Abogados veracruzanos reprobaron la cancelación de las ciudades judiciales en Veracruz, pues es necesaria la infraestructura para procurar justicia en la entidad.
Este lunes el gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó de la cancelación de 10 de los 20 contratos de ciudades judiciales, y justificó dar a conocer el hecho, en lugar de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, porque es Sefiplan la que aporta el dinero.
El 28 de septiembre del 2017 el Congreso de Veracruz, con mayoría del PAN, autorizó la creación de asociaciones público-privada para la construcción de 17 ciudades judiciales, meses después se varió a 21, y finalmente se hicieron contratos por 20.
En noviembre del 2022, se cancelaron los contratos de los inmuebles que se iban a construir en Tantoyuca, Huayacocotla, Perote, Zongolica, Chicontepec, Tierra Blanca, Ozuluama, Álamo, Coatzacoalcos y Poza Rica, y el Poder Judicial tendrá que pagar 44 millones de pesos, como parte de la penalización.
Aunque se informó que la cancelación era de mutuo acuerdo, el Poder Judicial tendrá que pagar poco más de 40 millones por disolver los acuerdos, confirmó la magistrada presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
En ese sentido los abogados Valentín Olmos, Francisco Spinoso Jácome y Felipe de Jesús Hernández Basilio coincidieron que la medida no abona a la procuración de justicia en el Estado y, por el contrario, la encarece.
Valentín Olmos, planteó que los más afectados al cancelar las ciudades judiciales son los ciudadanos que tienen algún juicio en trámite, pues deben recorrer mayores distancias para dar seguimiento a sus procesos judiciales.
“Es preocupante, para nosotros que buscamos que la justicia sea pronta y expedita, y no lo digo yo está plasmado en la constitución -artículo 20-, al no ser así se genera un retraso, rezago, opacidad y tortuguismo en Veracruz, si en la ciudad los juicios son lentos, en zonas alejadas, se dificultan más”.
El abogado comentó que en los últimos años se ha dado la desaparición de los juzgados microregionales, lo que está generando un mayor atraso en cuanto a la impartición de justicia y una sobrecarga de trabajo, pues algunos juzgados deben duplicar y hasta triplicar el número de expedientes.
La creación de ciudades judiciales tenía como objetivo acercar la justicia a los ciudadanos, sin embargo, cada vez se aletarga más la atención de los asuntos que se llevan en los juzgados, “los clientes nos reclaman”.
Valentín Olmos insistió en la necesidad de que reforme la Constitución, con la idea de establecer la carrera judicial como una obligación para poder llegar a secretario de estudio y cuenta, lo mismo que los magistrados, para que se pueda atender los juicios y abatir el rezago, pues al poner a gente afín al partido en el poder solo abona a acumular trabajo y rezagarse.
Incluso, dijo, que los abogados deben participar de la política y postularse a la diputación local, para que desde el Congreso se impulsen modificaciones a la ley que mejoren la operación del Poder Judicial.
El abogado Francisco Spinoso Jácome calificó como una “atrocidad” que con un discurso de austeridad y un sobrecosto se cancelen los contratos de las ciudades judiciales, cuando es urgente la creación de infraestructura para procurar justicia en el Estado.
El gobernador Cuitláhuac García aseguró que era una atrocidad el costo de las ciudades judiciales, por lo que ordenó revisar los contratos que finalmente fueron cancelados desde el mes de noviembre del 2022.
Spinoso Jácome lamentó que Veracruz no garantice la justicia para los más pobres, sumado a que los juzgados no están en puntos accesibles para toda la población, eso había motivado juntar todos los juzgados y salas de juicios orales en esas ciudades, que hoy se cancelan.
“Por eso vemos, es un común denominador diario, que la gente pierde su patrimonio o es violada en sus derechos porque el acceso a la justicia resulta impagable para ellos. Ahora más con la cancelación de las Ciudades Judiciales que podrían facilitar el acceso a la justicia de muchos ciudadanos, ahora se tendrá que trasladar a ciudades de costumbre, la atrocidad es cancelarla”.
Incluso, dijo, al negar a los ciudadanos a tener acceso a una justicia pronta y expedita es una violación a sus derechos humanos, “de por si los juicios no se inician por los costos, ahora agrégales el traslado a los juzgados”.
Cuestionó cómo es posible que en la 4T no se cuenten con los recursos para poder garantizar la justicia, cuando ellos han erradicado la corrupción y ahora ya nadie roba, por lo que las arcas deberían estar llenas de dinero.
El abogado comentó que se ha confundido la austeridad republicana, pues el gobierno se ha vuelto miserable con los servicios, derechos y la justicia para los ciudadanos.
“Vemos campañas de morena, desfiles de morena, bardas pintadas, adelantándose a tiempos electorales, de posibles sucesores y para ir a apoyar al presidente de la república, para hacer traslados, gorras y marchas, si hay dinero, pero no para la justicia”.
Felipe de Jesús Hernández Basilio, comentó que la idea de las ciudades judiciales era ideal porque se iba a concentrar en un solo sitio todos los juzgados, lo que garantiza el acceso a la justicia a los ciudadanos.
Planteó que cancelar los contratos es una muy mala decisión administrativa, porque se tendrá que pagar una penalización, y tendrá que volver a empezar a planear a dónde se van a construir los edificios y buscar recursos para financiarlos.
El abogado cuestionó que el gobernador saliera a decir que ya se habían cancelado, lo que solo refleja sumisión del Judicial hacia el Ejecutivo.
“Es una exhibición de lo que realmente ocurre en el Estado, no hay independencia del Poder Judicial. Por el seguimiento del tema, un día antes del anuncio del gobernador, la presidenta del Tribunal estaba diciendo que analizaban si las cancelaban o no, y al otro día el gobernador dice que sí las van a cancelar y, a partir de ahí, la presidenta dice sí, se cancelaron 10 y se van a mantener 10”.
La historia
En septiembre del 2017, el Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen por el que se autoriza al Poder Judicial del Estado a convocar a uno o más concursos públicos y, en términos de los mismos, a celebrar, por conducto del Consejo de la Judicatura, uno o más contratos de Asociación Público-Privada para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 17 ciudades judiciales.
Las Ciudades Judiciales consistían en uno o varios edificios destinados a oficinas e instalaciones para operar como centros de impartición de justicia, y contarán con juzgados, salas de juicios orales, centros de mediación y de convivencia familiar, central de actuarios, oficialía de partes común, defensoría de oficio, auditorios, estancias infantiles y administración general.
En ese momento se planteó como tope de gasto la cantidad de tres mil 965 millones 173 mil 500 pesos, más impuesto al Valor agregado. El monto mensual de las obligaciones no debía superar los 13 millones 217 mil 245 pesos, más IVA al mes.
Cuando se amplió el contrato para las 21 ciudades, el pago se estableció hasta 17 millones de pesos mensuales.
AVC