El abogado penalista, Tomás Mundo Arriasa opinó sobre la queja de las titulares del Poder Judicial, Lisbeth Jiménez Aguirre y de la fiscal de Veracruz , Verónica Hernández Giadáns, que exhibieron el trabajo de jueces federales que están otorgando amparos para variar medidas cautelares a presuntos delincuentes.
Este jueves 10 de agosto, las dos titulares, a la par del gobernador Cuitláhuac García y la presidenta del Congreso de Veracruz, Margarita Corro Mendoza, se quejaron de que se han otorgado más de 30 amparos que permiten a delincuentes recobrar su libertad, al variar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa,
Ante ese escenario, se dijo que los jueces federales promueven una “estrategia perversa” para librar a delincuentes en el Estado.
Al respecto el abogado penalista mencionó que la aparición de las titulares del Congreso de Veracruz, del Poder Judicial y de la FGE evidencia una cadena de ilegalidad en la que participan todos los actores políticos, que les preocupa resolver casos, sin importar meter a la cárcel a personas inocentes.
“Es inaudito, ni en el peor país Latinoamericano el ejecutivo, el judicial y la fiscalía se reúnan preocupados por lo que está pasando con la justicia, lo que tiene que hacer es capacitarse. La decisión de los jueces está plasmada de un gran contenido jurídico garantista y protector”.
Mundo Arriasa afirmó que respalda y apoyan el trabajo del Poder Judicial y van a seguir promoviendo cambio de medidas cautelares, para obligar a la Fiscalía hacer un trabajo profesional.
Aclaró que los amparos que se otorgan desde la federación, en ningún momento callan a la Fiscalía, por lo contrario, los jueces federales les piden a las partes involucradas en un juicio a debatir para que se acredite con pruebas contundentes el encarcelamiento de los presuntos delincuentes.
El abogado reconoció que es difícil que alguien que no ejerce el derecho penal entienda el alcance de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o aplicar los conceptos de apariencia del buen derecho y la suspensión con efecto restitutorio.
“Lo que está pasando, y es por eso qué están muy preocupados, es que nosotros vamos a seguir insistiendo y exhibiendo que se están fabricando culpables. Ellos dicen que defienden a los inocentes, pero el trabajo deficiente de la fiscalía genera dos víctimas, la que sufre algún delito, y a quién se le imputa los hechos, sin ser responsables”.
Comentó que la gente debe estar en la cárcel, pero los que cometen los delitos; puso de ejemplo, que en la primera detención de la jueza Angelica Sánchez se le obligó a disparar un arma, para imputar un delito que no cometió.
En la segunda carpeta de investigación, se le acusó de dos nuevos delitos que no ameritan prisión preventiva, y pese a ello, con la complicidad del Poder Judicial, se ordenó vincular a proceso y encarcelar; y solo fue -por medio de amparos- que se logró su libertad.
“La Corte dice debe haber pruebas, es el trabajo de la Fiscalía, y ante esa ausencia ahora si debate en un plazo de igualdad, y si tu fiscalía, que tiene la carga de la prueba, presenta la información entonces se queda la gente en la cárcel. Lo que ahora tiene que hacer la Fiscalía es capacitarse y probar los delitos”.
Afirmó que al declararse la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa se obliga a la Fiscalía General del Estado (FGE) a dejar de fabricar culpables, y sostener con pruebas que la persona a la que se le imputa un delito es responsable del mismo.
AVC/Isabel Ortega
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