El gobierno de México ha intensificado las labores de investigación en contra del expresidente Felipe Calderón a raíz del juicio de Genaro García Luna en Nueva York, quien fuera declarado culpable el pasado 21 de febrero por los cinco cargos que se le imputaron.
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informó a Milenio que se han encontrado elementos que podrían desembocar en denuncias penales, esto derivado de los contratos por más de 745.9 millones de dólares que beneficiaron al exsecretario de Seguridad y que van del sexenio del expanistas al de Enrique Peña Nieto.
De esta manera, dio a conocer, las indagatorias no solo no han cesado sino que además se iban reforzando conforme avanzaba el juicio en la Corte de Brooklyn contra García Luna. Incluso, con las nuevas evidencias recolectadas, se dijo que está cada vez más cerca la posibilidad de interponer más denuncias penales a colaboradores del exfuncionario, incluído Calderón.
La investigación que implica a Felipe Calderón está directamente vinculada con 30 contratos “ilícitos” cuyo costo total representa 745 millones 879 mil 384 dólares.
Quienes también podrían recibir nuevas denuncias son empresas con cuentas bloqueadas, que ya están denunciadas penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que forman parte del juicio que inició el gobierno mexicano en Florida para recuperar los bienes que se compraron con el dinero producto de la red de corrupción que tejió García Luna.
Los contratos en la mira de la UIF están fechados entre el 17 de febrero de 2009, cuando Felipe Calderón era presidente; hasta el 20 de abril de 2018, ya con Enrique Peña Nieto como primer mandatario. Resultarían “manchados” la Policía Federal, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y a la PGJ del entonces Distrito Federal.
En días pasados, se habló que en el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. La UIF acusó que bajo auspicio de García Luna, «un conglomerado empresarial-familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos en diversos órganos de seguridad pública en México a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares y sigue el examen de otras operaciones. No hemos terminado”.
Político MX
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