Veracruz está entre los 10 peores estados en el país en cuanto a la evaluación del Índice de Estado de Derecho, elaborado por World Justice Project. Este índice permite registrar avances y retos persistente sobre el Estado de en las entidades federativas.
De acuerdo con este informe, la entidad está en el lugar 23 de 32 entidades, con una calificación de 0.39 de 1.0 posibles en temas de límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, derechos fundamentales, justicia penal, entre otros.
El documento advierte que el estado de Veracruz se ubica por debajo del promedio nacional en cuanto al índice, que es de 0.42, y muy por debajo de otras entidades como Querétaro que obtuvo la calificación más alta co 0.49, Guanajuato con 0:48 y Aguascalientes con 0.47.
Dentro de la evaluación al estado de derecho, los peores aspectos para Veracruz son los límites al poder gubernamental, los derechos fundamentales, la justicia civil y la justicia penal.
Por ejemplo, en cuanto a la justicia penal, la entidad se ubica en el lugar 30 de 32; este parámetro evalúa la efectividad y la calidad del sistema de justicia penal. Pero la entidad se ubica por debajo de la media nacional en investigación penal eficaz, procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz, derechos de las víctimas, debido proceso legal; justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción así como sistema penitenciario seguro y respetuoso de los derechos humanos.
Otro de los puntos peor calificados en Veracruz es la justicia social que también se ubica en el liga 30 de 32 entidades. En esta se mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil.
“Para garantizar el acceso a la justicia civil es fundamental que el sistema sea imparcial, independiente y libre de corrupción e influencias indebidas y que los procedimientos se lleven a cabo con respeto al debido proceso, de manera oportuna y sin demoras irrazonables y que las resoluciones judiciales se apliquen de forma efectiva”, señala.
Los derechos fundamentales son otro punto mal evaluado para la entidad (lugar 32 a nivel nacional); este aspecto mide la protección efectiva de los derechos humanos, reconociendo que un sistema de gobernanzaen el que no se garantizan los derechos fundamentales establecidos por el derecho internacional no puede ser un Estado de Derecho.
Sobre los límites al poder gubernamental, la evaluación del estado de Veracruz señala que ni el Legislativo ni el Judicial son contrapesos eficaces, pues este tubo mide si en la práctica, los pesos y contrapesos institucionales limitan el accionar de quienes gobiernan, en particular de gobernadoras y gobernadores, alcaldes y demás autoridades del poder ejecutivo estatal, y los responsabilizan de sus actos.
Este factor también considera el papel que juegan los contrapesos no gubernamentales, tales como la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos.
En cuanto a la ausencia de corrupción, señala que la entidad es lugar 20 entre los 32 estados del país. Este aspecto mide la ausencia de corrupción, definida como el uso del poder público para obtener un beneficio privado, en los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial locales, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia.
World Justice Project señala que en Gobierno Abierto, el estado de Veracruz está en el lugar 25 en el país y en orden y seguridad — que mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades— la entidad es el lugar 9.
Los resultados del IEDMX 2022-2023 evidencian un continuo estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición. Ningún estado se acerca a la calificación idónea, lo que significa que todas las entidades tienen aún retos pendientes.
AVC
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