Un grupo de organizaciones, colectivos y activistas ha presentado por lo menos 100 amparos entre el 20 y 30 de junio, en diferentes entidades del país, para frenar la cancelación de 34 normas oficiales mexicanas (NOM) que propone el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio.
Patricia Olamendi, abogada feminista, confirmó en entrevista que una de estas acciones legales ya fue admitida por un juez el 6 de julio pasado —con el número de expediente 1166/2023—. El juez no otorgó una suspensión inmediata, por lo que será hasta después de que se lleve a cabo la audiencia para presentar los argumentos cuando el Poder Judicial pueda tomar una decisión definitiva al respecto.
Olamendi explicó que un grupo de organizaciones, grupos y activistas, particularmente feministas y preocupadas por el planteamiento de cancelar NOM que atienden temas enfocados en la salud de las mujeres, como las de lactancia materna, cáncer cervicouterino y cáncer de mama, coordinaron esfuerzos para presentar una serie de amparos a título individual pero en diferentes estados del país, con el objetivo de tener un mayor alcance. La abogada recordó que se trata de actos administrativos contra la publicación oficial.
“Aunque el Diario Oficial es muy claro en decir se cancelan las normas entre junio y diciembre, es decir, que va a suceder, y justo con la narrativa presentada de manera muy irresponsable por parte del presidente (Andrés Manuel López Obrador) y más irresponsable por Hugo López-Gatell, quien aparece por cierto como responsable directo, nos preocupa muchísimo, sobre todo porque las normas oficiales, las de cáncer cervicouterino, mama, mortalidad materna, prevención de enfermedades de transmisión sexual, están muy ligadas no solamente a derechos humanos, sino a compromisos del ámbito internacional que ha hecho México, sobre todo en el caso de salud materna”, destacó Olamendi.
Estos compromisos, explicó, se han construido a lo largo de varios años, no se trata de procesos recientes. Por ejemplo, las NOM que se refieren a cáncer cervicouterino y de mama comenzaron a construirse en los 90 —cuando comenzaron a ubicarse entre las principales causas de muerte—, y las medidas han ido creciendo en la capacidad de atención y prevención. Fue en el 97 que se hizo una petición específica para tomar medidas de prevención. Varias de las NOM tienen ese mismo origen, aseguró Olamendi, y son procedimientos para lograr estándares de calidad en la atención y el tratamiento.
“El hecho de que digan que las normas fueron creadas por personas interesadas, que buscan un lucro, que lo que se busca es vender cosas, que están metidos los grupos farmaceúticos, me parece una infamia que no tiene fundamento. Acompañar la narrativa que en realidad lo que busca es no tener responsabilidad, y no asumirla frente a enfermedades que pueden prevenirse, por ejemplo, diabetes, que es un problema grave, no es un problema menor”, agregó.
Recordó que para la publicación de las normas —como asienta la Ley Federal de Metrología y Normalización— es necesario cumplir un conjunto de requisitos y procedimientos que se han llevado a cabo, en los que muchas personas participan, como lo hizo ella misma para la 190, la primera sobre violencia intrafamiliar y sexual, y después en la 046 para la atención a víctimas de violencia. De una u otra manera, señaló, las normas contribuyen a la prevención, la atención y el acceso a la salud.
Por ello, el primer amparo que ya fue admitido está fundado en que la propuesta de cancelación violenta varios derechos humanos y, por lo tanto, artículos constitucionales, entre ellos el 1 y el 4, pero además con el argumento de que ha existido un avance progresivo para la realización del derecho a la salud y a la vida. Por esa razón, el frenar la prevención y el estándar de atención violenta los derechos humanos de las personas y particularmente de las mujeres, así como el principio de progresividad de esos derechos.
Respecto del resto de los amparos, detalló que para la mayoría aún no tienen respuesta y para algunos —como el presentado en Yucatán— no hubo una respuesta favorable. En otras entidades se ha pedido una ampliación de la argumentación en cuanto al objeto del amparo. Para el que ya fue admitido y notificado recientemente, no hay suspensión provisional, por lo que estarán a la espera de la audiencia para ampliar la argumentación, pues aún falta la formalidad de la cancelación definitiva.
