Almendra Lorena Ortiz Genis, directora normativa de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por la adjudicación de manera directa de un contrato de 124 millones de pesos, que mantiene en jaque a hospitales y unidades médicas.

“Se advierte la posible responsabilidad administrativa, civil, penal y económica, tanto para la empresa Imedic como para los servidores públicos”, revela el Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE en un documento clasificado como confidencial en poder de Forbes México.

El documento en manos de la SFP revela que el contrato fue entregado por asignación directa a Imedic por 124 millones 800 mil pesos, a pesar de que carece de experiencia en el área de venta y distribución de medicamentos y tampoco es apta para prestar el servicio al ISSSTE.

Desde el 1 de diciembre de 2021, Almendra Lorena Ortiz Genis es presidenta del Comité de Adquisiciones del ISSSTE, luego de que trabajó por varios años como gerente general en CPA Consultores y directora de Expansión en Galletas Calientitas.

La funcionaria del ISSSTE, quien es contadora pública por la Universidad Cristóbal Colón, inició como parte de la Ayudantía de Andrés Manuel López Obrador el 5 de mayo de 2021.

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Ortiz Genis fue una de las 18 personas que han trabajado adscritas a la Ayudantía del titular del Ejecutivo durante este sexenio y que han sido ascendidas a puestos importantes en diferentes dependencias federales y locales.

Tras siete meses de trabajar en la Ayudantía de la Presidencia de la República, del 1 de mayo al 30 de noviembre de 2021, fue nombrada como directora normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE.

Dentro del ISSSTE recibe un sueldo mensual bruto de 141 mil 394 pesos y neto de 98 mil 268 pesos.

El registro público dice que la funcionaria del ISSSTE es accionista de cuatro empresas creadas en México para hacer varios negocios.

Sin embargo, en su declaración patrimonial únicamente menciona Ai Solu Arrmi y Almot Joy, donde es la propietaria del 80% de las acciones.

La funcionaria del ISSSTE reportó ser dueña de un departamento de 123 cuadrados de construcción y 135 metros cuadrados de terreno, cuyo valor es de 1 millón 550 mil pesos.

Almendra Ortiz tiene una cercana relación con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, y con Thalía Concepción Lagunas Aragón, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por su parte, Imedic, una compañía fundada en Veracruz por las hermanas Aída y Orquídea González Álvarez, ha proveído a la administración pública de material de curación, medicamentos, ropa quirúrgica e insumos para la salud.

De 2012 a la fecha, ha obtenido 69 contratos con la administración pública federal por más de 656 millones de pesos. Entre 2021 y 2022 obtuvo el mayor número de asignaciones, al sumar 42. En lo que va de 2022, firmó 16 contratos por alrededor de 165 millones 626 mil 858 pesos.

La ex ayudante del Ejecutivo federal le otorgó el contrato CAAS/ISSSTE/049/2022 para servicios integrales relacionados a la gestión, digitalización, almacenamiento, procesamiento y distribución de imágenes médicas de imagenología (radiología), endoscopía y anatomía patológica.

A pesar de que el contrato está vigente desde el 1 de julio de 2022, la falta de capacidad de la empresa para prestar el servicio ha generado que miles de derechohabientes no tengan acceso a estudios médicos.

“La empresa Imedic incumplió en tiempo y forma con la puesta en marcha y la prestación ininterrumpida del servicio integral”, apunta el Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE.

De acuerdo con el informe, al menos 9 personas han fallecido y 2 mil 573 se encuentran graves por causas directamente relacionadas con la deficiencia en el servicio.

El órgano fiscalizador contabiliza que 57 mil 595 pacientes han sido afectados por las fallas de Imedic. El reporte en poder de este medio detalla que, por la falta de servicio en 31 unidades médicas, se han dejado de prestar 40 mil 86 servicios, se han retrasado 35 mil 547 servicios, faltan 25 mil 633 diagnósticos, se han suspendido 503 cirugías y se han reprogramado mil 57.

