CIUDAD DE MÉXICO.- Ningún récord en las estadísticas del terror parece ser imbatible en México. Al aumento en el número de desapariciones, que supera las 111 mil 500 personas, se suma el hallazgo de 5 mil 696 fosas clandestinas en 570 municipios del país, casi una por día desde 2007, cuando se intensificó la guerra contra la delincuencia organizada.

Ha sido en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se han disparado las localizaciones de entierros ilegales, incluso durante 2020 y 2021, los años con mayor restricción de movilidad a causa de la pandemia por covid-19. Hasta abril de 2023, el conteo indicaba que 2 mil 864 fosas clandestinas, más de la mitad de las que están registradas, fueron descubiertas en la presente administración.

Quinto Elemento Lab publicó en 2018 el primer mapa del país sobre esta tragedia con datos obtenidos de las fiscalías estatales mediante solicitudes de transparencia. La investigación reveló que, entre 2006 y 2016, se habían descubierto casi 2 mil entierros ilegales.

Los datos para este nuevo reportaje, entregados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), provienen también de las fiscalías y muestran cómo en siete años, desde el recuento de Quinto Elemento Lab, el número de fosas clandestinas se ha incrementado en 88 por ciento. Además, se han registrado hallazgos en 177 municipios más que los reportados en 2016.

En estos lugares se encuentra parte de la respuesta que buscan miles de familias que escarban la tierra en parajes inhóspitos –en muchas ocasiones arriesgando su vida– para hallar a sus seres queridos desaparecidos.

Para Yadira González Hernández, que busca a su hermano Juan, desaparecido en 2006 en la comunidad Los Ángeles, en Querétaro, la impunidad ante la tragedia es absoluta. “Como sociedad nos hemos acostumbrado: ya las cifras no nos impactan”, se lamenta la integrante de la Red de Enlaces Nacionales y de la Brigada Nacional de Búsqueda.

Desde finales de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón sacó de los cuarteles a las Fuerzas Armadas para combatir frontalmente a los grupos del crimen organizado, las fosas clandestinas se han ido multiplicando a medida que se extendían por gran parte del país, hasta abarcar el 23 por ciento de los municipios a nivel nacional.

El incremento de los homicidios y desapariciones en México evidencia que la militarización de la seguridad pública emprendida por esta administración ha tenido resultados “desastrosos”, según Amnistía Internacional. A su vez, los criminales –y algunas autoridades estatales y municipales coludidas con estos– recurren a formas cada vez más crueles para deshacerse de los cuerpos de las víctimas, como el uso de ácido o la incineración de los restos óseos, para así evitar su identificación.

Los datos obtenidos por Quinto Elemento Lab, analizados por primera vez temporal y geográficamente, muestran municipios de menos de 250 mil habitantes, con más de medio centenar de fosas encontradas en los últimos años, como Tecomán en Colima; Úrsulo Galván y Playa Vicente en Veracruz; Salvatierra en Guanajuato, y Puerto Peñasco en Sonora.

La CNB, el organismo de la Secretaría de Gobernación encargado de buscar a las personas desaparecidas en el país, únicamente entregó información sobre las fosas clandestinas, sin incluir el número de cuerpos recuperados en cada una, pese a que este dato le fue proporcionado por las fiscalías estatales. Tampoco lo reporta en su mapa de hallazgos de entierros ilegales.

Yadira González Hernández durante la Brigada Nacional de Búsqueda en Morelos, realizada en 2022. Al fondo, familiares de personas desaparecidas e integrantes de la CNB exploran una fosa clandestina. Foto: Lucía Flores

El sexenio en que brotaron las fosas

En los primeros cuatro años y medio de este sexenio se descubrieron en promedio 1.8 entierros ilegales cada día. Las 2 mil 864 fosas clandestinas encontradas durante la administración lopezobradorista representan más de la mitad de todas las registradas por la CNB hasta abril de este año, y duplican el número de hallazgos reportados en los doce años previos, bajo los mandatos de Calderón y Enrique Peña Nieto.

Esto no necesariamente significa que las fosas se cavaran durante ese mismo periodo; algunas podrían haber permanecido años sin ser descubiertas.

La geografía de los entierros ilegales también ha cambiado. Antes de 2019, más del 50 por ciento de las fosas se concentraban en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Guerrero. Desde diciembre de 2018, ese mismo porcentaje se localiza en cinco entidades: Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán.

