Prefacio.

El diputado local Miguel Hermida Copado habló con los medios de comunicación sobre un fenómeno que se ha repetido, año con año, desde que inició la actual administración: el subejercicio. *** “Imagínense que a Sedesol le quitan 350 millones de pesos, le dan menos presupuesto y presenta 60 millones de pesos de subejercicio; esto va a terminar reintegrado a la Tesorería de la Federación y va a terminar en otro país”, denunció. *** De inmediato, el secretario de Finanzas salió a “explicarles a los que no entienden”, pues dijo que se trata de recursos que ya están comprometidos, desde diciembre del año pasado, pero aún no se ejercen. *** “Todo tiene que ver con obra pública; son recursos federales que estaban comprometidos al 31 de diciembre, pero aún quedan por ejercerse al 31 de marzo (…) Ningún problema con ese recurso; está por ejercerse y no se va a reintegrar en ningún momento”. *** O sea que no es subejercicio, sólo que no lo han gastado. Para los que dicen saber de esto: un subejercicio se define como “el saldo negativo entre el monto de recursos ejercido y el originalmente programado para un período determinado”. *** El presupuesto del 2022 debió ser ejercido, a más tardar, el 31 de diciembre de ese año, lo que no sucedió.

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¿En qué momento pasamos de admirar y respetar a los policías, a tenerles miedo?

¿Le ha pasado a usted que cuando va en su vehículo, de pronto descubre que justo detrás de su vehículo circula una patrulla, y su ritmo cardiaco se acelera?

No es que usted haya hecho algo malo, no es que esté cometiendo alguna infracción. Resulta que hoy, los policías provocan miedo.

No es un fenómeno casual, espontáneo y sin explicación, tiene un origen: la corrupción policiaca.

Todos estaremos de acuerdo en que si no existe una corporación policiaca eficaz y honesta, no se puede obtener justicia.

Según el Instituto Nacional de Estadística (Inegi), apenas en septiembre del año pasado, el 64.4 % de la población de 18 años y más (esto es, poco más de seis habitantes por cada diez), consideró que era “inseguro” vivir en su ciudad.

Cifras muy similares se detectaron un año antes, cuando el porcentaje de los que vivían con temor en su ciudad fue del 64.5 por ciento.

Entre los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondientes al mes de septiembre de 2022, destaca que la población de 18 años o más que identificó a las diversas autoridades de

seguridad pública y percibió su desempeño como muy o algo efectivo en sus labores para prevenir y combatir la delincuencia fueron: la Secretaría de Marina, con un nivel de confianza del 84.9 %; el Ejército Mexicano, con una confianza del 82.3 %, y la Guardia Nacional, con el 71.9 %. Pero a partir de ahí los niveles de confianza bajan drásticamente: la Policía Estatal apenas alcanza el 52.5 %, mientras que la policía preventiva municipal tiene apenas una confianza del 44.7 por ciento.

En el estado de Veracruz, con seguridad estos índices de confianza en la policía estatal son aún más bajos. Y ahora les mencionaré algunas de las causas.

Desde el inicio de la actual administración, con fines represivos, el gobierno estatal utilizó a la policía (mediante el abuso de una figura punitiva ya derogada del Código Penal, conocido como “ultrajes”) para retirar de la actividad pública a personajes políticos que les eran incómodos. Como ejemplo, este lunes cumplió dos años en prisión, por razones estrictamente políticas, Rogelio Franco Castán, que fuera secretario de Gobierno durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares.

En semanas recientes, abogados de la entidad han alzado la voz para señalar que, en virtud de que les fue eliminada la figura de “ultrajes a la autoridad”, ahora los policías aplican un nuevo artículo del código Penal, que hace referencia a “delitos contra las instituciones de seguridad pública”. La misma gata, nada más que revolcada.

Pero al mismo tiempo se denunció la existencia de toda una red de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, que acosaban a las mujeres policías. Tanto el secretario, como el propio gobernador, negaron los hechos, pero admitieron que uno de los señalados (el marino Carlos Enrique Santos Hernández, jefe de la ayudantía del gobernador) había sido cesado.

Y los “incidentes” siguieron apareciendo.

Tres elementos de la SSP fueron separados del cargo y se les inició una investigación, tras haber sido sorprendidos (grabados en video y subidos a las redes sociales) en flagrantes actos de corrupción. Dos de esos elementos estaban asignados al municipio de Cuitláhuac y uno más en Martínez de la Torre.

Los pobladores de Cuitláhuac se manifestaron para exigir la retirada de los elementos de la policía estatal, y la detención de dos de los elementos asignados a esa zona, parece confirmar lo expresado por los pobladores, aunque el gobernador pretende hacernos creer que se trata de “un grupo que anda grillando”.

El tercer de la policía estatal que estaba asignado en Martínez de la Torre fue exhibido en las redes sociales el pasado fin de semana, en un video en el que se le ve recibiendo dinero de dos menores de edad mientras los revisaba en la parte trasera de la patrulla.

Y “como cereza en el pastel”, la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz (Remufever) denunció un caso de abuso policial en contra de la doctora Karen Rodríguez Fitz.

Señalaron que “sin identificarse o informar el motivo de la detención, dos oficiales femeninos y un oficial masculino, golpearon salvajemente e intimidaron a la doctora (…) bajo el argumento de que había procedido de manera sospechosa”.

¿Ya entienden por qué provocan temor?

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Epílogo.

Escucharlas te parte el corazón. Las hijas de Rogelio Franco, quien fungiera como secretario de Gobierno en el bienio de Yunes Linares, salieron este lunes a hablar con los medios de comunicación, pues ya se cumplieron dos años de que el gobierno estatal lo encerró en la cárcel, sin razón válida alguna. *** “En estos 730 días de su ilegal reclusión hemos sido testigos de que los jueces de control actúan de manera injusta sin importarles el respeto a los derechos humanos, el principio de presunción de inocencia quedó rebasado en el estado de Veracruz”, aúntan las hijas de Rogelio. *** “Es lamentable el papel perverso que juegan el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, ambos corrompidos, mientras que la segunda es utilizada para armar carpetas a modo, por consigna, sin datos de prueba que respalden los delitos de los que acusan y que sólo sirven para que, de forma reiterada, abusen de la prisión preventiva justificada, la cual es fijada por los jueces de control aun cuando no justifique su necesidad. Por ello en Veracruz tenemos presos políticos como Gregorio Gómez, Nicolás Ruiz, Tito Delfín y Rogelio Franco Castán”. *** Paso a paso, carpeta por carpeta, Rogelio Franco y sus abogados han demostrado que está preso por consigna. Muy pronto tendrá que abandonar la cárcel.

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