El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a su Quinto Informe de Gobierno orgulloso por la cantidad de becas que su administración entrega a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Son “12 millones de becas para estudiantes de familias pobres, desde preescolar hasta posgrado, con una inversión anual histórica de 84 mil millones de pesos”, destacó.
Para el mandatario federal, la entrega de becas es un hito histórico, no solo por la cantidad de apoyos que se dispersan, sino porque está convencido de que contribuye a que menos personas abandonen la escuela o ingresen a grupos criminales.
Sin embargo, no existe evidencia robusta que compruebe que las becas han tenido ese impacto en la juventud y, los datos que sí están disponibles, muestran que el abandono escolar no ha disminuido y que los estudiantes más pobres reciben menos becas.
Especialistas consultados subrayan que no basta con otorgar becas para realmente apoyar a la población joven. Lo que urge es una política de Estado que garantice su protección y derechos.
“No es una cuestión meramente de dar dinero y que ya les alcance para mantenerse en la escuela”, subraya Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Aunque el gobierno actual del presidente López Obrador se ha centrado en el apoyo a la juventud a través de becas, no ha sido suficiente para proteger a esta población de la violencia y del crimen.
“No existe un estudio riguroso que pruebe que las transferencias están reduciendo también la criminalidad o que se incorporen los jóvenes a grupos delictivos”, explica Rodolfo de la Torre.
Violencia contra juventudes
Los sucesos de los últimos meses en algunas entidades federativas, como Jalisco, y el registro de defunciones del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) entristecen: la juventud es el blanco principal de grupos criminales.
En México 404 niños y niñas de 0 a 14 años fueron asesinados en 2022; también fueron víctimas de homicidio 2,233 adolescentes de 15 a 19 años y 8,924 jóvenes de 20 a 29 años, según cifras del Inegi.
La violencia contra la juventud ha alcanzado tal magnitud que ser joven en México implica tener una probabilidad mayor de morir entre los 15 y 24 años respecto a personas de la misma edad de otros países.
De acuerdo con un informe del Grupo interinstitucional de las Naciones Unidas para la estimación de la mortalidad infantil (IGME), en 2021 se registró una tasa de mortalidad de 12.08 por cada 1,000 personas de 15 a 24 años, índice mayor al promedio mundial, que se estimó en 11.
En 2005 se reportó la menor mortalidad en jóvenes, con una tasa de 8.5, según las estimaciones del IGME. A partir de 2006, fecha que coincide con el sexenio del expresidente Felipe Calderón donde se declaró la llamada “guerra contra el narco”, la mortalidad juvenil repuntó hasta alcanzar su máximo nivel en 2021.
Becas, ¿para quién?
Es verdad que el número de becas que entrega el gobierno federal aumentó considerablemente. Sin embargo, cada vez llegan menos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes más vulnerables.
En 2022, 23.6% de las y los estudiantes fueron beneficiados con una beca, lo que equivale a un aumento de 3.1 puntos porcentuales respecto a 2018, cuando 20.5% obtuvo este apoyo educativo.
Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) revela que entre 2022 y 2018 disminuyó 6.9% el número de estudiantes con una beca ubicados en los deciles I y II de ingresos.
Un análisis sobre movilidad educativa del Centro de Estudios Espinosa Yglesias coincide: en 2016 los hogares que tenían padres con el menor nivel educativo recibían aproximadamente 34% de las transferencias monetarias en 2016, pero para 2022 este porcentaje se redujo a 18%. Los hogares que tienen padres con mayor nivel educativo en 2016 recibían aproximadamente 8% de las transferencias y ahora están recibiendo 22%.
“Los que más desventaja educativa tienen por la escolaridad de sus padres fueron castigados, por así decirlo, con un menor monto o proporción de las transferencias”, explica el investigador Rodolfo de la Torre.
El estudio demuestra, además, que persisten muchas desigualdades para alcanzar niveles educativos más altos que los de los padres. En 2016, 72% de la población joven superaba la educación de sus padres y en 2022 lo hizo el 68%.
También hay desigualdad de oportunidades: 15% de los jóvenes que tienen padres con educación primaria o menos llega a la universidad, mientras que de los hijos de profesionistas 60% logra estudiar el nivel superior.
“Lo que estamos viendo es que tener padres con estudios profesionales nos da una probabilidad cuatro veces mayor de llegar a la universidad que si se tienen padres con estudios de primaria o menos”, detalla.
A decir de Alejandra Llanos Guerrero, coordinadora del área de Educación y Finanzas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el bajo presupuesto que actualmente se destina a la educación en México también impacta en el desarrollo escolar.
Actualmente, con 402,276 millones 748,788 pesos, el gasto educativo es uno de los más bajos de los últimos 10 años, en términos reales.
“Se requiere una mayor inversión en educación y se debe ejercer equitativa y eficientemente y, sobre todo, priorizar aquellas áreas en las que el sector educativo presenta mayores retos, como la calidad y la formación misma de los docentes, aspectos culturales y la inversión en infraestructura”, explica.
Víctimas de la violencia
Respecto a jóvenes víctimas de algún delito o violación a sus derechos humanos, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez informó que 2,707 recibían un apoyo de este tipo en 2020. De ese universo, 2,113 eran estudiantes de educación básica, 440 de educación media superior y 154 de educación superior.
Estos jóvenes habían sufrido la desaparición, secuestro u homicidio de alguno de sus tutores; eran víctimas de feminicidio, trata de personas o estaban en situación de orfandad. El 35% vivía en Guerrero, Tamaulipas y Chiapas y tenían entre 6 y 18 años de edad.
“La posibilidad de contar con una beca para continuar sus estudios es una oportunidad para salir adelante y conseguir sus metas, a pesar de los daños físicos o emocionales que hayan sufrido, ya que la educación es una herramienta para transformar sus vidas”, expuso la dependencia en un comunicado.
Sin embargo, la cifra de menores beneficiados es mínima respecto a la cantidad que vive en zonas con altos niveles de violencia. A través del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, el gobierno federal otorga apoyos económicos a infancias y personas hasta los 23 años de edad en situación de vulnerabilidad por la ausencia de uno o de ambos padres.
La iniciativa social busca dar prioridad a quienes habitan en municipios indígenas o con población afromexicana, de alto y muy alto grado de rezago social, zonas con alto y muy alto grado de marginación o con altos índices de violencia.
Sin embargo, de una población objetivo de 1 millón 563,674 personas, únicamente reciben esta beca 262,482. Es decir, apenas 16% de quienes necesitan este apoyo acceden a él. Esta información forma parte del Segundo Informe Trimestral de 2023 de la Secretaría de Bienestar.
“Se ha venido acumulando un rezago educativo, que por cierto también lo establece el Coneval en sus mediciones, que este rezago ha venido aumentando y no ha habido una política específica para, por ejemplo, hacer que regresen los jóvenes a la escuela o que los que están por abandonarla permanezcan en ella, porque no es una cuestión meramente de dar dinero y que ya les alcance para mantenerse en la escuela”, señala.
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