El primer año de gobierno de López Obrador fue el punto de quiebre en esta tragedia: 970 fosas fueron descubiertas en 2019, una cifra récord que representó un incremento del 123 por ciento respecto al año inmediato anterior, cuando se localizaron 435. Desde entonces, los hallazgos han ido a la baja a nivel nacional, lo cual no implica una disminución de los entierros ilegales; podría ser que los lugares de ocultamiento sean más inaccesibles para los colectivos de buscadoras y las autoridades y, por ello, no los descubran. Otra posible explicación es que las fiscalías no reporten sus hallazgos a la CNB, o que se estén realizando menos búsquedas en campo.

Los datos analizados por Quinto Elemento Lab permiten saber que en este sexenio también han surgido nuevos epicentros de fosas clandestinas, especialmente en municipios con baja densidad poblacional, que configuran inéditos corredores del terror.

Tecomán, con 116 mil 305 habitantes, es el caso más dramático, al concentrar el 7.3 por ciento de las fosas localizadas desde diciembre de 2018, un total de 209.

Su posición estratégica, a 10 kilómetros de la costa del Pacífico, lo ha convertido en un sitio de disputa entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con informes de 2020 elaborados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hackeados por el grupo Guacamaya, las actividades ilícitas en el municipio son ocasionadas por “el control del puerto interior y [para] mantener una red organizada que les permita y garantice la distribución en los lugares donde se centra la población local y el turismo nacional e internacional”.

Carmen Sepúlveda Gómez, integrante del colectivo Red Desaparecidos en Colima, conoce bien la zona. Ella busca a su hijo Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, desaparecido en Villa de Álvarez, Colima, el 20 de agosto de 2018.

Recuerda que cuando hubo el primer hallazgo masivo de fosas, en la ranchería de Santa Rosa en Tecomán, llegaron colectivos de Jalisco, Nayarit y Michoacán para ver si había algún rastro de sus desaparecidos. “Era una zona retirada de la comunidad, como un parque en destrucción, seco todo. Hoyos, ramas secas”, cuenta la buscadora. El registro de la CNB contabiliza 52 fosas clandestinas localizadas entre el 2 y el 6 de febrero de 2019.

Sepúlveda lleva un registro casi poético de las fosas que más le han impactado. Recuerda, por ejemplo, un lirio muy bonito en uno de los sitios de inhumación ilegal, también en Tecomán. Ahí, dice, los peritos excavaban para recuperar los cuerpos y salía mucha agua. Fue una exhumación complicada porque estaban cerca de un manglar.

En otra fosa, cuenta, había un gran árbol de limón, el más grande de la zona; bajo su sombra encontraron unos 20 cuerpos enterrados.

Hubo también una ocasión en que dos inusuales “emisarios” aparecieron. “Estábamos arriba del cerro. Era un calor inmenso. De repente, yo volteo al cielo y veo en un árbol seco un colibrí y le digo a una compañera: ‘Mire, un colibrí. ¿Qué está haciendo aquí si no hay nada que coma?’ Voltea ella para el otro lado y ve una mariposa blanca. Yo creo que eran las dos personas [que se encontraron en la fosa], como que vinieron a darnos las gracias a todos por haberlos sacado de ahí”.

Úrsulo Galván, en Veracruz, con 30 mil 97 habitantes, también destaca en esta lista de municipios. Bajo el suelo seco y arenoso del predio conocido como La Guapota se ocultaba el horror: casi 100 cuerpos enterrados. En total, 79 fosas clandestinas fueron descubiertas entre 2019 y 2023.

“La vegetación que hay es muy compleja: árboles con espinas, esto que le llaman ‘vainas de pica pica’, y justo las fosas estaban por debajo de esa vegetación, lo cual a mí me da la idea de que son fosas con algún tiempo [de haberse cavado]”, dice Anaís Palacios Pérez, defensora de derechos humanos e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Otros municipios con mayor población llevan más de una década posicionados en esta trágica lista, como Acapulco, Guerrero, que entre 2011 y 2021 se ubicó entre los seis con más entierros ilegales. En 2019 rompió su récord, al registrar 56 fosas. Lo mismo pasó en Ahome, en el norte de Sinaloa, que reportó 67, también en ese año.

Entierros masivos

En este sexenio, los entierros masivos han continuado apareciendo por todo el país. En total, han sido 24 casos en los que se encontraron, en un solo día y en el mismo municipio, diez o más fosas clandestinas. Encabezando la lista está Úrsulo Galván, donde el 4 de julio de 2019, según el registro de la CNB, se descubrieron 72 sitios de enterramiento. Los datos corresponden al mencionado predio La Guapota; el hallazgo fue notificado a los colectivos veracruzanos tres meses antes, alrededor del 20 de abril, de acuerdo con Palacios, que documenta casos de desaparición y ha acompañado durante años a los grupos de búsqueda en Veracruz.

