La inversión que este gobierno destina a los programas sociales se ha incrementado 30% en cinco años, pero no ha sido suficiente para disminuir el número de personas que viven en pobreza extrema en México.

En los cinco años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha invertido un total de 6,514 mil millones de pesos, pero mientras crecen los montos presupuestales de nueve programas prioritarios, a través de los cuales se transfiere dinero a la población, especialistas en política pública ven con preocupación que este gasto se utilice más con fines electorales que con la intención de ayudar a las personas más vulnerables.

En el último año del sexenio del priista Enrique Peña Nieto se aprobó un presupuesto total de 1,166.7 mil millones de pesos constantes de 2023, para 150 programas sociales, cuando este año, el gasto ascendió a 1,524.7 mil millones de pesos distribuidos en 121 programas sociales, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

De acuerdo con datos del organismo, 46.8 millones de personas viven en pobreza en México, lo que equivale al 36.3% de la población total del país. Si bien hubo una disminución de 5.1 millones personas en esta situación, los mexicanos que viven en pobreza extrema se mantuvieron casi igual, con un leve aumento de 400,000 personas al pasar de 7.0 a 7.1%.

El gasto de los programas prioritarios

De los 121 programas sociales existentes en 2023, Expansión Política revisó el presupuesto que cada año aprobó la Cámara de Diputados para nueve programas considerados prioritarios, en términos reales. El análisis se basa en los informes anuales del Consejo Nacional de Evaluación y Política de Desarrollo Social (Coneval) sobre el gasto social y en el PEF de la Secretaría de Hacienda.

Entre 2019 y 2023, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores creció su presupuesto 2.7 veces, en términos reales, al pasar de un gasto de 123,092.2 millones de pesos a 339,341.3 millones de pesos.

«Dentro de los programas incluidos en el gasto en protección social, destaca la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores, cuyos apoyos se han triplicado en términos reales entre 2018 y 2023», enfatiza el documento de Criterios Generales de Política Económica.

El Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez incrementó su presupuesto 10%. Registró un gasto aprobado de 31,733.1 millones de pesos en 2019 y de 34,922.1 millones de pesos en 2023.

Las Universidades del Bienestar subieron su inversión al pasar de 1,230 millones de pesos en 2019 a 1,476 millones de pesos en 2023. Después se ubica el programa de Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, con un gasto de 21,270 millones de pesos a 37,554 millones de pesos en el mismo periodo.

A Jóvenes Construyendo el Futuro se le aprobó un gasto de 5,317 millones de pesos en 2019, y en 2023, 23,090 millones de pesos, es decir, cuatro veces más dinero en cinco años.

Para Sembrando Vida se ha duplicado el presupuesto. En 2019 se aprobaron 18,463 millones de pesos en 2019, y en 2023 acumuló un presupuesto aprobado de 37,136 millones de pesos.

Jóvenes Escribiendo el Futuro creció de 9,195 millones de pesos en 2020 a 11,162 millones de pesos en 2023. Y el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras pasó de 2,413 mdp en 2019 a 2,926 mdp en 2023.

Más dinero en 2024

El próximo año, el ramo Bienestar tendrá 26% más recursos que en 2023, en términos reales, con un presupuesto de 543,933 mdp.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a la que se prevé asignar un monto de 465,048.7 millones de pesos el próximo año, es decir, 37% más que lo aprobado en 2023. Además, el próximo año subiría el monto bimestral de este programa a 6,000 pesos.

«Este ramo ha sido prioritario dentro del gasto de la actual administración. En promedio, su presupuesto ha crecido 26% en todo el sexenio, y en 2024 alcanzará 6% de todo el presupuesto programado», explica un análisis de la organización Ethos, Innovación en Política Públicas.

Impacto en la pobreza

Aunque en el Quinto Informe de Gobierno se califica de exitosa la política de austeridad implementada por el presidente López Obrador para financiar con un mayor alcance los programas sociales, todavía falta camino por recorrer.

El elevado gasto social ya tuvo un primer impacto positivo. En 2022 se redujo la población en pobreza de 51.9 millones de personas en 2018 a 46.8 millones de personas en 2022.

Según la administración federal, estos apoyos atienden, principalmente, “a los sectores más necesitados como lo son estudiantes, infancias y personas adultas mayores, entre otros”.

Sin embargo, la pobreza extrema creció ligeramente, al pasar de 8.7 a 9.1 millones de personas en esa situación durante el mismo periodo.

Especialistas en política social han advertido que este efecto se relaciona con el cambio en la entrega de las transferencias monetarias. Ahora, menos personas en los niveles de mayor pobreza acceden a los programas sociales.

“Específicamente, en materia de transferencias, lo que hemos visto es que estas se dan cada vez en mayor proporción a los hogares que ya tienen una ventaja”, explica Rodolfo de la Torre, eh, director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

En 2018, las transferencias monetarias entregadas a través de programas sociales federales representaron 18.7% del total de los ingresos mensuales de las personas más pobres, ubicadas en el primer decil. Para 2020, esta proporción se redujo a 12.5%, expone el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 del Coneval.

Además, ante algunas fallas detectadas en los programas sociales, como falta de transparencia en su operación y elección de beneficiarios, estas iniciativas abren la puerta a usarse con fines electorales, sobre todo el próximo año que se renovará, entre otros cargos, la Presidencia de la República.

“Sabemos que, de cara a las elecciones de 2024, el gasto social se puede convertir en una poderosísima arma electoral”, advirtió Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos, Innovación en Políticas Públicas.

Esta organización experta en políticas públicas y desarrollo social ha señalado que un riesgo para el país es el manejo insostenible de las finanzas públicas por el costo de los programas sociales y las obras prioritarias, como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas, mientras el nivel de recaudación en México es el más bajo de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La realidad muestra que hay retos importantes todavía para alcanzar un México más justo, equitativo, con finanzas públicas sanas y menos corrupción”, subraya.

Expansión

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