El derecho de piso que el crimen organizado cobra a productores, locatarios y agricultores provoca un incremento de precios en los alimentos, combustibles y transporte, apunta un estudio del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Los expertos se remitieron al caso del limón en Michoacán, que su precio por kilogramo es de 13 pesos, pero el derecho de piso provoca que este aumente hasta los 50 pesos.
Sin embargo, los mayoristas compran el producto y lo venden a 60 pesos el kilo, después los minoristas lo comercializan en 70 pesos, para que el consumidor final lo compre hasta en 85 pesos, según el documento “La inseguridad irrumpe la logística de las cadenas de suministro hacia Estados Unidos”.
“Si bien la inflación va a la baja, el crimen organizado se ha conformado como un cártel que determina los precios en la producción, distribución y venta, además de determinar temporalidad y volumen de cosecha y fabricación de bienes”, apunta el texto.
De acuerdo con el análisis, el incremento de la inflación y afecta principalmente a los sectores con más presencia del crimen organizado como alimentos y bebidas no alcohólicas; prendas de vestir y calzado; gas y combustibles; muebles y artículos para el hogar; transporte, y restaurantes y hoteles.
“El gobierno debe blindar al mercado interno a través de fortalecer la seguridad pública en la producción, distribución y venta final de la producción. En estos tres niveles se debe minimizar la presencia del crimen organizado”, se lee en el documento.
Las ciudades dedicadas a la agricultura y ganadería más afectadas por la extorsión son Irapuato, Guanajuato, con 40.3%; Uruapan, Michoacán, con 36.8%; Oaxaca, con 33.3%; Xalapa y Coatzacoalcos, con 26.7 y 26.6 respectivamente; Aguascalientes, con 25.6% y Pachuca, con 24.7%.
Los analistas señalaron que ante esta problemática es necesario que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana blinde los principales puntos de producción agrícola y manufacturera contra la intervención del crimen organizado.
“Con ello se evitará que aumenten costos al productor, evitando incremento de precios al consumidor, lo cual redundaría en una menor inflación y una reducción en las tasas de interés, provocando un incremento en el consumo”, estimaron.
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