En su último año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca, a través de una reforma al Artículo 123 de la Constitución, que todos los mexicanos puedan ser dueños de una vivienda.
¿Qué dice la reforma de vivienda de AMLO?
La estrategia consiste en transformar las facultades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para que las personas trabajadoras sujetas al régimen del apartado A puedan no sólo tener acceso a los créditos que ya ofrece el organismo, sino a un arrendamiento.
La propuesta enviada al Congreso de la Unión dicta que el instituto podrá construir vivienda —en 1992 se reformó la ley Infonavit para dejar la construcción y fortalecer el financiamiento— para que los trabajadores puedan adquirirla en renta social o en propiedad. “Cuando se trate de esquemas de arrendamiento, la mensualidad que se le cobre a la persona trabajadora no podrá exceder el 30% de su salario”.
Para acceder a este programa las personas trabajadoras deberán contar sólo con un año de cotización, aunque se les dará mayor preferencia a quienes tengan mayor antigüedad en la cotización y no cuenten con una vivienda propia.
Además, la iniciativa incluye que si el inquilino mantiene el pago de su renta por diez años, obtendrá el derecho a comprarla.
“Para profundizar en la transformación que se ha hecho en el Infonavit, se implementará un plan de eficiencia operativa para que pueda cumplir con estos objetivos sin repercutir en los costos a las personas trabajadoras que aportan al Instituto”, dice el documento entregado a la Cámara de Diputados.
De manera específica en la fracción XII del artículo 123 se modificarán los párrafos para beneficiar a las “personas trabajadoras” y no a “los trabajadores” a los créditos del organismo, ya sea para adquisición o mejora, ya sea de la propiedad adquirida o arrendarla.
También se considera la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal que administre los refuerzos del Infonavit, para establecer las reglas y procedimientos de acceso a los créditos.
La propuesta se da en un panorama desfavorable para el Ejecutivo, ya que para ser aprobadas las reformas constitucionales se requieren dos terceras partes del Congreso con las que no cuenta. En la Cámara de diputados tiene 273 votos de los 334 que requiere y en el Senado 71 de 84, aunque el número final variará hasta las votaciones.
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