Los cargos penales presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y el director de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, no ameritan prisión, de acuerdo con el abogado Jorge Vázquez Campbell.
El jurista, experto en temas migratorios, explicó que el delito que se les imputa se refiere a una sanción por “no garantizar la obligación de custodiar, proteger o dar seguridad a las personas en las instalaciones a su cargo”, por lo que no amerita prisión preventiva oficiosa y en caso de ser considerado culpable y condenado a pena máxima puede permanecer en libertar al pagar una fianza.
Vázquez Campbell afirmó que los señalamientos no son por homicidio, sino por “omisión” pese a que su actuación muestra un patrón de fallas y han ocurrido otros hechos similares a los de la estación migratoria de Ciudad Juárez del pasado 27 de marzo, en donde murieron 40 personas.
Como ejemplo, citó lo ocurrido el 31 de marzo del 2020 en el centro de detención de INM en Tenosique, Tabasco, en donde una persona perdió la vida y 14 resultaron lesionadas.
“No los acusaron de homicidio por dolo eventual, sino por incumplimiento de leyes de prevención civil. Los están protegiendo“, aseguró Vázquez Campbell.
En el comunicado de la FGR tampoco se precisa si se solicitó una orden de aprehensión o se giró algún citatorio para que se presente a alguna audiencia de imputación y vinculación a proceso.
La FGR también señaló que “se procedió penalmente con los servidores públicos Salvador ‘N’, Juan ‘N’, Cecilia ‘N’ y Eduardo ‘N’, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas del incendio”.
Otra de las líneas de investigación refiere a los contratos sin licitaciones realizados por el INM y la empresa de seguridad, los cuales omitieron obligaciones de licitación pública y con costos superiores a los que se paga en el sector público.
“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados”, destaca el comunicado.
La FGR concluyó que “toda la serie de conductas ilegales y omisas, fueron elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos”.
Estas acciones ocurren luego de la exigencia de los países como El Salvador, Colombia, Guatemala y Venezuela de que se llegue hasta las últimas consecuencias y se haga justicia por la muerte de 40 migrantes.
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