Aunque lógicamente no hay una cifra que revele cuántos alcaldes han sido impuestos por los cárteles de la delincuencia, puede decirse que son más de los que el ciudadano común supone.

Y sí, Veracruz no escapa a esa situación. ¿Cuántos en nuestro estado han sido impuestos por esos cárteles y cuántos han tenido que someterse? La mayoría no, pero vuelta a lo mismo, serían más de lo que la gente pudiera creer.

Unos de plano fueron financiados en sus campañas con dinero del crimen organizado, pero la cifra de ediles ligados a esos grupos aumenta con los sometidos, los que, por miedo o conveniencia, ceden a las peticiones.

Es más, en el medio político y organismos de seguridad es famoso un presidente municipal, con relaciones al más alto nivel, que aseguran tiene su propio cártel.

Este tema vuelve a estar presente pues la alcaldesa de Acayucan, Rosalba Rodríguez, acaba de hacer declaraciones en el sentido de que grupos criminales ya controlan varias alcaldías del sur del estado de Veracruz.

Lo que dijo la edil acayuqueña puede resumirse así: Amenazan a los alcaldes para que les entreguen las direcciones donde se manejan obras y recursos, si no ceden, hay ejecuciones.

No expresó nada nuevo, lo nuevo es que ella lo declare. Eso es sabido y miles de veracruzanos padecen a ese tipo de autoridades no solo en el sur sino en el centro, la costa y el norte.

Los delincuentes en diversos municipios operan con total impunidad, en donde hay policías municipales y agentes de Tránsito entregados totalmente a los cárteles, lo que provoca desesperación y sumisión.

La alcaldesa, de quien se dice quiso recientemente acercarse a Morena ahora que está el proceso de postulaciones de candidatos, sabe perfectamente lo que implica la violencia y lo que es estar en la función pública en un municipio como Acayucan. Su familia política, la Condado, fue la que sustituyó en el mando y control de esa demarcación a las hermanas Regina y Fabiola Vázquez Saut, que se rolaban la alcaldía y las diputaciones.

Los Condado han tenido diputaciones y manejado la presidencia municipal, últimamente a un muy alto costo. En junio del año pasado fue asesinado el cuñado de la alcaldesa, Ramiro Condado Escamilla, quien fue encontrado en una camioneta incendiada cerca de Xalapa, en el vecino Emiliano Zapata.

Un año antes, en mayo de 2022, mataron a balazos, durante una ceremonia pública, a su otro cuñado, Clemente Condado, quien era el director del DIF y se perfilaba para ser el próximo alcalde.

Y solo hay que ver cómo ha estado la violencia contra políticos en lo que va de este nuevo año (no menos de diez asesinatos en todo el país) para darse cuenta de la intervención de los cárteles de la delincuencia organizada, los que no se detienen ante nada, pues por decir algo, no les importa matar ni a familiares de los Monreal Ávila, que son influyente senador, gobernador de Zacatecas y alcalde, y personajes importantes para el partido gobernante, Morena.

Así las cosas, lo que sigue tras las elecciones de junio es más injerencia del crimen organizado en la política. ¿Qué tanto?, depende de quiénes ganen.