La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y solicitó a los legisladores construir una reforma que otorgue certeza sobre la organización de los comicios, así como la designación de sus integrantes, de manera insospechable de intereses partidistas.

Señaló que los órganos autónomos como el INE tienen únicamente el nombre y son instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo.

Abundó que sólo han servido para el mantenimiento de vicios que, por años, si no es que por siglos, han manchado los procesos electorales.

El jueves pasado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, manifestó que el proceso para diseñar una reforma electoral no pretende mejorar el sistema democrático, más bien propicia la captura del instituto como ocurrió con la CNDH.

En un comunicado, la comisión resaltó que en días recientes fue objeto de comentarios descalificatorios por parte del titular del INE, como un pretexto para argumentar la inamovilidad de ese instituto.

“Frente a ello, hacemos un llamado a la responsabilidad y a la autocrítica, y para que en lugar de guerras sucias se aliente una discusión honesta del tema electoral, más allá de intereses inconfesables y prejuicios”.

La CNDH convocó al Congreso de la Unión para que, tomando como referente las luchas democráticas, revisen la legislación electoral vigente, realicen un análisis honesto y serio, que recoja las expectativas ciudadanas actuales, y construyan una reforma que otorgue certeza sobre la organización de las elecciones.

“Sobre la imparcialidad del órgano encargado de contar los votos… una demanda que, como dice en la recomendación general 46/2022, data de hace muchos años, y es una deuda histórica que ha llegado la hora de saldar”, opinó la comisión.

El 28 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la síntesis de la recomendación general 46/2022 sobre violaciones graves a derechos humanos, así como violaciones al derecho a la democracia y al derecho a la protesta social, al derecho de reunión y al derecho de asociación, entre otras, cometidas por el Estado entre 1951-1965, emitida por la Oficina Especial para Investigar Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado.

Entre las recomendaciones destaca que el Congreso de la Unión debe llevar a cabo las acciones legislativas necesarias para efectuar las modificaciones que garanticen el derecho pleno a la democracia del pueblo.

En el sentido de fortalecer la democracia formal, pero también las iniciativas de democracia participativa, garantizar un órgano realmente autónomo de cualquier poder, constituido o fáctico, que asegure la transparencia del proceso electoral y el recuento efectivo de votos, con certeza para la ciudadanía.

“Es así que la CNDH hace un llamado público, respetuoso, a los legisladores de la República para que, tomando como referente las luchas democráticas, revisen la legislación electoral vigente…”, consideró.

El Universal

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