Palacios dice que el predio La Guapota es muy extenso, de unas ocho hectáreas. Se localiza a dos kilómetros de la playa y está cubierto de maleza con espinas. Es una duna de tierras áridas. “O metieron los cuerpos en camionetas o del lado de la playa”, afirma la defensora. ¿Quién trae tantos cadáveres a este lugar tan inaccesible?, se pregunta. Tuvieron que utilizar georradares –un aparato capaz de identificar objetos que están bajo tierra– porque no era fácil reconocer los cambios en el suelo que advertían de la ubicación de entierros. En algunos casos, los cuerpos fueron encontrados a dos metros de profundidad.

Otro hallazgo masivo se dio en Salvatierra, Guanajuato, donde el 20 de octubre de 2020 se identificaron 65 fosas clandestinas, según los datos de la CNB. La fiscalía estatal había negado la existencia de entierros ilegales en su territorio hasta ese momento en que le fue imposible ocultar los 80 cuerpos y restos óseos que yacían debajo de la tierra. Este hallazgo, a diferencia de la mayoría, que ocurre en lugares despoblados, se dio en una colonia de la localidad, en una superficie de unos 6 mil metros cuadrados, reportó en esa fecha el comisionado estatal de búsqueda, Héctor Alonso Díaz Ezquerra.

Dos municipios más de Veracruz aparecen en esta lista; son Playa Vicente, en la región Papaloapan, colindante con Oaxaca, que reportó 44 entierros el 28 de febrero de 2020, y Alvarado, que contabilizó 40 el día 3 de diciembre de 2019 en la localidad El Arbolillo.

En quinta posición está Tecomán. Ahí, en un solo día, el 6 de febrero de 2019, se hallaron 38 fosas. Es el mismo municipio que registró el número más alto de entierros ilegales desde que inició la administración del presidente López Obrador.

Veracruz, arriba de la lista; Yucatán, al final

México no siempre fue un cementerio clandestino. Considerando únicamente los registros en los que la CNB incluyó el año, antes de 2011 el número de fosas apenas rebasaba la centena, pero desde entonces empezaron a reportarse de manera creciente. Tan solo en San Fernando, Tamaulipas, se localizaron 40 fosas en abril de 2011, en las que se encontraron 196 cuerpos; entre las víctimas había migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras.

“En los primeros años de Calderón, [el hallazgo] se concentró sobre todo en la zona noreste y en Veracruz, porque los Zetas y el Cártel del Golfo eran muy proclives a enterrar en fosas porque querían discreción. No jalar mucha presencia de las autoridades”, dice Eduardo Guerrero, analista en temas de seguridad y director de la agencia Lantia Intelligence.

A partir de 2011, los hallazgos fueron masivos: la cifra de fosas encontradas cada año es, en promedio, de 398.

Veracruz encabeza la lista nacional de entierros ilegales; en total se han localizado 668. Su año cúspide fue 2016, cuando se descubrieron en todo el estado 161 fosas. De estas, 147 se hallaron el 8 de agosto en el puerto de Veracruz. Podrían corresponder a los entierros masivos en el predio de Colinas de Santa Fe, calificado como el cementerio clandestino más grande de América Latina.

“Era un corredor que, en donde tú metieras tu varilla, ahí había una fosa. Era escalofriante”, dice Rosalía Castro Toss, cofundadora del colectivo Solecito y madre de Roberto Carlos Casso Castro, desaparecido en 2011 en Huatusco. El papel que les entregó una persona anónima estaba lleno de cruces que hacían referencia a cada fosa, pero encontraron muchas más de las indicadas. En un solo día hallaron hasta diez entierros en ese predio que era básicamente un potrero. La buscadora afirma que en total eran 152 fosas con 302 cuerpos.

En segunda posición, con 554 fosas, está Tamaulipas. Ese estado fronterizo ha tenido picos importantes de este delito, el más grave en 2011, cuando se reportaron 81. El año pasado, la cifra de entierros ilegales disminuyó a diez, la segunda más baja después de 2010, que registró ocho.

Guerrero es el tercer estado con mayor número de fosas: 498. Su peor año fue el 2019, con 99 registradas.

Sinaloa ocupa el cuarto puesto en el ranking nacional, con 484 fosas. Le siguen Chihuahua con 415, Colima con 351, y Zacatecas con 349. Al final de la lista están Yucatán con un único entierro ilegal, Quintana Roo con ocho y Campeche con once. Ciudad de México y Querétaro no figuran en el registro de la CNB.

