La Fiscalía General del Estado (FGE) remitió un informe a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la intervención de la jueza Angélica Sánchez, detenida por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.
La Fiscal del Estado, Verónica Hernández Giadáns comentó que ellos fueron requeridos por el gobierno federal y aportaron todos los datos que les solicitaron en aras de transparentar su actuar.
La Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite remitió una carga al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el caso de la jueza Angélica Sánchez, detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, los días 5 y 16 de junio.
En el documento, que se hizo público -el 4 de septiembre- detalla que se requirió un informe al gobierno federal, y se dio un periodo de 60 días para responder a la ONU.
En la carta, la relatara reporta que desde la presidencia del Poder Judicial se determinan las medidas cautelares que deben implementar los jueces en las audiencias, incluso, se denunció que la juez, que estuvo retenida desde el 5 hasta el 7 de agosto, fue víctima de desaparición forzada de corta duración desde la Fiscalía del Estado.
“El 7 de junio de 2023, la Fiscalía liberó a la jueza sin someter la legalidad de su detención a control judicial, pues pese a haber afirmado que se detuvo a la jueza en flagrancia, determinó que no había elementos para judicializar el asunto por el momento. Sin embargo, refiere que continuará con las investigaciones”, se lee en la carta.
A ese respecto la relatora de la ONU destaca: “En particular, me preocupa que la Jueza haya sido detenida sin orden de detención y que dicha detención podría constituir una desaparición forzada de corta duración”.
Al respecto, la Fiscal General aclaró que ella no le respondió a la ONU, no obstante, reconoció que sí remitió un informe completo sobre el actuar contra la juzgadora que fue acusada por diversos delitos, luego de que ordenó la liberación de Itiel N, alias el Compa Playa, consideró un objetivo del gobierno del Estado.
“A nosotros nos hizo un requerimiento Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, fue que les dimos contestación de los que nos requirió. Y como Fiscalía hemos actuado en ese caso y en todos conforme a derechos, respetando los derechos humanos de quienes son detenidos”.
Comentó que ella no considera que lo dicho por la ONU es una observación a su trabajo, y que el informe contiene todo el trabajo que se había hecho para la integración de la carpeta y su actuar.
Finalmente, explicó que la observación, que se hizo de la ONU que se detuvo a la jueza Angélica Sánchez, a pesar de que contaba con un amparo, ya se resolvió que ellos actuaron conforme a derecho.
AVC/Isabel Ortega
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