Prefacio.

La residencia que el gobierno estatal habilitó para convertirla en sede de la Dirección de Transporte Público del Estado, en el fraccionamiento residencial “Costa de Oro”, perteneció -en efecto- a quien fuera directora del Instituto de Espacios Educativos durante la administración de Javier Duarte. *** Pero, contrario a lo que hoy narran, esa lujosa vivienda no fue “incautada” por el gobierno estatal, sino entregada al tesoro estatal como parte de un acuerdo de “reparación del daño”. *** Gracias a una negociación que encabezó el entonces fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, la exfuncionaria (a quien se le atribuye una relación sentimental con Javier Duarte) obtuvo una pena mínima por el delito de “enriquecimiento ilícito”, su libertad bajo caución y la posibilidad de conservar dos de las tres propiedades que estaban a su nombre. *** Para que esto sucediera, el gobierno de Veracruz (en ese entonces encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares) le otorgó a Xochilt Tress el perdón y pidió para reparar el año, la residencia del fraccionamiento Costa de Oro. *** En la negociación intervinieron, además, Armando García Cerdas, director Jurídico de la Secretaría de Gobierno y Alvin Vicencio Morales, director de Patrimonio del Estado. *** Desde entonces (2017) la residencia cedida por la exservidora pública había estado abandonada. Alguien se acordó de su existencia y ya fue habilitada como oficina. *** Falta ver lo que opinen los residentes de dicho fraccionamiento, cuyo objeto está autorizado sólo como uso residencial.

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Era la bandera con la que el secretario de Finanzas del gobierno estatal, José Luis Lima Franco, pretendía ganar la simpatía de los veracruzanos y competir por la candidatura al gobierno estatal en el 2024.

Sin embargo, lo que de origen era un ambicioso y atractivo plan, se fue desinflando hasta convertirse en un verdadero lastre.

Desde el primer año de la actual administración estatal se habló del interés de Cuitláhuac García por regresar al puerto de Veracruz el futbol de la Primera División, con los Tiburones Rojos.

Hace un par de años, Lima franco subió a su cuenta en redes sociales: “¡Algo se avecina en el mar de Veracruz! Ya estamos haciendo los estudios de infraestructura para tener el presupuesto necesario y que el estadio quede de primera… ¡Volverá el futbol a nuestro puerto jarocho y el balón volverá a rodar en El Pirata!”.

Incluso en vísperas de una de sus comparecencias ante el Congreso local, para hacer la glosa del informe de gobierno, filtró con algunas plumas afines que ya el gobierno estatal había recuperado el usufructo del estadio Luis Pirata Fuentes, “lo mismo que el nombre y logotipos, mismos que se habían entregado en comodato, durante la administración de Javier Duarte, al empresario Fidel Kuri Grajales.

Esto último fue mentira. Más tarde se enteraron que Fidel Kuri había registrado para él, tanto el nombre como escudo de los Tiburones Rojos.

Pero en el gobierno estatal insistieron: ya estaban en pláticas con la Federación Mexicana de Futbol (Femesfut), y hasta con la federación internacional (FIFA) para que le fueran levantados los vetos al estadio y que volviera el futbol al puerto jarocho.

Hoy, a cuatro años de que inició el actual gobierno, lo que se informa es que sí habrá futbol, sí se jugará en el estadio del fraccionamiento Virginia, pero no será en la Primera División (andan buscando un empresario valiente que compre un equipo en la división de ascenso), ni se podrán llamar Tiburones Rojos.

No sólo eso: la Femexfut les aclaró que en su reglamento de competencia no se contempla el ascenso sino hasta después del 2026, por lo que si queremos futbol profesional de la más alta categoría, será por allá de la segunda mitad del próximo gobierno estatal.

¡Ah!, pero eso sí: la remodelación del estadio de futbol, que costará 300 millones de pesos, sigue adelante y por ahí las empresas consentidas del secretario de Finanzas son las que están partiendo el pastel.

¿De verdad insisten en afirmar que no son como “los de antes”?

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Epílogo.

A finales del 2021 el PRI lanzó la primera advertencia sobre los sospechosos y millonarios contratos que se estaban asignando, de manera directa (esto es, sin concurso, como lo marca la ley) a una empleada de la Secretaría de Educación, identificada como Araly Rodríguez. *** Ren virtud de que nadie del gobierno estatal salió a responder a los señalamientos hechos por el diputado Marlon Ramírez, prácticamente ningún medio de comunicación retomó la denuncia. *** Más trece meses después, a partir de que el gobernador Cuitláhuac García admitió la existencia de dichos contratos y mencionó que “ya fue interrogada” la mujer señalada, que ya admitió que ella no es propietaria de la empresa a la que le asignan los contratos y que ya se abrió una investigación sobre este tema, que los medios retomaron el caso. *** No, no es que a partir de ese hecho se hayan puesto a investigar por su cuenta. No, lo único que hicieron fue retomar el tema, transcribir lo dicho por el gobernador y, un día después, publicar una “investigación” en la que se muestra una humilde tienda de barrio, como el domicilio fiscal de la empresa beneficiaria de millonarios contratos. *** El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ya aclaró que es responsabilidad de los órganos internos de control, vigilar la legitimidad de las empresas que participan en la asignación de contratos. *** Esas anomalías, adelantó la maestra Delia González Cobos, brotarán en la revisión de la Cuenta Pública 2022. Al menos una cabeza tendrá que rodar, y el discurso del “combate a la corrupción” quedará muy deteriorado. *** Altotonga es un municipio pujante, en el que se atienden las necesidades de sus pobladores. El alcalde Ignacio Morales, en coordinación con los sistemas nacional y estatal del DIF, entregó desayunos escolares a 2 mil 055 alumnos de nivel básico. *** Los apoyos se otorgan de manera bimestral y tienen como objetivo favorecer el consumo de alimentos nutritivos a la población en condiciones de vulnerabilidad que asiste a planteles públicos. *** El alcalde Ignacio Morales Guevara señaló que para su administración es una prioridad erradicar la pobreza alimentaria y contribuir al pleno desarrollo de la niñez, por lo que continuarán procurando el bienestar de la primera infancia a través de programas que incidan en su crecimiento y desempeño escolar. Bien.

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