Toluca, Estado de México.-En su segundo día de protestas en el Estado de México, la Fiscalía Estatal se comprometió a revisar los expedientes del empresario Jhovani Aguirre Benítez, preso y sentenciado a ocho años de prisión por delitos que, asegura, no cometió y que más bien fueron “fabricados por agentes del Ministerio Público” que están al servicio del capo Álvaro Sánchez Sánchez, jefe del Cártel de “Los Hermanos Sánchez”, quien tiene su feudo en territorio mexiquense.
Las protestas de este día empezaron muy temprano, cerca de las 8:30 horas el contingente de más de cien personas –todos ellos empleados y amigos de Aguirre Benítez– arribaron al zócalo y se plantaron frente a Palacio de Gobierno.
Minutos después, un funcionario de la Secretaría de Gobierno se apresuró a dialogar con los manifestantes para pedirles que no sacaran sus lonas ni cartulinas y les solicitó que se retiraran del lugar.
El grupo se opuso y se mantuvo hasta que, finalmente, el mismo empleado gubernamental ofreció una reunión con funcionarios de la Fiscalía del Estado para que expusieran sus inconformidades.
La cita fue alrededor de la 1:00 de la tarde. El contingente arribó a las instalaciones de la Fiscalía a bordo de dos autobuses. Ahí se plantaron exigiendo justicia para Aguirre Benítez. A la reunión también llegaron los abogados de Aguirre Benítez, encabezados por Jesús Correa. Por parte de la Fiscalía estuvieron presentes, entre otros funcionarios: Humberto Garduño García, coordinador de Ministerios Públicos; Julio Guillermo Ortiz, subdirector de Enlace Interinstitucional; María Teresa Jardón Nava, directora General de Gobierno Región Lerma; Manuel Alejandro Aldama Ledezma, visitador adjunto especializado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Alfredo Ramos García, director de Enlace Interinstitucional; Martín Suárez Barrera, director General de Gobierno del Estado de México; así como Eduardo S. García Flores, Jefe del Departamento de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.
Durante la reunión de más de dos horas, los funcionarios de la Fiscalía mexiquense se comprometieron a revisar los expedientes integrados contra Aguirre Benítez, su hermano Fermín y su esposa Yuridia Gallardo por los delitos de robo, trata de personas y secuestro, cargos que el agraviado asegura fueron fabricados por funcionarios de la Fiscalía Estatal en contubernio con Sánchez Sánchez, quien habría pagado para encarcelarlo.
De igual forma, establecieron el compromiso de investigar si en la integración de estos expedientes hubo corrupción y se abrieron a la posibilidad de que Aguirre Benítez incluso denuncie la corrupción que, asegura, existió en la integración de dichas carpetas, las cuales ya fueron consignadas y derivaron en órdenes de aprehensión para él y sus familiares.
Además, exigieron que la Fiscalía del Estado de México ahonde en las investigaciones en contra del capo Álvaro Sánchez Sánchez, de quien incluso existe un amplio informe de inteligencia sobre sus actividades delictivas realizado precisamente por la Fiscalía del Estado, el cual se ha mantenido archivado.
Los funcionarios de la Fiscalía Estatal también establecieron el compromiso de darles respuesta a los manifestantes y abogados en un lapso de una semana, incluso dijeron que los llamarían para efectuar una nueva reunión e informarles sobre los avances en los acuerdos establecidos. Los trabajadores y amigos de Jhovani Aguirre dijeron que la semana próxima arribarán de nuevo a la ciudad de Toluca para esperar la respuesta de las autoridades.
El pasado 27 de octubre, Jhovani Aguirre Benítez fue sentenciado a ocho años de cárcel por los delitos de posesión de un kilo de cocaína y un arma de fuego calibre .380.
En ese caso, que se ventila a nivel federal, Aguirre Benítez asegura que tanto el arma como la droga les fueron sembradas en su camioneta la noche del 14 al 15 de agosto de 2021, cuando fue detenido en la Ciudad de México por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana que estaban coludidos con el narcotraficante Álvaro Sánchez.
El juez de la causa –Marco Antonio Fuerte Tapia– desoyó los agravios en este caso, entre otros, que el vehículo de Aguirre Benítez no fue puesto a resguardo de las autoridades sino que se mantuvo en poder de los agentes policiacos. De ahí resultó que, diecisiete horas después de su captura, la droga y la pistola fueron halladas en el vehículo.
Otras agravantes son que el detenido estuvo por tres días sin defensor de oficio, lo cual lo dejó en la indefensión. Aguirre Benítez asegura que el motivo de su captura era que los elementos que lo detuvieron en realidad pretendían entregarlo al capo Sánchez Sánchez, quien “quería asesinarme”. Incluso, Sánchez se mantuvo en todo momento en el operativo, pues esperaba la entrega del detenido de un momento a otro.
Sin embargo, tanto los agentes como Sánchez Sánchez, al ser grabados durante la operación, no tuvieron más remedio que entregarlo a la autoridad competente. Sin embargo, para hundirlo penalmente prepararon otro plan: la siembra de la droga y el arma, en contubernio con la policía, lo cual lo mantiene en prisión desde hace un año con tres meses.
A fin de continuar la presión hacia las autoridades, los manifestantes se mantendrán en la ciudad de Toluca por tiempo indefinido. En opinión de ellos, lo que piden es que se haga justicia para su patrón.
AVC
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