Luego de los atentados contra bares en Poza Rica, que dejaron 8 víctimas mortales, circuló un video en el que un presunto grupo delincuencial plantea un “toque de queda” en ese punto del norte veracruzano.

Los delincuentes amenazan a bares y giros negros, a hoteles y a taxistas, con más hechos de violencia.

El gobernador Cuitláhuac García negó que el municipio se encuentre bajo el control del hampa y señaló que los operativos de la policía continúan; y que ya se recobró la tranquilidad y la calma en la zona.

Apuntó el mandatario estatal que los ataques en tres bares fueron acciones separadas, por lo que no se puede hablar de una “masacre”.

Sin embargo, hay 8 víctimas en hechos que si bien no se realizaron en el mismo punto (fueron tres bares), sí se verificaron en una sola jornada de violencia.

Indica la Academia que el término masacre es una matanza de personas, por lo general indefensas (de otra forma sería un enfrentamiento, una refriega) producida por ataque armado. En pocas palabras, una masacre es un asesinato colectivo.

Fue justo lo que ocurrió en Poza Rica.

Por lo visto, les resulta más ofensivo el término empleado en algunos medios, que en efecto parece crudo, que el hecho mismo de que uno de los más poblados municipios de Veracruz sea escenario de una atrocidad como la registrada el pasado primero de enero.

En Córdoba, a casi 350 kilómetros del punto en que se registraron los asesinatos múltiples de Poza Rica, García Jiménez dijo que ya se investigan los casos; y que hay 4 personas detenidas.

Lo cierto es que Veracruz se ubica en el mapa nacional de la nota roja de alto impacto; la organización civil Causa en Común, dio a conocer de forma reciente un estudio denominado “Atrocidades y eventos de alto impacto en medios”, un listado de eventos de extrema violencia…

Ese catálogo del horror considera una “atrocidad” al uso intencional y desmedido de la fuerza para causar muerte, laceración o maltrato extremo “pasa causar la muerte de un alto número de personas… de personas vulnerables o de interés político y/o para provocar terror”.

Los hechos de Poza Rica, en ese contexto, bien podrían calificarse como eventos atroces, no sólo por la ejecución de 8 personas, sino por la evidente intención de generar terror entre la población, como lo demuestran los mensajes que circulan a través de redes sociales.

Causa en común establece que entre el 1 de enero y el 31 octubre, hubo 5 mil 281 hechos que pudieran clasificarse como atrocidades.

En ese lapso se registraron en territorio nacional 433 masacres, un término que parece disgustar al gobernador veracruzano, pero que refleja a la perfección un asesinato múltiple por parte de un grupo armado; además, mil 512 casos de tortura, 710 mutilaciones, 662 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 318 homicidios contra menores, y 56 contra actores políticos, como el reciente caso, en Veracruz, del alcalde de Rafael Delgado.

Los términos “masacre” y “atrocidad” pueden provocar escozor entre las autoridades, pero lo verdaderamente indignante no tiene que ver con los vocablos empleados, sino con los hechos que tiñen de sangre a una zona de la entidad que ha perdido la tranquilidad.

La extinción del TEJAV

Con la “renuncia” de tres de los cuatro magistrados integrantes del extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) se ha quedado solo, con su controversia ante la SCJN, el magistrado Roberto Pérez Gutiérrez, a quien ubican como una de las posiciones que aun conservaba el yunismo.

El Pleno de la Sala Superior del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAV) se integró el pasado 29 de diciembre por los magistrados Leticia Aguilar Jiménez, Diana Estela Aróstegui Carballo, Rosalba García Salazar, Jaziel Cabrera Pacheco, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Rubén Hernández Mendiola, quienes ya tuvieron su primera sesión ordinaria.

Nos comentan que el reto inicial del nuevo órgano será dar solución a más de 4 mil expedientes que existen como rezago, a los que el anterior ente no dio trámite, por lo que los solicitantes se mantienen en espera de acceso a la justicia.

La confirmación de este nuevo TRIJAV es un punto a favor del diputado presidente la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín.

@luisromero85