Este jueves comenzará la discusión de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados, donde se revisarán sus puntos esenciales, como lo es la sustitución del actual Instituto Nacional Electoral (INE) por un organismo de elecciones y consultas.
Dicha reforma, de la que el presidente ha reiterado que su principal virtud es el fortalecimiento de la democracia, fue presentada el pasado abril, cuando se envió a la Cámara de Diputados por parte del Ejecutivo federal.
En aquella ocasión, se dijo que su objetivo principal es el “abaratamiento de la democracia” con el ahorro de hasta 24 mil millones de pesos. La reforma además contempla reducir de 11 a siete los consejeros del INE, quienes llegaría al cargo por elección popular, y también plantea eliminar a los organismos electorales a nivel estatal, así como las curules plurinominales en la Cámara de Diputados.
En el proceso vigente, los consejeros son designados por la Cámara de Diputados a propuesta de los partidos políticos. Con la reforma, las cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el jefe del Ejecutivo federal serían los encargados de elaborar una lista con sus nominados, de entre quienes se elegiría mediante el voto popular a los consejeros electorales.
El mismo mecanismo se emplearía para la designación de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Dentro de las características de la iniciativa que supone una reforma constitucional, lo que más destaca y ha encendido los focos rojos de la oposición es la intención de convertir al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
El INEC centralizaría las elecciones de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, y los Organismos Públicos Locales (OPLEs) —que en la actualidad son los responsables de los comicios en los estados— desaparecerían.
Ante los cuestionamientos a su iniciativa, López Obrador ha manifestado que su reforma no busca terminar con el INE ni con el TEPJF, sino eliminar la corrupción en los órganos electorales para evitar que en un futuro se presenten nuevos fraudes.
Además de atentar contra las autoridades electorales, la reforma ha tenido otros señalamientos que advierten sobre sus inconsistencias, como lo es la votación popular de los consejeros electorales, algo que entraría en contradicción al principio de austeridad que promueve el actual gobierno, de acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez.
El análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, indica que este proceso ascendería a más de 8 mil millones de pesos. En el documento “Ventajas, costos y riesgos de la elección popular de las autoridades electorales en México”, señala que la reforma supone riesgos para la estabilidad y desarrollo político del país.
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