En el caso de la capital del país, la fiscalía local aseguró al organismo que “no se ha tenido conocimiento de que en la Ciudad de México exista el hallazgo de una fosa clandestina”. Pero en respuesta a peticiones de información reconoce que cuenta con 106 expedientes por el delito de “inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres y restos humanos”; algunos podrían tratarse de entierros ilegales.

¿Qué nos dicen las fosas clandestinas?

El 6 de abril de 2019, en el municipio de Xalisco, ubicado a 7 kilómetros del centro de Tepic, la capital de Nayarit, se encontró una fosa con una altura de cuatro metros que los colectivos de búsqueda calificaron como la más profunda del país. De la tierra se rescataron 21 cuerpos de personas que desaparecieron en junio de 2017.

El entierro masivo requirió de, al menos, una retroexcavadora, de acuerdo con un testimonio recogido por la CNB. Los cuerpos estaban acomodados en varias filas, bañados en cal y separados por lonas.

Volga de Pina, investigadora del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México (ODIM), considera que hallazgos como el de Nayarit muestran un grado importante de colusión con las autoridades, el acceso a recursos –como la maquinaria– y el poder de las organizaciones criminales, aunque advierte que esta es una sospecha difícil de comprobar. “¿Cómo hacían una fosa de ese tamaño, por ejemplo, en Colinas de Santa Fe, sin que nadie lo notara?”, cuestiona.

Es probable que, en varios casos, las autoridades se percataran o supieran que en ciertos puntos los criminales enterraban a sus víctimas. “Los policías de a pie están muy enterados de en donde entierran los cuerpos los criminales, pero por miedo no denuncian esto porque además ven que sus jefes policiales tienen pactos o acuerdos con las organizaciones de la zona”, según Eduardo Guerrero.

Hay una tipología de estos sitios también conocidos como de exterminio: fosas en donde los cuerpos estaban acomodados en filas; entierros masivos que evidencian un uso “reciclado” de las fosas en distintos momentos; entierros cercanos a lugares semiurbanos y otros lejanos, pero con vías de acceso como carreteras; restos que fueron movidos de un espacio a otro.

Los cuerpos están amontonados o descuartizados, lo que hace difícil saber cuántas personas son. Se encuentran envueltos en bolsas negras, atados de pies y manos con vendas, ropa o cinchos, cubiertos con cal o yeso, disueltos en ácido para borrar cualquier posibilidad de identificación. Las fosas también cuentan parte de la verdad de quienes han sido enterrados en ellas.

Para encontrarlas, las buscadoras han aprendido a leer la maleza y la tierra, a reconocer olores, a identificar qué hay en el entorno que no debería estar ahí. González, de la Red de Enlaces Nacionales, ha recorrido medio país en busca de entierros ilegales. Ninguna fosa es igual, asegura.

Pese a la importancia de contar con información sobre los cuerpos recuperados en fosas clandestinas y los objetos hallados en su interior, es complicado acceder a estos datos: “Como no sabemos todavía quiénes podrían estar ahí, no tenemos acceso a toda la carpeta de investigación porque no se puede acreditar el interés jurídico [un motivo legal para conocer investigaciones en curso] al no tener indicios de que la persona que buscas pudo haber terminado ahí”, explica De Pina.

La defensora Palacios coincide con esto. En su experiencia, en las carpetas de investigación sobre hallazgos de fosas no hay más que una criminalística de campo insuficiente y “de mala calidad”, es decir, el registro de qué se encontró, en qué condiciones y el lugar exacto. Sin la información completa de la evidencia recogida en estos lugares, más allá del número de cuerpos y restos óseos, es difícil generar líneas de investigación que den con los perpetradores o, al menos, con la verdad de quiénes eran las víctimas y por qué se las llevaron y asesinaron.

Tampoco existen registros digitalizados que puedan ser consultados tanto por las familias buscadoras como por los agentes del ministerio público a cargo de investigar las desapariciones.

“Lo que necesitamos es que las fiscalías empiecen a sistematizar y abrir [publicar] esa información para ver qué nos dice de la violencia y cómo ha cambiado”, señala la abogada e investigadora del ODIM.

La falta de datos públicos respecto a los hallazgos hechos en cada fosa clandestina regresa la atención a las fiscalías, que son los únicos órganos legalmente autorizados para recuperar los cuerpos e indicios, e investigar estos delitos.

Buscadoras bajo asedio

Buscar personas desaparecidas se ha vuelto una actividad de riesgo en México. Cada vez con mayor frecuencia, integrantes de los colectivos sufren intimidaciones y agresiones que ponen su vida en peligro cuando salen a cerros y parajes de difícil acceso.

