Orizaba, Ver.- Oficiales de la Dirección General de Transporte del Estado apoyados por elementos de la Policía Estatal, detuvieron y sacaron de circulación a los autobuses del transporte público municipal «Gallo», debido a que aparentemente carecen de permisos de operación.
Alrededor del mediodía de este jueves, una veintena de elementos de dichas corporaciones a bordo de cinco unidades oficiales; tres de la DGTE y dos de la SSP Veracruz, intervinieron primeramente a un autobús «Gallo» sobre la Avenida 7 o Privada de Circunvalación entre Avenida Cri Cri y Calle 7, justo en las afueras del recinto Casa Vegas y el Tobogán de la Montaña, perteneciente a la Colonia Rafael Alvarado Fernández.
Posteriormente, otro camión del transporte turístico y de cercanía propiedad del ayuntamiento de Orizaba fue intervenido sobre la Calle Sur 10 entre Avenida Colón y Poniente 3, justo a un costado de la Alameda Francisco Gabilondo Soler Cri Cri, del primer cuadro de la Ciudad.
La tercera unidad detenida por las mismas autoridades, fue sobre la Calle Norte 11 entre Poniente 2 y 4, a un costado de la Escuela Primaria San Luis, en la Colonia Centro de la Pluviosilla.
Las tres unidades «Gallo» marca Internacional de colo blanco y con logotipos oficiales del ayuntamiento orizabeño fueron llevadas al corralón de las Grúas Hermanos Cruz, las cuales tienen domicilio en las inmediaciones del Ejido San José Jalapilla, municipio de Rafael Delgado.
Cabe señalar que, hasta el momento el ayuntamiento de Orizaba no ha emitido un posicionamiento sobre la detención de estas unidades de su propiedad que brindan un servicio turístico y de cercanía a los orizabeños como a los visitantes.
Se ha conocido que, el conductor de la unidad, el dueño o representante legal de la Línea Gallo propiedad del Ayuntamiento de Orizaba, podrían ser acreedores a una multa que va de los 400 a 600 días de salario mínimo, así como de 3 a 9 años de prisión, de acuerdo al artículo 272 Bis del Código Penal vigente para el Estado de Veracruz.
De acuerdo a la información recabada, la ley manifiesta que cualquiera que preste un servicio sin la concesión expedida por la autoridad competente que sería el Gobierno del Estado a través de la Dirección General de Transporte Público, cometerá un delito y las penas serán impuestas tanto para el conductor de la unidad, el dueño o representante legal de la empresa.
Según las autoridades de Transporte Público con sede en Orizaba, la autoridad municipal no cumple con esos requisitos y sigue prestando el servicio de pasajeros sin la concesión, por lo que podría ser acreedor a una infracción de mil UMA que serían cerca de 100 mil pesos, aunque esto podría variar dependiendo de la UMA que se aplique en la zona de las Altas Montañas.
AVC
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