El litigio civil que encabeza el gobierno de México en un juzgado de Florida, en Estados Unidos, contra Genaro García Luna, extitular de Seguridad Pública, y otros implicados, por una trama de corrupción y quebranto al erario por cerca de 745.9 millones de dólares a través de 40 contratos con instituciones públicas está detenido, informó Pablo Gómez Álvarez, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario federal explicó que la defensa de García Luna presentó una apelación bajo el argumento de que un juzgado local no tiene la competencia para analizar y resolver la demanda.

“El juicio fue admitido y va a llevarse a cabo por una corte de Florida. En este momento se ha detenido porque hubo una apelación presentada por la defensa de los demandados. Argumentan que un juzgado local de Estados Unidos no tiene competencia, pero de acuerdo con la ley federal y local del estado de Florida sí tiene competencia para la demanda de restitución de bienes. Fueron recursos públicos lavados, drenados, en Florida”, comentó Gómez Álvarez.

“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares, no es una cantidad menor, es una cantidad muy grande. El gobierno mexicano ha acudido a un juicio civil en Florida, para que se devuelvan todos estos recursos”, agregó.

Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, García Luna y excolaboradores autorizaron 40 contratos a empresas ligadas al exsecretario de Seguridad Pública. Estos recursos fueron transferidos de México al extranjero a través de paraísos fiscales, primordialmente en Barbados, y que fueron destinados a la compra de bienes inmuebles en Florida.

Los bienes raíces adquiridos rondan los 768 mil dólares hasta el millón de dólares. En total, García Luna y sus asociados compraron inmuebles por 17 millones, 930 mil 402 dólares. Todos estos están asegurados por la autoridad de Florida y los disputa el gobierno de López Obrador.

Genaro García Luna y algunas empresas vinculadas fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2019 bajo los delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entre los funcionarios implicados se encuentra Sonia Vargas Terrero, quien en la gestión de Genaro García Luna en la Policía Federal se desempeñó como directora general de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura y ahora labora en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

De acuerdo con información revelada por la UIF, en el sexenio de Felipe Calderón, Vargas Terrero firmó un contrato por 71 millones de dólares para la Policía Federal

“El primero de ellos, que fue pues encabezado por Felipe Calderón, el segundo fue encabezado por el último presidente anterior que tuvimos en el país. La de la PF, en el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal, firmó contratos por 71 millones 600 mil dólares”, detalló.

“Todas estas erogaciones que se hicieron a una sola holding, o conglomerado, consorcio de empresas, dirigido en Estados Unidos por dos personajes, que suscriben gran cantidad de los contratos”, explicó.

Según la información divulgada en la rueda de prensa, los contratos ampararon la compra de sistemas de rastreo y localización, que serían utilizados en Ciudad Juárez, en Chihuahua, no obstante, nunca fueron instalados.

Los contratos fueron dados a la empresa Nunvac, propiedad de Genaro García Luna.

Gómez Álvarez confió que con dicha información la Fiscalía General de la República (FGR) abra un juicio contra los exfuncionarios implicados en la trama de corrupción de Genaro García Luna.

Forbes

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