El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad lineamientos para evitar la injerencia o participación de funcionarios públicos, o los denominados servidores de la nación que tienen a su cargo la operación de los programas sociales, en el proceso electoral federal y locales en curso, incluido el de la sucesión presidencial.
Los lineamientos establecen con claridad que dichos servidores “deberán conducir su actuar de manera institucional, sin realizar actos o manifestaciones que generen la percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o partido político, o bien, que su continuidad depende de la permanencia de una opción política en el gobierno”.
El representante del PRD, Ángel Ávila, afirmó que en 2018, durante el periodo de transición, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador encargó a militantes de Morena realizar el “censo del bienestar”, que luego utilizó la Secretaría del ramo para entregar programas sociales, por lo que desde entonces se ocupa —dijo— como una “estructura de promoción del voto” en favor de Morena.
Mencionó que esa situación es tan real, que incluso Marcelo Ebrard denunció que dichos funcionarios operaron para apoyar la promoción de Claudia Sheinbaum para obtener la coordinación, y posterior candidatura presidencial, de dicho partido.
Los lineamientos aprobados establecen que los funcionarios y servidores de la nación vinculados con programas sociales, “se abstendrán de usar logos, emblemas, nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, que generen confusión o identidad con un partido político, gobernante”.
La consejera Dania Ravel propuso incluir en los lineamientos la prohibición a los gobiernos de crear programas sociales emergentes o novedosos a partir del 2024, así como la prohibición para que los servidores funjan funcionarios de casilla, representantes de partido y observadores electorales. Sin embargo, ninguna de las dos propuestas fue aceptada.
El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, fustigó a Ravel por sus propuestas, pues consideró que buscaba legislar en la materia; en respuesta, la consejera respondió que no querer escuchar sugerencias, no es demócrata.
A su vez, el consejero Jorge Montaño sugirió eliminar el requisito de una firma de garantía, de que las personas que fungirán como funcionarios de casilla no son servidores de la nación; sin embargo, esto fue rechazado.
Lo que sí tendrán prohibido los funcionarios y servidores de la nación es entregar apoyos sociales en eventos masivos.
Los lineamientos les prohibieron exigir a beneficiarios promesa o demostración de que votarán en favor o en contra de alguna precandidatura, candidatura, partido, coalición o aspirante; o que se abstendrán de votar o de participar. También tendrán prohibido obligarlos a asistir, promover, participar, en algún evento o acto de carácter gubernamental, político o electoral. No podrán recoger o retener la credencial para votar.
“Aquellas personas que sean servidoras públicas vinculadas con programas sociales, operadoras de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación, así como las personas servidoras de la nación de los tres órdenes de gobierno, no podrán ser designadas como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla”.
A quienes sean elegidos como integrantes de dichas mesas, se les requerirá una verificación y deberán firmar la siguiente leyenda:
“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto no ser persona servidora pública vinculada con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, ni ser persona operadora de programas sociales y actividades institucionales, cualquiera que sea su denominación, no ser persona servidora de la nación”.
Finalmente, los lineamientos establecieron que las autoridades electorales de la entidad federativa, administrativa y jurisdiccional serán las competentes para conocer y resolver los procedimientos especiales sancionadores, incluso cuando se denuncie a personas servidoras públicas de carácter federal.
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