La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsará la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial para que la Tesorería de la Federación mantenga en sus arcas unos 20 mil millones de pesos.
La iniciativa, presentada por Ignacio Mier Velazco, resalta que el presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el presente ejercicio fiscal de 2023 suma un total de 77 mil 544.5 millones de pesos, “por lo que los recursos acumulados por los fideicomisos representan un 26.4% de ese monto”.
El artículo único de la propuesta propone que se reforme el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en Materia de Fideicomisos.
“Dentro del Poder Judicial de la Federación no podrán existir otros fondos y fideicomisos de los que expresamente prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”, indica el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria.
En su justificación, Mier Velazco dijo que “se trata entonces de construir un Poder Judicial independiente, imparcial y eficaz, auditable y austero”.
“Los tres primeros elementos se encuentran en curso de consolidación gracias a la amplia reforma constitucional y legal promulgada en 2021, que ha tenido como un objetivo central mejorar las capacidades institucionales de todas las instancias que conforman al Poder Judicial”, explicó.
El coordinador de Morena subrayó que “los dos elementos restantes, la rendición de cuentas y la austeridad, constituyen aún pendientes importantes por lograr”.
Mier Velazco dijo que son 14 fideicomisos en el Poder Judicial de la Federación (seis en la Suprema Corte; seis en el Consejo de la Judicatura Federal y dos en el Tribunal Electoral) cuya suma de fondos es de 20 mil 149 millones de pesos y sus recursos principalmente “se utilizan para mantener las prestaciones de las y los ministros, consejeros y magistrados durante toda la vida”.
Apoyado en notas periodísticas elaboradas con “información de Palacio Nacional”, Mier Velazco incluyó una serie de gastos millonarios en salarios, alimentación, medicamentos, seguros de vida, además de apoyos materiales como la renovación del parque vehicular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cada dos años.
“Es absolutamente intolerable que existan prestaciones económicas de privilegio que distingan tan negativamente a un grupo muy reducido de funcionarios respecto del resto de personas que laboran en el propio Poder Judicial, no digamos respecto del resto de la población”, subrayó.
El coordinador de Morena afirmó que con la extinción de los fideicomisos que se constituyan en los términos de este artículo, “los recursos públicos remanentes deberán enterarse a las respectivas tesorerías o sus equivalentes, salvo que se haya acordado un destino diferente en el contrato respectivo”.
Latinus
Comentarios