González dice que la política de austeridad también ha puesto en riesgo a las buscadoras. En el gobierno de López Obrador han disminuido los agentes que las resguardan cuando salen a campo, y el grupo de la extinta Policía Federal que había sido preparado en el sexenio anterior para acompañarlas prácticamente ha sido desintegrado.

Además, cuando son escoltadas por personal de la Sedena o de la Guardia Nacional con formación castrense, es evidente que no cuentan con preparación para protegerlas, como pasó durante una de las actividades en campo de la pasada Brigada Nacional de Búsqueda, realizada en diciembre de 2022 en Morelos, cuando un grupo fue intimidado con disparos.

“Cuando se hacen los disparos, lo que sucedió con Sedena es que se fue a perseguir o a buscar a quien nos estaba disparando y dejó a las familias en el sitio, solas, cuando lo que debía de haber hecho era ayudar a hacer una extracción, sacar a las familias de la zona de riesgo”, cuenta González.

Como este episodio, al menos otros seis han ocurrido en Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí y Sonora desde 2021.

Además de los riesgos físicos, las buscadoras sufren impactos emocionales ocasionados por el rastreo de fosas, pero saben que si ellas no salen a buscar a los suyos, las autoridades tampoco lo harán.

“¿Cómo es posible que vayas a una fosa y veas cuerpos y restos en estado de descomposición? ¿Cómo aguantan?”, le han preguntado en varias ocasiones a Sepúlveda. Ella cree que el amor les hace soportar todo eso.

Para Castro, del colectivo Solecito, hubo un momento clave en el que tuvo que

preguntarse si podía continuar escarbando la tierra. “O eres fuerte o dejas la

búsqueda. ¿Quieres encontrar a tu hijo o no?”. Y decidió seguir buscando fosas.

La ‘desaparición’ de fosas

Desde 2021 se evidenció que en los informes –sin bases de datos– presentados por la ex comisionada nacional de búsqueda Karla Quintana habían “desaparecido” fosas clandestinas.

En un documento presentado por la exfuncionaria en mayo de 2019, en Guanajuato se registraba una fosa clandestina, pero en el reporte siguiente, fechado el 24 de junio de ese mismo año, el estado aparecía con cero fosas. Lo mismo ocurrió con los datos de Tabasco; de un informe al siguiente se descontaron diez fosas. En una tercera presentación, del 30 de agosto de 2019, Tamaulipas registró once fosas, dos menos que en la anterior, del 24 de junio.

Otros estados en los que “desaparecieron” entierros ilegales de un reporte a otro fueron Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Oaxaca y Puebla. En total, la CNB dejó de contar 77 fosas en sus informes entre 2019 y 2021.

Además, no está claro qué ocurrió con las 293 fosas de las que, según la CNB, le informó la Fiscalía General de la República (FGR) en una reunión con senadores y senadoras el 7 de octubre de 2021. En las bases de datos entregadas por la comisión vía petición de información pública no existe ningún entierro ilegal reportado por la FGR. Sin embargo, consignan 293 fosas clandestinas en las que se indicó que el estado en que ocurrió el hallazgo era desconocido.

La FGR sí entregó a la CNB información sobre las fosas clandestinas que localizó, según verificó este medio en la propia documentación publicada por el organismo. Fueron halladas en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

El registro de fosas de la CNB es el único que existe en el país, pero no cuenta con información que permita identificar a las víctimas recuperadas y a los responsables de los crímenes. Aunque la FGR tiene la obligación legal de crear un Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, no hay evidencia de que esté siendo implementado.

“Se ha perfeccionado la técnica tanto de las familias como de las autoridades para dar con los lugares de inhumación clandestina. Pero no sabemos cuántas personas se han sacado de ahí ni las características de las fosas. Realmente no sabemos mucho, solo un número que no nos dice nada más. No sabemos las historias, los años en que fueron cavadas”, afirma De Pina.

Sepúlveda no tiene palabras para responder qué representa para las buscadoras, como ella, que en México se hayan encontrado más de 5 mil 600 fosas clandestinas. Esto no para, dice. “Es nada lo que estamos encontrando de todos los [desaparecidos en fosas] que hay”.

¿Cuántas fosas quedan por encontrar? ¿Cuántos cuerpos faltan por recuperar? ¿Cuándo se les regresarán sus nombres y serán devueltos a las familias que los siguen buscando?

Desde la última actualización del registro, en abril de este año, en Tecomán se encontró otra fosa masiva. Ahí, en el Cerro de Ortega, a la fecha se han recuperado 53 cuerpos de 30 entierros, de acuerdo con un reportaje de la revista Proceso. Sepúlveda tiene razón: esta tragedia no para.

Marcos Vizcarra- Andres de la peña- David Eads/Proceso

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