La presencia de caciques en los municipios y sus presuntos pactos con grupos de la delincuencia organizada, debe ser investigado por las fiscalías en los casos de homicidios contra políticos o autoridades municipales pues estos grupos son usados para “frenar” a otros actores políticos en sus aspiraciones de ejercer el poder, señaló el director de Etellekt, Rubén Salazar.
“(En estos crímenes) Hay la mano de muchos caciques políticos que deben ser motivos suficientes para que los casos se investiguen a fondo y se pueda sancionar a los verdaderos responsables tanto materiales como intelectuales y se inhiban estas conductas a futuro”.
Al señalar que en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador en el país han asesinado a 65 ediles, el más reciente el alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, dijo que la dispersión del poder político explica también la fragmentación de la delincuencia pues hay casos en que los alcaldes ejercen el poder y frenan a través de amenazas o asesinatos las aspiraciones de otras familias políticas que disputan los cargos.
“Estos alcaldes ahora son quién puede ser o no candidatos, los que le cierran la puerta a otras familias políticas, sobre todo en el nivel municipal que aspiran a ejercer estos puestos de elección locales. Le cierran la puerta a través de la violencia”
El especialista dijo en entrevista que son los caciques municipales quienes establecen sus propios pactos políticos delictivos con facciones criminales que van, “les tocan la puerta” y surgen nuevos grupos delictivos a la escala local.
“Ahora tenemos esta doble amenaza que enfrentan muchos aspirantes que pertenecen a familias políticas a nivel local. Hay municipios que están controlados por no más de tres o cuatro familias políticas, líderes caciquiles que cuando aspiran a un cargo y les quieren cerrar la puerta los amenazan e intimidan y se dan todas estas disputas en donde generalmente se emplea a grupos de civiles armados o sicarios para llevar a cabo los crímenes”.
El director de Etellekt, Rubén Salazar, dijo que con el homicidio de Isauro Ambrosio Tocohua, alcalde de Rafael Delgado, Veracruz, han sido asesinados 65 ediles en el actual sexenio (20 alcaldes, 33 regidores y 12 síndicos).
Y recordó que en el municipio de Rafael Delgado en 2021 ya se había registrado el asesinato del subdirector de Gobernación de ese municipio, Juan Carlos Hernández Cortés. Los hechos ocurrieron el 17 de abril de 2022 cuando viajaba a bordo de su camioneta y un grupo armado le disparó en varias ocasiones.
Asesinatos quedan en la impunidad
Rubén Salazar consideró que a pesar de que los crímenes son perpetrados por grupos de la delincuencia, no quiere decir que la autoría intelectual esté en manos de esta y es preocupante que las fiscalías locales minimicen los casos.
“Nos preocupa la actuación de las fiscalías, en la medida en que la mayor parte de las víctimas pertenecen a partidos de oposición, nos llama la atención que la impunidad se explique desde el punto de vista de cómo las fiscalías minimizan los casos, culpan a la delincuencia y soslayan la responsabilidad política que puede existir detrás de estos crímenes”.
También señaló que la violencia contra ediles avanza conforme lo hacen los procesos de alternancia política, y puso como ejemplo a Veracruz, ya que dijo anteriormente no era frecuente o común que atentaran contra autoridades locales pero esto se exacerbó a partir de la elección del 2021, la más violencia dado que “Veracruz fue el epicentro de la violencia política”.
“Pensamos que en la medida que se rompe este sistema vertical de poder que ejercía el viejo régimen del partido PRI, y cuando sus gobernadores pierden el poder muchos de estos alcaldes que estaban bajo control, empiezan a ejercer el poder en sus municipios de una manera autoritaria. Todo ese autoritarismo del viejo régimen hegemónico del PRI que ejercía el Presidente se ha trasladado ahora a los alcaldes”, detalló.
AVC
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