Prefacio.

Ese nuevo descalabro jurídico del gobierno estatal (el amparo concedido a los propietarios de la Torre Centro, en el puerto de Veracruz) sacó una vez más de sus casillas al gobernador Cuitláhuac García, quien -sin el menor rubor- lanzó acusaciones contra un juez (del que no dio su nombre) afirmando que había un evidente conflicto de intereses. *** Este lunes, en conferencia de prensa, el gobernador se colgó del pleito que tiene su jefe político, el presidente López Obrador, y aseguró que los jueces federales están “esmerados en proteger la corrupción”. *** Cuitláhuac García tuvo que admitir que el gobierno de Veracruz perdió este round contra los dueños de ese edificio: “Perdimos uno y estamos viendo que hay otras cuestiones que tenían que cumplir y vamos”. *** Para justificar este descalabro, el gobernador comentó que “un juez federal es familiar de un beneficiario de la constructora” y que emitió su fallo para después pasar el caso a otro juez. *** “Vimos que había un problema de conflicto de interés, porque vimos que un juez tiene familia con los beneficiarios, socios; resulta que sí, se amparan y el juez decide que eso no importa, en resumen, lo hizo bien el juez. Al ver que era su familiar tomó la resolución y se lo pasó a otro juez, ya con eso el juez federal dijo que con eso bastó”, trató de explicar el gobernador, mostrando su evidente desconocimiento del marco jurídico. *** Un nuevo palo que les envía el mensaje de que, por muy “poderosos” que se sientan, siempre estarán por encima de ellos la Constitución y sus leyes.

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Una vez más, los asesores en materia jurídica del ingeniero Cuitláhuac García, lo metieron en un lío, al convencerlo de que había “argumentos” para defender al regidor sexto del ayuntamiento de Veracruz, el militante de Morena Sebastián Cano.

El mandatario estatal pide que sean “las autoridades” las que definan si Sebastián Cano Rodríguez es culpable en alguno de los 16 señalamientos por acoso y violencia de género, y argumentó que quien lo acuse, debe demostrar sus dichos, pues, aclaró el gobernador: “no veo denuncias con pruebas”.

Los asesores del gobernador en materia jurídica, una vez más, le pasaron incompleta la información.

Aunque hay 16 señalamientos en contra del regidor, son ya cuatro las denuncias formales que han sido presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE). El gobernador pide “pruebas” que sustenten esos señalamientos, pero sus abogados no le explicaron cuál es el criterio que ha planteado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para estos casos.

La máxima instancia para la impartición de justicia estableció que, con el objeto de remover las barreras en el acceso a la justicia, y como una garantía para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual, se deben establecer reglas para la valoración de los testimonios de las víctimas de este tipo de delitos con una perspectiva de género.

“Se debe considerar que los delitos sexuales generalmente se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras (se les conoce como “delitos de oculta realización”), por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas, por lo que no se puede esperar que haya pruebas gráficas o documentales; de ahí que la declaración de la víctima sea una prueba fundamental sobre el hecho, y al analizarla se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva”.

Hay al menos cuatro denuncias penales, que mantiene escondidas la FGE y que, por lo tanto, no avanzarán hasta que así lo ordene el verdadero jefe de ese órgano “autónomo”, el gobernador de Veracruz.

Nuevamente se tropieza el gobernador cuando pretende darles, a los medios de comunicación, “ejemplos” de lo que debería ser su trabajo:

“Algunos politiqueros que hoy hablan del tema del regidor callaron ante las acusaciones contra Rogelio (Franco Castán), hoy sujeto a un proceso que determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; así no pueden decir que es tema político, venganza o que es falso, ese es el Estado de Derecho, así se debe proceder y a eso me obliga la Constitución”.

El ingeniero Cuitláhuac García utiliza mal ese ejemplo. Rogelio Franco Castán fue detenido por elementos de la policía, a partir de una denuncia por violencia intrafamiliar, y a pesar de que contaba con una suspensión que impedía que fuera privado de la libertad.

Al resistirse contra lo que era un evidente abuso de autoridad, la Fiscalía de Veracruz lo imputó por el delito de “ultrajes a la autoridad” y, ya en prisión, le endilgó una serie de delitos, los cuales ha ido desmintiendo.

A la fecha sólo queda por resolver aquella carpeta original, iniciada a partir de un diferendo con quien fue su esposa, y a la que ofrecieron una jugosa recompensa si revivía la denuncia.

Al regidor de Veracruz no “le armaron” las 16 denuncias por acoso sexual, no “le sembraron” a 16 damas para que él -joven e inexperto como es- cayera en la trampa.

Sebastián Cano debe salir a dar la cara, y si para que las investigaciones lleguen a buen fin, debe pedir licencia a su cargo, lo debe hacer.

Claro: siempre y cuando siga al pie de la letra los fundamentos de su partido, Morena, que incluyen el respeto a la mujer.

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Epílogo.

Desde hace tiempo se dijo que Karime Macías Tubilla, quien fuera esposa de Javier Duarte de Ochoa, llevaba su defensa (por la acusación de un presunto peculado en agravio del gobierno de Veracruz) en dos frentes. *** Por un lado, sus abogados han insistido acá en México que los delitos que le imputan a quien fuera la presidenta del DIF estatal ya prescribieron y, por lo tanto, ya no existe materia para su extradición. *** Ese alegato, sin embargo, no ha sido atendido por la justicia federal en México, que considera que el procedimiento para su extradición debe seguir su curso, y que los alegatos que ella quiera presentar, los tendrá que llevar ante el juez de la causa. *** Por otro lado, Karime Macías litiga en el Reino Unido, donde ha solicitado refugio con el argumento de que es una perseguida política. *** El seguimiento que en su momento hizo de ella el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares (quien difundió fotografías de ella, tomadas de forma subrepticia, mientras caminaba por Londres) son su principal prueba de que fue perseguida y acosada por un enemigo político de quien fue su esposo. *** Este lunes se dio a conocer que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito negó el amparo a Karime Macías, con el que pretendía anular el proceso de extradición que inició el Gobierno Federal de México ante el gobierno del Reino Unido para enjuiciarla por fraude.

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