En la publicación anterior de este artículo abordamos algunos de los retos pendientes para la justicia en dos mil veinticuatro, por lo que, continuando con la parte final de este tema, es importante puntualizar que, otra de las reformas transcendentales en el 2023, se realizó el 7 de junio, fecha en la que fue publicado en el DOF el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. De conformidad con el segundo transitorio del Decreto, la entrada en vigor será de manera gradual, los gobiernos federales y locales de México deberán adoptar el Código Nacional a más tardar el 1° de abril de 2027.

Este nuevo Código busca priorizar la oralidad y un efectivo acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y expedita. Además de los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, se incorporan como nuevos principios procesales el interés superior de la niñez, la perspectiva de género y la accesibilidad para grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, el nuevo Código establece un modelo para impulsar el uso de las tecnologías de la información en los procesos judiciales, por lo que todos los procedimientos regulados en el Código Nacional se podrán tramitar bajo la modalidad de procedimiento en línea, por lo que se aprovecha la utilización de tecnologías en diversos procedimientos, siempre y cuando las partes estén de acuerdo, de modo que se podrá transitar a la justicia digital eliminando barreras económicas y de comunicación.

Toda esta esta serie de reformas constitucionales y legales, son el resultado de un arduo trabajo legislativo para adaptar las leyes a las necesidades cambiantes de la sociedad, y en la búsqueda de proteger y respetar los derechos humanos, promover la equidad de género, reconocer la diversidad familiar y garantizar un sistema legal que responda a las necesidades actuales de la sociedad mexicana, una sociedad en constante evolución.

En este sentido, los retos pendientes para el 2024 consistirán en realizar la armonización legislativa de las reformas constituciones y legales antes mencionadas, que otorguen vigencia y efectividad para las y los justiciables.

En definitiva, hoy comienza una oportunidad para que los órganos de administración y procuración de justicia tanto a nivel federal como local, se fortalezcan y contribuyan al fortalecimiento de una justicia más eficiente, pronta, medible y confiable.