En el estado de Veracruz el índice de impunidad de los delitos es de 94.1 por ciento, de acuerdo con los datos de la Evaluación de la Justicia Penal en México, elaborada por la organización México Evalúa en 2022.
Advierte que la entidad veracruzana está entre los estados con las peores evaluaciones en cuanto a impunidad de delitos como el homicidio doloso, feminicidio, desaparición, secuestro, extorsión, narcomenudeo, entre otros.
El delito con una impunidad en Veracruz del 100 por ciento es el secuestro, aunque los homicidios dolosos en Veracruz presentan un porcentaje de impunidad de 99.8 por ciento, que es superior al promedio nacional de 95.7 por ciento; en feminicidio el porcentaje de impunidad es del 98.8 por ciento.
Otros delitos como la desaparición también mueran niveles de impunidad altos con el 98.7 por ciento, que significa una mayor cifra que el promedio nacional que es de 96.5 por ciento.
Ilícitos como la extorsión tienen un porcentaje de impunidad de 99.7 por ciento; en violencia familiar el porcentajes este 99.6 por ciento; el narcomenudeo presenta un nivel de impunidad de 99.8.
A estos se suman otros de delitos como el robo simple cuyo porcentaje de impunidad es de 99.8 por ciento, lo mismo que el abuso sexual y el fraude es de 98.7 por ciento.
La organización afirma que en 10 años de medición, han observado cómo la confianza ciudadana en las instituciones de justicia decrece y que la corrupción implica para el resto de las personas el acceso desigual e injusto a un bien o servicio público, y que sus derechos sean desprotegidos o vulnerados por la propia autoridad.
México Evalúa también señala que de las 2.3 millones de denuncias y querellas recibidas por el Ministerio Público a nivel nacional, el 87.9 por ciento se traduce en la apertura de una carpeta de investigación, cuatro puntos menos que en 2021.
De estas carpetas, el 87.9 por ciento se aperturó sin detenido y el 13.2 por ciento con detenido. Al cierre de 2022, 52.3 por ciento de los casos permanecen en proceso de investigación, mientras que en el restante 43 por ciento el Ministerio Público emitió estas decisiones: archivar temporalmente el caso (57.9%); el no ejercicio de la acción penal (22.4%); la incompetencia (10.3%); el criterio de oportunidad (4%), y la abstención de investigar (3%)
A lo largo de 2022 el Ministerio Público logró judicializar un caso en 96,579 ocasiones; es decir, en el 4.3% del total. De estos casos judicializados, el 24.9% concluyó mediante la suspensión condicional del proceso; 8.7% por un procedimiento abreviado; 4.7% en juicio oral; 1.5% por acuerdo reparatorio, y el resto permanece en trámite.
El informe revela que las instituciones no han logrado que los casos de mayor complejidad y gravedad sean investigados y procesados mediante un juicio oral, y que los casos de menor complejidad e impacto social sean atendidos mediante salidas alternas o anticipadas.
Únicamente el 6.9% de los casos conocidos por el Ministerio Público son canalizados a las áreas especializadas, mientras que la mayoría permanece en trámite (52.3%) y sólo el 4.3% es judicializado Además, la prisión preventiva, sobre todo en su modalidad oficiosa, permanece como la medida cautelar que más se impone.
Sólo cuatro de cada 10 personas imputadas tiene acceso a una evaluación de riesgos procesales; es decir, a la mayoría se le impone una medida cautelar sin información verificada sobre los riesgos que representa para la integridad de víctimas y testigos y el éxito de la investigación y del proceso.
A nivel nacional, el 57 por ciento de las personas enfrenta su proceso en prisión preventiva (35% corresponde a la modalidad oficiosa), pese a que más del 99 por ciento de las personas que lo hacen en libertad concluye su proceso satisfactoriamente.
AVC