“Se constató mediante 40 visitas físicas a cada unidad médica de las seleccionadas, las deficiencias en la instalación, infraestructura, servicios, conexión a las redes informáticas, entre otras, sin que a la fecha pueda prestarse el servicio en su totalidad ni se entera satisfacción de las áreas usuarias y derechohabientes”, refiere.

El ISSSTE le ha erogado a la empresa más de 6.8 millones de pesos como parte de la contraprestación acordada y no ha aplicado penalización alguna, agrega la documentación.

“Debido a que hasta el 19 de agosto de 2022 no se había formalizado el contrato, la Jefatura de Servicios de Sistemas de Salud, adscrita a la Dirección Normativa de Administración y Finanzas se veía imposibilitada de calcular las penas convencionales”, dio a conocer el área.

El OIC revela que ante las múltiples deficiencias de Imedic, las unidades médicas y administrativas han estado subrogando dichos servicios, lo que a la fecha debe cuantificar y exigir la devolución por parte de la empresa.

“Está generando un daño patrimonial en perjuicio del presupuesto de las unidades ejecutoras del gasto y en general de ISSSTE”, se indica.

El OIC instruyó a la Dirección Normativa de Administración y Finanzas aplicar las penas convencionales, deductivas, rescisión del contrato, garantía de cumplimiento, gastos y costas adicionales generadas por el incumplimiento en la prestación del servicio, así como a realizar de manera inmediata, oportuna, suficiente y sin dilación todas las acciones, gestiones, trámites, procedimientos y demás inherentes para que se establezca una prestación integral, eficiente, eficaz e idónea del servicio de salud pública.

El 16 de junio de 2022, el acta correspondiente a la décima segunda sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios muestra que la adjudicación directa no era viable, debido a que el estudio de mercado realizado por el propio ISSSTE señalaba que la contratación ameritaba licitación.

El anexo técnico que se pretendía autorizar no fue aprobado por la Dirección Normativa y que era materialmente imposible hacer una transición en los tiempos planteados pues existía el riesgo de que se suspende el servicio con las consecuentes afectaciones para la salud de los pacientes.

Uno de los argumentos en contra, que ameritan que el Comité rechazaron la propuesta, fue que los fundamentos legales bajo los que se pretendía exceptuar la licitación, no eran aplicables para el caso, pues se hacía referencia al artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y el 72, fracción III, del Reglamento de la Ley, mismos que disponen que debe acreditarse necesariamente con la investigación de mercado que la única opción viable es contratar a un proveedor con el que ya se tenía celebrado un contrato vigente.

Sin embargo, la empresa que proveía el servicio era Tesi de México y no Imedic, compañía a la que se le adjudicó.

Cuatro días después, el órgano autorizó la adjudicación en la décima tercera sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del 20 de junio de 2022. La decisión fue impugnada incluso por el propio director general del ISSSTE, Pedro Mario Zenteno Santaella, quien el 2 de septiembre pasado envió a Almendra Ortiz un oficio en el que le advierte que el fundamento legal que se invocó para aprobar la adjudicación es erróneo.

Zenteno Santaella señala además que el prestador del servicio ha incumplido con sus obligaciones contractuales, razón por la que se le responsabiliza de las afectaciones a la derechohabiencia a nivel nacional, al estar mermando gravemente el derecho humano a la salud.

El titular del ISSSTE la emplaza a informar en un término no mayor a 24 horas del estado que guarda la prestación del servicio y de las acciones instrumentadas para la solución de la problemática.

A ello se suma que se registró un código malicioso en el sistema de imagenología de Imedic que amerita el aislamiento entre la infraestructura de la empresa y cualquier equipo dentro de la Red del Instituto con el fin de no comprometer la seguridad de la infraestructura del ISSSTE.

De la alerta de virus personal del Instituto dio aviso el 11 de septiembre y para el 20 de septiembre, el ingeniero Manuel Gertrudiz Salvador, subcoordinador de Tecnologías de la Información de la dependencia, le refirió a la administradora del contrato, mediante oficio, que Imedic incumplió con las políticas de seguridad al no contar con un sistema de protección al tiempo que exigía tomar medidas al respecto.

Forbes

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