública de 2022, sólo un ente fiscalizable ha sido denunciado, el municipio de Jamapa, aunque hay más de 250 expedientes iniciados por el ORFIS por presunto daño patrimonial.

En total, se habla de más de 2 mil 227 millones de pesos como daño patrimonial en Veracruz entre 2017 y 2022. En ese lapso, el órgano auditor ha procedido principalmente contra dependencias del gobierno yunista y contra diversos ayuntamientos que estuvieron en funciones entre 2017 y 2021.

@luisromero85