“Nosotras nos sentimos muy contentas, porque el hecho de que se admita ya para resolverlo y citarnos ya es un tema importante, porque no teníamos esa certeza precisamente por como queda redactado el decreto sobre la eliminación de las normas oficiales. Entiendo que hoy citaron en salud al comité para discutir el tema de las normas oficiales. Quisimos hacer una acción que fuera más allá de la protesta, y que también obligue a las autoridades a tener que dar respuesta fundada en los derechos que a lo largo de los años hemos podido tener en nuestras leyes”, aseguró.
Sin registro de justificación previa
El 13 de marzo de 2023, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del año del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública (CCNNSP), al que debe presentarse cualquier intención de revisión, actualización o cancelación de NOM. Fue presidida por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud —también presidente del CCNNSP—, Hugo López-Gatell, y por José Luis García Ceja, director general de Calidad y Educación en Salud y secretario técnico del comité.
Estaba presente una mayoría de miembros (40), según consta en el acta de esa sesión. Ahí se presentó ante el comité, por primera vez, el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, las respuestas y los comentarios al proyecto de NOM para la prevención y control del VIH, así como al de la atención médica integral a personas con discapacidad y certificación de la discapacidad, y la presentación del anteproyecto para la NOM de educación en salud.
También se planteó la cancelación de algunas normas oficiales mexicanas: NOM-029-SSA2-1999, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de la leptospirosis en el humano; la NOM-033-SSA2-2011, para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán; la NOM-038-SSA2-2010 para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades por deficiencia de yodo; la PROY-NOM-029-SSA2-2014 también para la prevención y control de leptospirosis en el humano, y la PROY-NOM-042-SSA2-2017, para los centros de prevención y control de zoonosis relativa a perros y gatos.
Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades, presentó las justificaciones para la cancelación de la mayoría de ellas. El comité, conformado por representantes del sector salud, órganos desconcentrados, unidades administrativas, instituciones de educación superior —en esa ocasión solo asistió la UAM—, institutos de investigación científicos o tecnológicos, organismos internacionales, academias y colegios, asociaciones civiles y cámaras y confederaciones, las aprobó y el presidente del comité firmó el acta.
Esas cinco NOM canceladas en esa primera sesión son parte de la lista que después se publicó en el DOF —el 1 de junio—; sin embargo, no es claro a partir de qué sesión o en qué momento se decidió incorporar las otras 29 a la propuesta de un suplemento al Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023. Incluso, la primera versión de ese documento, publicada el 28 de febrero en el DOF, no contemplaba más que las cinco cuya cancelación ya fue discutida y aprobada en la primera sesión ordinaria del comité.
En el acta de aquella sesión se asienta que la segunda y tercera sesión ordinarias se llevarían a cabo el 4 de mayo y el 1 de junio de 2023; sin embargo, no existe constancia de que así haya sido, pues las actas no están disponibles, a diferencia de la primera, y algunos integrantes no fueron convocados en esas fechas. Consultada al respecto, hasta el cierre de esta publicación la Secretaría de Salud no pudo confirmar si se llevaron a cabo o no. La lista de 34 NOM publicada en el DOF apenas fue presentada ayer en una sesión extraordinaria del comité para la próxima discusión o confirmación de las cancelaciones.
Respecto de lo ocurrido en esa sesión, el diputado Éctor Jaime detalló que, durante esta, el subsecretario López-Gatell anunció que la decisión final para las 29 normas pendientes se dará hasta septiembre. Recordó que las NOM son fundamentales para garantizar la calidad de los servicios de salud y proteger el acceso de la población en general.
Aunado a ello, las normas que se habían presentado a revisión en la primera sesión —VIH, discapacidad, residencias médicas y educación en salud— se reprogramaron, lo que significa, según Jaime, que ya no serán incluidas. “La intención es desaparecer el sistema de normas oficiales en el sector salud y diluir las responsabilidades en la atención médica y prestación de servicios de salud”, subrayó.
Además, advirtió que desde el Congreso de la Unión se seguirá insistiendo en la necesidad de que el subsecretario comparezca, pues las decisiones se han tomado en opacidad, sin audiencia a la ciudadanía y a los pacientes preocupados por su salud.
En tanto, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) publicó un comunicado en el que también se refirió a la decisión de posponer a septiembre la determinación sobre las NOM. Consideró que esto muestra apertura al diálogo por parte de las autoridades.
www.animalpolitico.com
Comentarios